El ex intendente de Iruya, Alfredo Soto, irá a juicio el año entrante imputado por dos hechos de peculado por hechos ocurridos durante su gestión, de 2015 a 2019, por una cifra cifra cercana a los $7 millones. Así lo notificó la Sala I del Tribunal de Juicio, que comunicó que las audiencias de debate oral y público serán los días 1, 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2024.

Por el caso se encuentra interviniendo la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien imputó a Soto en febrero del año pasado; mientras que por la querella de la Municipalidad de Iruya, litiga la abogada Eliana Verchán. El caso se inició con una denuncia contra el ex jefe comunal que realizó la actual gestión, a cargo de Eugenio Herrera. La denuncia data del 18 de febrero de 2020, dos meses después del alejamiento de Soto al frente de Ejecutivo municipal. 

En ese momento el nuevo gobierno municipal realizó una auditoría en la comuna, que concluyó que existía un faltante de $7.773.758, al que se sumaban otros $5.397.032 que surgieron a través de un informe de cheques rechazados que Soto emitió un día antes de la finalización de su gestión, es decir, el 9 de diciembre.

De esta forma, el monto de la denuncia inicial superaba los $13 millones. Sin embargo, del análisis efectuado por el gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se pudo establecer -aunque no descartaron seguir encontrando faltantes- que el ex jefe comunal se habría hecho con unos $6.848.000, en dos hechos.

Tras recibir la cédula de notificación sobre el inicio de las audiencias de juicio, Soto dijo a Salta/12 que lo único que puede decir es que "está todo en manos de la justicia", y aseguró que presentó toda la documentación correspondiente a las autoridades competentes. "Los cuatro años de mi gestión se trabajó honestamente y eso se demostrará en el debate", añadió. 

Soto insistió en que "no existe enriquecimiento ilícito como pretende el actual intendente Eugenio Herrera", y siguió: "No fui condenado por ningún delito y ejercito mi defensa con pruebas respaldatorias". También dijo que una vez finalizado el proceso judicial se reserva el derecho de accionar por daños y prejuicios.  

El pasado 10 de mayo se dictó en contra de Soto una medida cautelar de inhibición general de bienes, lo que le prohíbe gravar o enajenar bienes registrables. "A través de la medida solicitada, se pretende evitar que se torne ilusorio el cobro de los daños patrimoniales al erario municipal, en caso de probarse que la actuación de Soto ocasionó daño económico a la Municipalidad y debiera responder por tales daños", detalló en su escrito Verchán, quien solicitó la cautelar en contra del ex intendente.

El primer hecho es por tres cheques librados por el entonces intendente a favor de la Municipalidad de Iruya por $970.000, y que fueron cobrados por él mismo sin que exista una correcta rendición de cuentas. El hallazgo surgió tras revisar los movimientos bancarios de la cuenta municipal, en la que al momento de cobrar esos cheques, quedó registrada la firma de Alfredo Soto.

El segundo hecho por el que se lo imputa de peculado es por el faltante de dinero que ese municipio recibió de los programas sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero, por un total de $14.594.982, de los cuales sólo se rindieron $8.716.909. Por lo que, a no ser que el ex mandatario pueda demostrar lo contrario, nunca se rindieron los restantes $5.878.000.