La primera reacción del Gobierno al pedido de “acción urgente” que le hizo la ONU por la desaparición de Santiago Maldonado fue ofrecer dinero. El Ministerio de Seguridad implementó una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos sobre el joven que hace siete días fue visto por última vez luego de que Gendarmería reprimiera una protesta mapuche en Esquel, en la provincia de Chubut.

La Resolución 801-E/2017 publicada en el Boletín Oficial tiene una particular condición: destina la recompensa "a aquellas personas quienes, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles" sobre el hombre de 28 años. En ningún segmento del texto se aclara cuál sería el “hecho delictual”, si la protesta de la que participó Maldonado, la represión o la desaparición.

Además, el texto omite cualquier posible vínculo de la Gendarmería con el hecho. Solo dice que al joven artesano que vivía en El Bolsón se lo vio "por última vez el día 1º de agosto de 2017 en el paraje Vuelta del Río o Paraje Leleque, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut". No dice que fue mientras huía de la represión ni que hay testigos que aseguran haberlo visto detenido y en una camioneta de esa fuerza de seguridad.

Con esas imprecisiones y omisiones, la resolución indica que "las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al número 0800-555-5065".

Tanto los familiares de Maldonado como quienes ese día reclamaron en tierras de la comunidad del Pu Lof de Cushamen por la liberación del dirigente mapuche Jones Huala, acusan a Gendarmería de haberse llevado a Santiago después de la represión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo negó. Su intento por desligar al Estado de cualquier responsabilidad por la desaparición tuvo el respaldo del juez federal de Esquel, Guido Otranto, al frente de la investigación.

No obstante, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exigió ayer al Estado argentino que adopte como “acción urgente una estrategia integral y exhaustiva” para encontrar con vida a Maldonado.

Esa mañana, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, insistió con que no hay indicios de que la Gendarmería haya detenido al joven durante la represión del corte sobre la ruta 40, pero agregó que el Gobierno no confía "en nadie" porque "todas las hipótesis son posibles".

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario pidió colaboración con el juez que lleva la causa. De paso, volvió a cuestionar la postura de la familia de Maldonado de no hablar con el Gobierno y definió a la comunidad mapuche Pu Lof como “un grupo con creencias muy particulares que no permite que se ingrese a determinados territorios para hacer una búsqueda profunda porque son lugares sagrados".