El CERD es un órgano de expertos sobre discriminación racial conformado para supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la cual Argentina firmó y ratificó en el año 1968, y que tras la reforma constitucional de 1994 se conformó en un instrumento de protección de derechos humanos con jerarquía constitucional, según el artículo 75, inciso 22. La última evaluación periódica había sido en el año 2016, y la próxima será en el año 2028. El trabajo de los 18 expertos del CERD es evaluar informes anteriores, y recibir tanto a la sociedad civil organizada como a los funcionarios del Estado Nacional y escuchar a las partes. Luego emiten un nuevo documento donde informan sobre avances y retrocesos en materia de discriminación racial, y le plantean recomendaciones al Estado para que detenga y repare en algunos casos, y para que promueva políticas respetuosas con los derechos humanos, en otras. En el informe que se conoció a fines de abril, se hacen recomendaciones en relación a la producción de estadísticas sin sesgo racial, al abordaje de la violencia racista, al despliegue de políticas contra el racismo en la justicia y las fuerzas de seguridad, entre otros temas. Me propongo, en este caso, repasar las recomendaciones relativas a la educación, a propósito de una fecha clave de nuestra historia nacional.

En todas las escuelas de Argentina hay actos homenajes en el marco del 25 de mayo, todos los años desde las últimas dos décadas del siglo XIX hasta nuestros días. Todos pasamos por ellos, y todos sabemos de qué se trata. Las más de las veces, los actos patrios suelen ser un momento de pequeña aparición deformada de un reflejo de la memoria negra en nuestro país: la recreación caricaturesca de mazamorreras, escoberos y vendedores de velas como cuentapropistas, posando felices ante los acontecimientos de la historia. En la realidad, esas personas eran víctimas del sistema esclavista, uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces de la historia argentina y del mundo.

Aunque con menos frecuencia, afortunadamente, que hace algunos años, en algunos establecimientos educativos todavía se pintan a niños y niñas con corcho quemado para que representen a estos proto-monotributistas libres y contentos. Esta práctica que se conoce como “Blackface”, es una forma de discriminación racial que tiene su origen en el siglo XIX, cuando algunos actores no afrodescendientes se pintaban de negro para representar personas afrodescendientes, exagerando sus rasgos y su forma de hablar, ridiculizándolos. Así se construían y reproducían estereotipos negativos sobre las personas negras. Un ejemplo histórico sobre esta práctica en el cine nacional es el primer largometraje del cine argentino, “Amalia”.

En el mes de diciembre del 2020 en el programa Cantando por un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli, se produjo un caso de blackface que tuvo una notable repercusión en las redes sociales. En ese momento, la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) denunció el hecho ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La productora responsable del programa, La Flia, fue a una mediación con DIAFAR y finalmente llegaron a un acuerdo que consistió en la creación de un spot para el 25 de mayo:

La situación puso de relieve una práctica que lleva más de un siglo, y aunque sirvió como gota en un vaso de hastío y permitió el debate sobre el fenómeno, no necesariamente se vio reflejado en un cambio en las lógicas del sistema educativo. Es notable que el poco material disponible pensado para el nivel primario y medio sea en su mayoría producido por organizaciones de afrodescendientes. El Estado no se hace eco de esta falta, por el contrario, con su omisión contribuye a la reproducción de estereotipos a la par que le niega la identidad nacional a toda su población. El CERD se refirió a este problema utilizando un el concepto de reparación:

(...) el Comité lamenta la falta de información sobre iniciativas de amplio alcance relativas a las reparaciones por ese legado [afrodescendiente e indigena], que sigue alimentando el racismo, la discriminación racial y la discriminación estructural en el Estado parte, y socava el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad por todas las personas y comunidades en Argentina. Asimismo, preocupa al Comité la información según la cual la Ley de Educación Nacional, ley n° 26.206, omite la existencia de la población y la cultura afrodescendiente en el currículo escolar (párr. 42)

Aunque desde el año 2013 contamos con la Ley 26.852 que instituye el Día Nacional de los Afroargentinos y Afroargentinas, y que en su artículo 3 le encomienda “al Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos curriculares del sistema educativo, en sus distintos niveles y modalidades, la conmemoración de dicho día y la promoción de la cultura afro”, poco se ha hecho por la aplicación de dicha ley. Por un lado, no todas las provincias han adherido a la normativa, y por otro, la Ley del Día Nacional de los Afroargentinos y Afroargentinas ha tenido muy poco desarrollo como política pública, excepto en algunos casos donde la comunidad organizada impulsa su aplicación, como el caso de la provincia de Entre Ríos.

Esta situación afecta no solamente a la comunidad afroargentina que ha sido históricamente negada en el país, sino también a las comunidades indígenas que son minorizadas e invisibilizadas en el sistema educativo. La indianidad y la afroargentinidad son indisociables de la creación de nuestra Nación, negar la existencia de población racializada es negar la nación misma. Así lo entiende el CERD, solicitando al Estado que:

Establezca mecanismos de diálogo con representantes de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que conduzcan al establecimiento de instituciones dedicadas al estudio y elaboración de propuestas e iniciativas de amplio alcance relativas a las reparaciones por las injusticias históricas. Revisar la Ley de Educación Nacional y asegurar que las autoridades educativas nacionales y provinciales elaboren planes de estudio escolares de los niveles primario y secundario que incluyan la historia y los aportes de los afroargentinos a la construcción de la nación. (párr.43, Inciso c y d)

Las omisiones en relación a la población racializada de la patria en la educación son una de las formas de expresión del racismo institucional, la contraparte de este efecto es la aparición fantasmagórica. Es decir, las pocas veces que indígenas y afrodescendientes aparecen en nuestros contextos educativos, no lo hacen las mujeres y los hombres líderes que sobresalieron por su capacidad, sino que, como se señalaba en el caso de los esclavizados en la plaza de la revolución de mayo, son apariciones caricaturescas y de un pasado remoto. La negación de la esclavitud, y de sus consecuencias en la conformación del Estado Argentino, no es algo nuevo en el sistema educativo, entiéndase como una muestra de esta situación estructural las palabras pronunciadas por Sarmiento, “el padre de la educación”, en ocasión de una conferencia sobre Darwin que brindó en 1882: “Al ver indios y negros no puede resistir, empero, a la tentación de comparar a los unos con la estructura del babuino, a los otros con la del chimpancé”.

Aunque nadie esperaría escuchar este tipo de argumentaciones en la boca de ningún funcionario dedicado a la educación hoy en día, esta propaganda racista ha calado hondo en el imaginario nacional. La invisibilización de próceres afrodescendientes e indígenas como los notables casos de Bernardo de Monteagudo, o Juana Azurduy, o las mentiras racistas de la desaparición de población racializada, o la aparición deformada que se propone en ocasiones en las fechas patrias, tienen implicancias en la construcción de nuestra identidad nacional, a la vez que afecta notablemente la construcción subjetiva de cada niño y niña racializada.

Cabe destacar que frente a este panorama, no son pocas las voces de resistencia. La comunidad afroargentina tanto como las distintas comunidades indígenas, han puesto en marcha experiencias que vale la pena recuperar y reforzar. En los últimos años, varias provincias han incorporado fechas de celebración vinculadas con líderes afroargentinos e indígenas, y han construido normativa sobre la enseñanza de la cultura afrodescendiente e indígena en las escuelas. No obstante, en muchas ocasiones todavía se sigue dependiendo de la buena voluntad del docente para que los temas sean tratados en el aula. De allí la necesidad de una activa participación del Estado en el impulso de leyes vigentes pero que se implementan poco. El CERD recomienda que para darle impulso a las iniciativas, sea la propia comunidad organizada la que participe como protagonista, solicitando al Estado que “Desarrolle e implemente, en consulta con las comunidades afrodescendientes e indígenas, lineamientos para combatir el racismo estructural e institucional, a nivel federal y provincial” (párr. 43, inciso a).

El informe aborda varios temas vinculados a los problemas que enfrentan indígenas, afrodescendientes y migrantes racializados, todos complejos y algunos acuciantes como la violencia policial y la aplicación desigual de la ley. En el caso de la educación, el eje del informe gira en torno a la visibilización y puesta en valor del trabajo que ya viene realizando la comunidad organizada tanto indígena como afrodescendiente. Tenemos un marco legal a nivel nacional acorde, varias provincias se han sumado e incluso desarrollado normativa local, existen además experiencias de escuelas que trabajan la temática, y articulaciones de distintos establecimientos educativos con museos o sitios históricos de relevancia. No obstante, falta mucho para que la educación antirracista sea una realidad en todos los niveles educativos de nuestro país.