La Sala VI del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, integrado por Mónica Mukdsi, José Luis Riera y Guillermo Pereyra, declaró ayer la responsabilidad penal de la joven S. por el asesinato de la docente Rosa del Milagro Sulca, cometido el 28 de abril de 2020. 

Como S., que ahora tiene 20 años, era menor de edad en el momento del hecho, el Tribunal solo declaró su responsabilidad mientras que la pena le será impuesta por el Juzgado de Menores Nº 1. Con ese fin, el Tribunal ordenó remitir copias del fallo y de las piezas procesales a este Juzgado, una vez firme la sentencia. Por otro lado, solo fue condenado el despachante policial del sistema de emergencias 911, Héctor Roberto Herrera, a quien se lo inhabilitó por un año y se le impuso una multa de $12.500 por omisión del acto funcional. 

Sulca fue asesinada en su vivienda de Villa Mitre, en la zona sur de la ciudade de Salta. Su cuerpo presentaba golpes y varias heridas de arma blanca. 

También se juzgó a Martín Oscar Laime (26), acusado por encubrimiento agravado, pero resultó absuelto de forma lisa y llana por el Tribunal. La defensora oficial que representó a este joven, Patricia González, había solicitado en los alegatos su absolución por la duda. El fiscal Leandro Flores había pedido que se lo condene a 3 años y 4 meses de prisión, mientras que la querella ejercida por el abogado Pablo Tort en representación de la Fundación Cintia Fernández, había pedido 4.

Además, fue juzgado el personal policial y del Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana del Sistema de Emergencia 911, todos imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque la víctima logró realizar un llamado para pedir auxilio e informó que la estaban matando, pero no le brindaron ayuda. 

El Tribunal determinó la absolución lisa y llana del supervisor de demanda ciudadana, Marcelo Tintilay Cordeyro, y de su auxiliar, Gabriela Valeria Moyano Casasola, como así también del jefe de despacho policial, Gustavo Javier González, por retiro de la acusación fiscal y de la querella.

De todas estas personas, el único condenado, por voto mayoritario, fue el despachante policial Héctor Roberto Herrera, a una pena mínima, al pago de una multa de $12.500 y la inhabilitación especial absoluta para ejercer funciones públicas por un año, por el delito de omisión de acto funcional. 

En los alegatos el fiscal Flores y también el querellante habían señalado que era función de Herrera asignar el móvil policial para que acudiera en auxilio de Sulca, pero omitió informar a los efectivos que se trataba de una mujer que manifestó que la estaban "matando".

En el juicio se determinó que el despachante informó a los efectivos de calle (quienes debían verificar los hechos en el domicilio) que había un pedido de auxilio por un problema familiar, pero no reprodujo lo que había dejado consignado el operador del 911 Pablo Bisón, quien atendió el llamado.

Hubo un voto en minoría para que Herrera fuera absuelto por aplicación del beneficio de la duda. El abogado defensor, Pablo González, dijo a Salta/12 que casará la sentencia para cuestionar esta condena. 

Asimismo, resultó absuelto por la duda y por voto mayoritario, el encargado de cierre de carta, Normando Domingo Corbera. En la sentencia se mencionó que hubo un voto en minoría para que fuera condenado al pago de multa e inhabilitación.

En cuanto a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, resultaron absueltos por el beneficio de la duda. La fiscalía y la querella los habían acusado por el delito de omisión del acto funcional, porque cuando fueron enviados a verificar la emergencia se fueron al no ser atendidos en el domicilio, sin implementar otro tipo de acciones de su competencia.

Disconformidad 

"No nos vamos a gusto con la sentencia, sí muy conformes con el trabajo que se ha realizado. Esperábamos un poco más de correlación con lo que se ha acontecido y lo que se ha vislumbrado en las audiencias con la resolución del Tribunal", dijo a Salta/12 el abogado Pablo Tort tras conocer el fallo. 

El querellante refirió que la disconformidad es sobre todo "con las absoluciones a los funcionarios públicos". "Más allá de que el Tribunal entendió respecto al acusado Laime que merece la absolución lisa y llana. Lo que más nos afectó a nivel Fundación es la violencia institucional que sufrió Rosa Sulca, que podría haber sufrido cualquier otro ciudadano frente a la omisión de estos funcionarios. No se han logrado las condenas que esperábamos", sostuvo.

"No nos vamos conformes con la sentencia pero sí tengo que decir que el trabajo que hizo la Fundación, en un primer momento la doctora (abogada) Gabriela Rodríguez y después el doctor Pablo Tort, fue reivindicar la memoria de Rosa Sulca, y también poner en el tapete el incumplimiento de funcionarios públicos", expresó por su parte la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández.

Tort y Fernández dijeron que evaluarán la presentación de un recurso de casación cuando tengan los fundamentos del fallo y los analicen con otros abogados de la Fundación y se reúnan con el Ministerio Público Fiscal.

Además, Tort explicó que analizarán realizar otra presentación para que se investigue a los funcionarios de altos mandos de la policía, la Secretaría y Ministerio de Seguridad de aquel momento. "Entendíamos que esta lucha era justa, que la responsabilidad del personal policial era efectiva y que debía aplicarse una pena, lamentablemente no se ha dado en la mayoría de los casos, solamente en uno", manifestó.

El abogado y policía Nicolás Vedia, defensor de Vizgarra, había señalado que ante las denuncias previas por robos y amenazas realizadas por Sulca en la Comisaría 4°, el jefe de esa dependencia y el fiscal asignado a esa zona debieron haber sido investigados. Reprochó que la víctima había pedido protección al fiscal y no se la brindó. 

"Entendemos nosotros que eso forma parte de otra investigación que hay que llevar a cabo, como así también, las cabezas del ministerio público", dijo Tort. 

Fernández destacó que llegaron al caso, como en otros, "cuando la persona está fallecida". Respecto a "la apreciación que hizo Vedia, desconocíamos la situación de la señora Sulca en vida. Con la doctora Rodríguez se comunica la vecina, la primera que declaró acá, cuando pasó (el crimen). Desconocíamos que tenía denuncias. Como abogados, que denuncien a la fiscalía si así lo amerita, (...) más siendo él policía y abogado, que lo haga. Que no tire toda la responsabilidad a la Fundación", sostuvo.

Vedia y el abogado de Corbera, Carlos Fernando Rojas, cuestionaron también que no se buscara a los responsables políticos, quienes diseñan los protocolos y por declaraciones de testigos se supo que los altos mandos del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, habían dispuesto en aquel momento en el sistema de emergencias 911 el tildado de "relevante" para incendios de pastizales, estructurales y casos que tuvieran repercusión mediática pero no ante pedidos de auxilio.

Adicciones: una problemática sin asistencia estatal

Durante el juicio se conoció que la joven ahora condenada consumía estupefacientes desde los 11 años de edad. Cuando declaró en la primera audiencia, dijo que estaba drogada y alcoholizada en el momento en que se dirigió a la casa de la víctima, aunque negó haberla matado. Dijo que había ido a robarle en compañía de su exnovio, sobreseído en la causa. El fin de ese robo habría sido la compra de estupefacientes. 

El abogado defensor de S., Miguel Fernando Páez, alegó que en el centro de menores la joven había dejado el consumo de drogas pero cuando fue trasladada a la Unidad Carcelaria Nº 4 volvió a las adicciones porque allí consigue estupefacientes. 

Por ello, el Tribunal decidió enviar las actuaciones correspondientes a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad para que investigue estos hechos en la cárcel de mujeres. 

Ante la problemática de las adicciones, desde la Fundación Cintia Fernández pusieron de relieve la falta de instituciones estatales que brinden contención y asistencia a las personas que la padecen y a sus familias en los barrios de la ciudad de Salta y en toda la provincia.

"En la instancia de alegatos realizamos varios pedidos de carácter público, hablando al público en general y a los funcionarios que deseen tomar coraje e intervenir en esta situación que hemos denunciado, la ausencia de un centro público de atención para las personas que padecen adicciones, sobre todo tratándose de niños, niñas y adolescentes, resulta una aberración a esta altura. Entendemos que es un flagelo que todavía se puede contener y debería perseguirse de esa manera", dijo Tort.

"Si no podemos solucionar (la problemática) de raíz, vamos a seguir teniendo un montón de inconvenientes de este tipo, que derivaron del consumo de estupefacientes", añadió.