La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de Salta, estableciendo procedimientos para la investigación de los delito informáticos.
La iniciativa fue presentada por la diputada María del Socorro Villamayor (Capital, Salta Tiene Futuro), quien empezó recordando que en la provincia se creó la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia ya en 2019, aunque recién comenzó a funcionar en diciembre del año pasado, con la designación de la fiscala Sofía Cornejo.
El proyecto modifica los artículos 309 y 316 del Código Procesal Penal de Salta, y crea el artículo 72 bis. Se trata de la evidencia informática y digital. Se funda en que la provincia "debe adoptar medidas adecuadas para desarrollar las investigaciones que permitan obtener las pruebas para un juicio en una materia que presenta características diferentes a las que guiaron las regulaciones de los códigos procesales vigentes, estructurados para la investigación de hechos sucedidos en un espacio físico y no en el espacio virtual". Para avanzar en este tratamiento el lunes hubo una reunión en comisión con la fiscala Cornejo.
Villamayor explicó que el avance de la tecnología puso en evidencia que tanto el Código Penal, que es nacional y solo puede ser modificado por el Congreso de la Nación, como el Código Procesal Penal de Salta, que puede ser modificado por la Legislatura salteña, han sido creados fundamentalmente sobre la base de la prueba física, “y los avances han demostrado que hoy existen delitos informáticos diferenciados de aquellos delitos cometidos por medios informáticos, y que también hay muchos delitos comunes para los cuales se utiliza también medios digitales”.
“Diría que prácticamente la totalidad o un porcentaje cercano al 100% de los delitos que hoy se cometen tienen de alguna u otra manera alguna participación o presencia de algún elemento informático o digital”, insistió. Señaló el caso de delitos que “trascienden el territorio”, como los abusos sexuales infantiles, y “son extremadamente volátiles, son rápidos”, y a veces en una investigación que se está haciendo en Salta se descubre que la IP (la dirección desde la que se comete el hecho) se encuentra en un país de otro continente. Por eso es necesaria “la cooperación internacional”, añadió la legisladora, quien destacó que con este proyecto “Estamos haciendo por primera vez en nuestra provincia una norma que contemple algo tan importante como es la evidencia digital, que quede normada, que establezca garantías y que evite eventuales excesos en una interpretación analógica por tener un Código que se había fijado solo desde la prueba física”.
Solo el diputado Roque Cornejo (Capital, Ahora Patria), habló para oponerse a la continuidad del tratamiento del proyecto. Pidió que volviera a comisiones, advirtió que hay riesgos de permitir que se violen garantías constitucionales. “Está faltando en este proyecto la visión, la opinión del resto de los operadores”, dijo, y solicita que se consulte al Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho, ambas universidades y a profesionales en áreas afines.
Le respondió Germán Rallé: (General Güemes, Gustavo Sáenz Conducción), rechazando la vuelta a comisión. Su compañera de bloque Patricia Hucena (Orán), agregó: esta reforma “viene a robustecer esas garantías constitucionales y la actividad del estado por medio de los fiscales y justamente a proteger la garantía del debido proceso y la defensa en juicio”. Finalmente, el proyecto fue aprobado y pasó al Senado.
El resto de la sesión transcurrió sin mayores sobresaltos, salvo por un proyecto de declaración que vino a cambiar, por un momento, la correlación de fuerzas. La diputada Laura Cartuccia (Capital, Salta Tiene Futuro) fundó una iniciativa que declara que se "vería con agrado que los Legisladores Nacionales por la provincia de Salta impulsen las acciones necesarias para modificar las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, incorporando la regulación de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida post mortem, mediante el consentimiento informado, libre e instrumentado en forma previa al fallecimiento del progenitor o progenitora; y la gestación subrogada".
La primera en oponerse fue Sofía Sierra (Capital, PRO). “Los salteños necesitan que nos aboquemos a otras cosas concretas”, sostuvo. Después afirmó que es un tema complejo que “involucra cuestiones bioéticas” y requiere de un análisis “que esta Cámara no hizo”. “Considero que un embrión humano es una persona humana con todos los derechos”. “Cuando se hace la fecundación pos mortem estamos condenando a que un chico nazca huérfano”, aseguró.
Le siguió Socorro Villamayor, informando que su voto sería negativo. Lo mismo hizo Gustavo Dantur (Metán, Más Salta), que agregó que comparte “la solidez de los argumentos de la diputada Sierra”. También se opuso Adrián Valenzuela (Capital, GSC). La iniciativa fue aprobada.
Por otro lado, la Cámara baja aprobó un proyecto de declaración dirigido al Ejecutivo provincial para que a su vez requiera a Vialidad de la Nación a que repare el asfalto del tramo de la ruta nacional Nº 9 en el departamento La Caldera.
Y se aprobó un proyecto de ley del diputado David Leiva (Capital, Memoria y Movilización) que autoriza al Instituto Provincial de la Vivienda a donar a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Campo Castañares el "inmueble identificado con la matrículas Nº 185.050, del departamento Capital, con el cargo de ser destinado exclusivamente a las actividades que le son propias y actividades sociales para la comunidad de la zona".
