Falta de acceso a la comprensión del proceso judicial por falta de traductores formalizados, caminos intransitables, falta de oficinas de Justicia que se ocupen del territorio dentro del territorio, distancias que pueden ser insalvables. La enumeración de obstáculos (que pueden ser muchos más) surgió en la consulta que realizó Salta/12 a la secretaria de Niñez y Familia de la provincia, Carina Iradi, y a la asesora de Menores e Incapaces María Fernanda Chocobar.

Las entrevistas se hicieron tras el encuentro que hubo el fin de semana pasado en Santa Victoria Este, localidad del departamento Rivadavia, bajo la consigna "El chineo es abuso sexual infantil". 

La frase es el eslogan de una campaña encabezada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno salteño, que tiene como propósito “reconocer el abuso sexual infantil (ASI) como un delito contra las infancias y adolescencias que adquiere además un rasgo racista, tratándose de la violación sexual de niñas y adolescentes de comunidades originarias”.

En este segundo año de la campaña las actividades integraron a equipos locales de la Línea 102 y del Plan Unir, en una jornada de talleres, stands, conversatorios y charlas de concientización en los parajes victoreños de La Puntana, Cañaveral, Alto La Sierra y Santa María. Se integró además a “infancias, mujeres, docentes, personal municipal y hospitalario como a personas adultas de las comunidades”, según lo comunicado de manera oficial.

Incidencia en el registro oficial

El trámite de causas judiciales que involucren el ASI en la zona de las poblaciones indígenas de Rivadavia queda supeditado a los organismos oficiales del departamento San Martín, se trate de delegaciones de Niñez y Familia, fiscalías o asesorías de menores e incapaces.

Ante ello, “es importante que los actores sociales se apropien de distintas medidas porque buscamos prevención. Porque una vez consumado (el delito contra NNyA), ya hablamos de reparación de derechos”, dijo Iradi.

Afirmó que por esto es necesario articular acciones entre los diversos actores que transitan el territorio, ya sea desde las organizaciones no gubernamentales o de los ministeriios de Salud o Educación. Incluso indicó que otra Secretaría de la provincia, como la de Derechos Humanos, capacita a docentes para detectar los casos de abusos entre las infancias. A ello sumó las y los agentes territoriales del Plan Unir, integrado en muchos casos por personas pertenecientes a las comunidades.

“Además se dieron distintas acciones como un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ, del gobierno nacional), que también recibe estas situaciones porque a veces las distancias también son un obstáculo”, dijo la funcionaria provincial.

Relevamiento

Iradi añadió que se realizó a nivel provincial un relevamiento de medidas de protección excepcional (MPE). Estas implican que niños, niñaz y adolescentes que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad deben ser protegidos de su seno familiar por distintas causas.

De las 58 medidas de protección excepcional que se dictaron en la provincia desde enero a mayo, el 6% de los casos fueron por ASI. Y de ese 6% (unos cuatro casos en total en la provincia), el 35% corresponde al distrito Tartagal, detalló la funcionaria.

Sin embargo, explicó que existen medidas de protección integral (MPI) que no están en el relevamiento acercado y que corresponden a aquellos "casos en donde no tengo que sacar a los niños de su seno familiar y cuando el abuso fue por parte de un tercero”.

La necesidad de traductores bilingües

Uno de los problemas estructurales que no se terminan de zanjar en la administración estatal (sea de la jurisdicción que sea) tiene que ver con la interculturalidad. En ese sentido, entre las alternativas para darle una solución, se propone que haya traductores bilingües. 

En el Chaco salteño, con una gran cantidad de población de pueblos indígenas, entre las mujeres en general, la lengua materna es el idioma wichí, inclusive algunas directamente hablan castellano, y quienes lo hablan, sean indígenas o criollos, no comprenden los vericuetos ni los tecnicismos de la administración de justicai, y desconocen el camino a seguir para acceder a ella. 

Si bien hay maestros bilingües, algo que se logró después de muchos años de lucha, continúan las insuficiencias en la atención de la salud, uno de los posibles efectores de las denuncias.

En la justicia la situación se complejiza aún más. “Cuando hay que hacer las (declaraciones de menores de edad en) cámaras Gesell o circuito cerrado, fue como dificultoso hacer entender que se necesitaba un traductor y dificultoso entender que es necesario tener una persona con cierta conexión (con las presuntas víctimas), que permita una confianza”, dijo la asesora de Menores e Incapaces N° 2 de Tartagal, Fernanda Chocobar, al dar un panorama de lo que enfrentan en las asesorías. Y es que en ocasiones, el traductor bilingüe que suelen buscar es hombre y criollo, y resulta difícil que sea una figura con la que el niño o niña logre un vínculo de confianza.

El gran problema de las comunidades indígenas para llegar a ser agentes estatales es superar la burocracia, con requisitos que en sus casos son casi imposibles de cumplir. “En algunos casos que intervine, los jueces y la fiscal (suele ser Lorena Martínez, de Violencia y Género de Tartagal), actuaron con buen tino y saltearon esos pasos burocráticos” resolviendo la traducción con alguien de cercanía y confianza de las víctimas, contó Chocobar. 

La asesora entendió que aun cuando no hay intención de discriminar, se percibe que las personas víctimas que son parte de comunidades indígenas no tienen información acabada de los procesos judiciales que se siguen.

A ello se suma que muchos de esos procesos implican el desarraigo de las víctimas de sus lugares de origen, si es que los caminos les permiten salir, por ejemplo, en épocas de lluvia. Una posibilidad para resolverlo, sería la comunicación a distancia que permita la tecnología. Pero hasta el momento la conectividad sigue sin ser una herramienta posible en algunos de estos parajes, que a veces ni siquiera cuentan con energía eléctrica.

Mientras, Chocobar confirmó que hasta el momento no hay un traductor o traductora oficial bilingüe en el Ministerio Público Pupilar (MPP), que solo cuenta con la intervención de Maximiliano Sánchez (de origen wichí, estudiante destacado de General Mosconi), pero que interviene en otros casos de familia que no son de la gravedad de los casos de abuso sexual infantil.

Tanto Chocobar como Iradi consideraron importante que el MPP participe de las reuniones convocadas por la SENAF para articular mejor las acciones. Pero en al encuentro del fin de semana pasado este organismo no había sido invitado.