Un nuevo corte sobre la ruta 34 a la altura de Coronel Cornejo, municipio del departamento San Martín, se realizó desde el lunes y continuaba con diversos reclamos. Entre ellos, se destacó el reclamo por la situación de las y los facilitadores culturales que trabajan seis horas en centros sanitarios cumpliendo la función de intermediarios entre personas de comunidades originarias y trabajadores de la Salud.

“Nos pagan 20 mil pesos por mes, pero desde enero que no cobramos”, dijo a Salta/12 uno de los manifestantes mientras se encontraba en la protesta. Recalcó que trabajaban con contratos que se firmaron en octubre último pero que vencieron en diciembre de 2022. “Dijeron que íbamos a seguir, y uno sigue trabajando, pero debe ser por eso que no nos pagaron también”, advirtió.

En la medida de protesta había al menos seis facilitadores, pero en la provincia, según los informes con los que cuentan de la Red Intercultural de Salta, son 15 los que se contrataron. La contratación de ese número se logró mediante un amparo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en cuyo marco el juez Eduardo Barrionuevo ordenó en enero de 2022 la incorporación de personal bilingüe que asista a integrantes de comunidades indígenas.

Desde la Red “piden que se incorporen un total de 60 facilitadores que serían los que se necesitan en toda la provincia”, dijo el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson a Salta/12.

El funcionario fue consultado tras la reunión que mantuvo con integrantes de la Red Intercultural, en la cual se manifestó la preocupación por la falta de reglamentación de la Ley de Salud Intercultural. La iniciativa fue promulgada con el número 7856 en 2008 y desde ese momento no se aplica como se pretendía, porque la reglamentación es una promesa incumplida de todas las gestiones del área de Salud de la provincia.

Farquharson afirmó que, según la información con las que cuenta, el proyecto de reglamentación se encuentra listo y solo espera la firma de las autoridades. Dentro de la normativa, además de la creación de espacios para albergar a las familias que necesitan viajar a otros centros urbanos por la atención de la salud (las mujeres sobre todo sufren el desarraigo de su lugar de origen y sus demás hijos cuando son trasladadas), se establecen las condiciones para contar con facilitadores culturales en los centros sanitarios.

“El Estado carece de perspectiva indígena”

Farquharson dijo que si bien es necesaria más capacitación sobre la cuestión originaria, ésta no solo debe pasar por las y los agentes estatales sino, sobre todo, por quienes están a cargo de pensar y ejecutar las políticas públicas. “El Estado carece de perspectiva indígena”, alegó al justificar esta necesidad.

No solo las y los facilitadores culturales de centros sanitarios, sino también las y los trabajadores del Plan Unir y pertenecen a las comunidades, suele ser común que cobren sueldos magros y estén en situación de precarización laboral. Al ser consultado sobre esta realidad, el delegado del INADI entendió que “lo que cobran es muy poco y debería haber una discusión sobre ese tema”.

Asimismo, indicó que por el momento está pedida una reunión con el ministro de Salud, Federico Mangione, para abordar esta y otras preocupaciones respecto del servicio de salud pública y son atravesadas por situaciones de discriminación.