Ecuador celebrará el 20 de agosto elecciones generales anticipadas luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera el Parlamento opositor, al que acusó este miércoles de "abuso de poder" y responsable de la actual crisis política. En su informe de gestión, el presidente saliente defendió la "muerte cruzada" como decisión ante "afanes golpistas". Lasso con esa maniobra frenó el juicio político en su contra. 

El Consejo Nacional Electoral aprobó que la elección de presidente y su vicepresidente, así como de los 137 diputados, se desarrollen en tres meses. De ser necesario, el ballottage será el 15 de octubre.

Acorralado por un juicio político en la unicameral Asamblea Nacional, el derechista Lasso decidió disolverla hace una semana, al hacer uso de su facultad constitucional, que contempla comicios anticipados para completar el período de cuatro años (hasta mayo de 2025).

El gobernante decretó la disolución por una "grave crisis política y conmoción interna" en medio de la moción a la que era sometido por la mayoría opositora del Legislativo, que liderada por la izquierda lo acusaba de peculado.

"Puse fin a una confrontación política que tenía inmerso al país en una crisis que se agudizaba con el tiempo", expresó Lasso al presentar el informe de su segundo año de gestión en el auditorio de un complejo de ministerios en el sur de Quito.

Disolver la Asamblea Nacional "cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder, liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado", añadió.

Lasso, un exbanquero conservador cuya credibilidad cayó a 10%, podrá postularse nuevamente para terminar el mandato que asumió en 2021 sin que se trate de una reelección, que por ley sólo se permite por una vez.

Para los comicios de alcaldes y prefectos (gobernadores) provinciales de febrero pasado fueron convocados 13,4 millones de los 18,2 millones de ecuatorianos.

"Desprenderme del poder" 

"Mis más recientes decisiones han demostrado que estoy verdaderamente dispuesto a desprenderme del poder, más aún si se trata de proteger la democracia en el Ecuador", dijo el gobernante en su alocución de una hora y media ante autoridades de otras funciones estatales y embajadores.

Así cumplió con entregar su informe a pesar de que la Constitución le ordena hacerlo ante el Parlamento, hoy disuelto.

Ecuador enfrentó el peor período de inestabilidad democrática de su historia entre 1996 y 2007, en el que llegó a tener siete mandatarios hasta la llegada del socialista Rafael Correa (2007-2017).

El jefe de Estado sostuvo que luego de su decisión "nunca más un presidente de la República quedará a merced de una Asamblea que dedique su tiempo a conspirar e impedir que un gobierno avance en la agenda para el desarrollo del país".

Previamente, designó al empresario y político César Rohon como ministro de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Darío Herrera.

Tras su informe, Lasso, de 67 años, viajará a Estados Unidos para una intervención médica. Su retorno está previsto para el próximo domingo.

Durante su mandato, el presidente ecuatoriano ha viajado varias veces a ese país por motivos de salud, como un cáncer de piel y operaciones en la columna.

Etapa difícil 

A pesar de la violencia ligada al narcotráfico, Ecuador permanece en calma tras la disolución del Legislativo, que tradicionalmente registra una alta desconfianza ciudadana.

"Enfrentamos una etapa difícil, pero seguimos combatiendo férreamente a las mafias que quieren destruir a la sociedad", indicó Lasso, quien sostiene una guerra contra el narco, el terrorismo y el crimen organizado.

"No podemos permitir que el crimen organizado pretenda dominar al Ecuador con la complicidad de políticos traidores a la patria, o de malos servidores públicos", enfatizó.

Además resaltó que en su gobierno de dos años la policía ha incautado la cifra récord de "420 toneladas de droga".

En ausencia del Congreso, el mandatario puede gobernar mediante decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).

Organizaciones sociales e indígenas advirtieron que vigilarán los decretos-ley que emita el Ejecutivo, al que señalan de mantener políticas neoliberales que afectan el costo de vida.

El presidente ya emitió decretos-ley sobre reformas para la creación de nuevas zonas francas en áreas deprimidas y fronterizas y otros relacionados con cambios tributarios como ampliar los deducibles en el cálculo del impuesto a la renta de los trabajadores, para alivianar la carga fiscal a la clase media. La Corte Constitucional todavía no ha dado su visto bueno.