La llegada al gobierno de Néstor Carlos Kirchner el 25 de mayo de 2003 pareció unir- como el continuo de un río subterráneo- las puntas del hilo del desarrollo económico, social y político de la Argentina, cortado por el estado terrorista. Porque juró no dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y reflotó las tareas inconclusas de la generación del setenta, a la que pertenecía por edad, pasión y razón política. Y si bien Kirchner llegó al gobierno por azar, con apenas el 22 por ciento de los votos- fue el elegido por deserción del menemismo- también llegó por necesidad, para que se cumpliera el imperativo de rescatar a la Argentina del abismo abierto en 2001. Nadie lo sabía todavía; quizá Kirchner tampoco, pero comenzaba a cumplir su destino de conmover el horizonte previsible del poder conservador. Para que por primera vez luego de la muerte de Juan Perón en 1974, luego de casi treinta años de búsquedas y desierto político, el peronismo de su fundador volviera remozado al gobierno. Aquel 25 de mayo de 2003 ya despuntaba la impronta que tendría su gestión. No sólo desestimó las presiones del establishment que le exigía no anular las leyes de impunidad y estrechar vínculos con los Estados Unidos, porque en caso contrario su gobierno “duraría apenas un año”, sino que pasó inmediatamente a retiro a la mayoría de las cúpulas militares y corrió a resolver una crisis educativa en Entre Ríos apenas tres días después de asumir.

El 4 de junio de 2003, Kirchner habló por primera vez por cadena nacional para encarar uno de los más grandes dramas nacionales: la corrupción del poder judicial. Le pidió al Congreso Nacional que pusiera en marcha el mecanismo del juicio político contra algunos miembros de la Corte Suprema, integrantes de la “triste y célebre mayoría automática” del menemismo responsables de haber avalado el indulto a los criminales del terrorismo de estado y el desguace y remate de las empresas del Estado o saqueo al patrimonio social de los argentinos. En pocos días, los principales cortesanos implicados renunciaron y fueron reemplazados, con el apoyo mayoritario de la sociedad, por jueces probos y sin vinculación previa con el kirchnerismo. 

El 9 de julio, Kirchner se reunió con el director del FMI, Horst Köhler. Y fue contundente: “No voy a firmar nada que no pueda cumplir porque el FMI es uno de los grandes responsables de lo que pasó en la Argentina”. Con su carpeta roja siempre a mano, Kirchner estaba al tanto de los principales números de la economía. Había pensado en un modelo centrado en la generación de empleo y la redistribución del ingreso, que alentaba la reindustrialización. Una de esas medidas fue el paulatino final de las AFJP para mejorar la vida de los jubilados y evitar el saqueo de la seguridad social. El sistema de capitalización individual funcionaba en paralelo al sistema estatal de reparto. Las AFJP percibían una onerosa comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraban la inversión del capital acumulado con fines corporativos. En 2007, Kirchner impulsó las reformas tendientes a reducir los afiliados en el sistema de AFJP. El 17,79 por ciento de los afiliados al sistema de capitalización decidió pasarse al de reparto. También encaró la recuperación del Estado: la estatización de algunas empresas privatizadas en los 90. La primera fue el Correo Argentino, de la familia Macri, que eludía el pago del canon correspondiente al Estado. Sin embargo, se llamó a una nueva licitación: la batalla con los Macri llevaría casi 20 años, cuando ya Kirchner y Franco no estuvieran, pero sí su heredero Mauricio. Lo cierto es que la primera estatización directa fue la del espacio radioeléctrico de la firma francesa Thales. En esa línea, se creó la empresa nacional de energía, Enarsa, en octubre de 2004 y la de agua y cloacas, Aysa, el 22 de marzo de 2006, en reemplazo del grupo francés Suez.

Kirchner sabía que el hueso más duro de roer era salir del default sin que eso implicara doblarle el brazo para repetir recetas que castigarían al pueblo. El 10 de septiembre de 2003, con el país declarado técnicamente en cesación de pagos, el FMI aceptó abrir una negociación. El acuerdo, alcanzado ese día y adoptado formalmente el 20 de setiembre, concedía a Argentina condiciones más flexibles para pagar sus deudas con el FMI, y también con otros organismos internacionales, que llegaba a 21.610 millones de dólares. Sin embargo, se repetía el monitoreo y el condicionamiento: el gobierno de Kirchner se comprometía a lograr un superávit primario del 3% y del 5,5 % de crecimiento en 2004 y a una inflación no mayor de un dígito en todo el período. Semejante acuerdo implicaba aceptar asimismo reformas estructurales en los sistemas tributario y bancario. El Gobierno, además, se comprometía a pagar de inmediato una deuda vencida de 2.980 millones de dólares. El 3 de marzo de 2005 se anunció el canje de deuda con los bonistas privados con un 76,06 por ciento de aceptación. La quita de deuda llegaba a los 67 mil millones de dólares y la relación de la deuda con el PBI pasó del 113 % al 72 %. Unos meses después, en una jugada coordinada con el gobierno de Brasil, se resolvió el pago total de la deuda con el FMI. El 15 de noviembre de 2005, Kirchner anunció que la Argentina pagaría los 9810 millones de dólares con reservas líquidas del Banco Central. E inmediatamente exigió el retiro de la delegación del organismo que tenía una oficina estable en el ministerio de Economía. 

A partir de ese momento, los indicadores socioeconómicos de su gobierno fueron formidables: el nivel de desocupación descendió del 17,8 al 8 por ciento; el salario real aumentó un 34 por ciento; la cobertura previsional se amplió más del 15 por ciento; los convenios colectivos pasaron de 380 anuales a 1027. Desde 2003 a 2007 las reservas internacionales pasaron de U$S 14.000 millones a más de U$S 47.000 millones. En este período, la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3 %.​ Los bancos ganaron depósitos por más del 48 %.​

Después de años de vigencia de las leyes de impunidad -Punto Final, Obediencia Debida e Indulto-, el 25 de julio de 2003 se abrió el camino para la extradición de los cuarenta y seis antiguos altos oficiales y represores argentinos reclamados por el juez Baltasar Garzón para ser juzgados en España. La nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, votada por el Congreso y promulgada el 21 de agosto de 2003, fue el paso decisivo. Y el punto de partida para que se reabrieran las investigaciones por delitos de lesa humanidad en la ex ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército, y que algunos jueces declararan inconstitucionales los indultos dictados durante los años noventa. Esto permitió que avanzaran también los juicios contra represores y apropiadores de niños en los diferentes juzgados del país, donde el Estado fue querellante en muchos casos.

Como si fuera un pacto de honor con la Historia, su historia, Kirchner impulsó la creación de Espacios de la Memoria en los ex campos clandestinos de detención de la dictadura. El 24 de marzo de 2004, anunció la creación del Espacio de Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA. Ese día le ordenó al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, que bajara los cuadros con la imagen de los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. “Vengo a pedir perdón en nombre del Estado”, dijo Kirchner en aquel acto. Esta política de Estado la acompañó con recursos e información con el fin de intensificar la incansable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo para reestablecer la identidad de los bebés apropiados. Pero los juicios contra los represores no estuvieron exentos de presiones por parte de “la mano de obra desocupada” de la última dictadura. Después de declarar como víctima y testigo en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006.

Pero para poder avanzar, en especial con centro en la provincia de Buenos Aires, Kirchner sabía que tenía que tomar una decisión postergada: abandonar el padrinazgo de Eduardo Duhalde para convertirse en el líder del justicialismo. El 13 de junio de 2004 anunció la postulación de Cristina Fernández como senadora por esa provincia, ya fuera por el PJ o con la creación de una fuerza propia. Cuando la separación fue un hecho y CFK venció ampliamente a Hilda “Chiche” Duhalde, el kirchnerismo tuvo, para siempre, identidad propia.

Mientras consolidaba su influencia como líder político, Kirchner se sumó activamente a la ola de ascenso de los gobiernos populares en Latinoamérica. Apenas asumió, recibió el apoyo de Lula. Esta alianza regional, entre otras medidas, se vio reflejada en el ingreso de Venezuela al Mercosur al año siguiente. Pero sin dudas, el momento más importante y desafiante de esa alianza geopolítica ocurrió durante la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005, donde Kirchner, junto con Hugo Chávez y Evo Morales, ratificaron al presidente norteamericano George Bush que los proyectos económicos hegemónicos de los Estados Unidos serían resistidos. “No al ALCA”, fue la consigna que movilizó a miles de argentinos en lo que se conoció como la “contra cumbre”. También en aquel 2005 se lanzó el programa Patria Grande, cuyo objetivo fue sacar de la marginalidad legal a cientos de miles emigrados. Entre 2004 y 2014, 2.997.836 radicaciones fueron resueltas. El fortalecimiento del Mercosur (en la cumbre realizada en Córdoba en julio de 2006) y la creación de la Unasur y la Celac permitieron resguardar a los gobiernos democráticos ante intentos de desestabilización política promovidas por la derecha continental.

Lo cierto es que las políticas de inclusión, de defensa de los derechos humanos y de los valores tercermundistas históricos del peronismo retomados por Kirchner para el desarrollo de la Argentina fueron decisivas hacia 2007, cuando comenzaba la batalla por una nueva elección presidencial. Cristina Fernández de Kirchner fue la candidata y arrasó en las urnas con más del 47% de los votos. Kirchner terminó su mandato con más del 70 por ciento de imagen positiva: la más alta en la historia del siglo XX. El dolor popular por su muerte el 27 de octubre de 2010 definió su lugar en el panteón de los presidentes más queridos de la historia nacional.