El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ya no tiene escapatoria: debe hacer que el Poder Judicial cumpla con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dispone que Milagro Sala debe abandonar la cárcel. El juez Gaston Mercau dispuso que el jueves, a las 9, se realice la inspección de dos inmuebles de la dirigente de la Tupac Amaru con el fin de dar cumplimiento "eventualmente" a la prisión domiciliaria.
La medida cautelar de la CIDH, firmada el pasado 27 de julio, a partir de la presentación realizada por el Cels y Amnistía Internacional, ordenó al Estado argentino que saque de la prisión de Alto Comedero a la diputada del Parlasur y explicó que respalda la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas que dispuso la libertad de la dirigente social. La CIDH le otorga quince días al Estado para cumplir. El plazo vence el viernes, en la Tupac temen que quieran extender la prisión hasta después de las PASO.
La obligación del Estado argentino de cumplir con las disposiciones de los organismos internacionales, reconocidos por la Constitución desencajó al gobernador Morales. La semana pasada al recibir al presidente Mauricio Macri consideró que los integrantes de la CIDH "son unos burócratas internacionales que viven en Washington" y que no entienden nada. Insistió en calificar a Sala como "una corrupta", "delincuente" y dijo que la Justicia tendría que pronunciarse sobre la resolución de la CIDH.
Al conocerse la resolución de la CIDH, la Tupac Amaru explicó que "El Estado Nacional, al ser parte del sistema interamericano, debe cumplir con la libertad inmediata que solicitó el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas o, en su defecto, concederle la detención domiciliaria o la libertad vigilada por medios electrónicos y ratificó que Milagro Sala está detenida en forma arbitraria. Exige además al Poder Ejecutivo el respeto de los tratados internacionales que tienen rango constitucional y son derecho vigente en la Argentina".
La CIDH consideró en la resolución que la dirigente "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable" según constataron durante la visita que realizaron el pasado 16 de junio. Ademas, advirtieron sobre el riesgo de la criminalización del liderazgo social y señalaron que la prisión preventiva "debe estar limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. La prisión preventiva es una medida que no debe ser punitiva", "el Estado debe garantizar que la regla sea la libertad del procesado mientras se resuelva acerca de su responsabilidad penal" y que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva". El Estado tiene 15 días para comunicar de qué manera
"Este es un gran triunfo del equipo de defensores de Milagro que desde el primer momento han denunciado la ilegalidad de la detención y el agravamiento del hostigamiento en el penal y por parte del Poder Judicial que en Jujuy responde al Poder Ejecutivo. También es el triunfo de los organismos de Derechos Humanos que nos han acompañado denunciando al mundo este verdadero atropello a la legalidad. Y, por supuesto, un gran triunfo del Cels, de Amnesty, de ANDHES y del Comité por la Libertad de Milagro Sala que han sostenido que se han violado las garantías constitucionales y se ha suspendido el Estado de Derecho en Jujuy con el aval de Mauricio Macri", aseguró Alejandro Garfagnini, referente de la Tupac Amaru.
"Nuevamente los organismos internacionales vienen a hacer justicia frente a las graves violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país en el caso de Milagro, así como sucedió durante el Terrorismo de Estado. La comisión entendió que el caso de Milagro cumplía con los estándares de urgencia, gravedad e irreparabilidad y que la concesión de esta cautelar está vinculada con salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física entendiendo que parte de esta detención está vinculada a que Milagro es una lideresa social, es mujer e indígena", aseguró Elizabeth Gomez Alcorta, del equipo de abogados defensores de Milagro Sala.
"Pasaron ya nueve meses desde que se pronunció la ONU, Amnistía Internacional, Human Wrights Watch y otros tantos organismos internacionales. Con la detención de Milagro Sala, primer presa politica en democracia, Macri y sus funcionarios nacionales han expuesto a la Argentina ante el mundo. De ser ejemplo en materia de Derechos Humanos nos convertimos en un país que ha suspendido el Estado de Derecho", señalaron desde el Comite.
