El Parlamento brasileño instauró este jueves una comisión que investigará la asonada del pasado ocho de enero y será controlada por el oficialismo, pese a que fue propuesta por la ultraderecha, sospechada de haber promovido ese frustrado golpe contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La primera sesión de la comisión fue caldeada, con constantes cruces de descalificaciones, y fue un anticipo de lo que será la investigación, que debe concluir en un plazo de 180 días y esclarecer el violento asalto a los tres poderes de la Nación ocurrido cuando Lula tenía solo ocho días en el poder.
"O fue Jair o fue Bolsonaro"
La intención de la oposición ultraconservadora, que respalda al expresidente Jair Bolsonaro, era que esa comisión demuestre que el gobierno de Lula fue "omiso" frente a la acción de los golpistas y facilitó de alguna forma los desmanes con el fin de generar una "ola de solidaridad" con el líder progresista. Sin embargo la investigación judicial, ya mucho más adelantada, no encontró hasta ahora un solo indicio en ese sentido y, por el contrario, hasta tiene entre los sospechosos de haber incitado el movimiento golpista al propio Bolsonaro.
De hecho, las cerca de dos mil personas detenidas por el asalto a los tres poderes de la nación están alineadas con la ultraderecha más radical, que al igual que Bolsonaro no reconoció en su momento la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre.
El oficialismo, reticente en principio a la apertura de la comisión, luego la apoyó con la convicción de que "desmontará las mentiras" del bolsonarismo, que "acusa del golpe a "la víctima" que fue "la democracia brasileña", dijo este jueves el diputado Rogerio Correia, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). Según Correia, la comisión deberá "llegar al autor intelectual" de la asonada, sobre el cual dijo no tener dudas: "O fue Jair o fue Bolsonaro".
32 miembros y mayoría oficialista
La comisión está integrada por 16 senadores y 16 diputados, con una clara mayoría del oficialismo. El bolsonarismo cuenta con nueve miembros, entre los que figura el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario; quince son del oficialismo y otros ocho se dicen independientes, aunque fueron nombrados por formaciones que apoyan al gobierno.
La fuerza oficialista se impuso ya en la primera sesión, en la que fue designada la directiva de la comisión que dirigirá el rumbo de la investigación parlamentaria. Como presidente fue nombrado Arthur Maia, diputado del partido de centroderecha Unión Brasil, que tiene tres ministros en el gobierno. "Es un momento de la más extrema importancia para el Congreso Nacional y cada uno de los miembros tenemos que investigar lo que ocurrió el ocho de enero. Esta comisión estará prestando un servicio a la democracia", enfatizó Maia, según el diario O Globo.
En tanto, el cargo de relatora fue encomendado a la senadora de centroderecha Eliziane Gama, aliada del gobierno de Lula y cercana el ministro de Justicia, Flavio Dino. Esta cercanía fue el argumento utilizado por el senador opositor Marcos do Val, quien llegó a acusar a Bolsonaro de presionarlo para que se sumara al supuesto golpe de Estado de enero, para cuestionar su designación, ya que Dino se presupone objeto de la investigación por parte de la oposición.
"Hubo un intento de golpe de Estado, pero no lo concretaron. Un hecho está claro: todos los que estamos aquí estamos en contra de lo que ocurrió, independientemente de ser de base (del oficialismo) o de la oposición. Queremos garantizar una democracia cada vez más fuerte y firme en Brasil", declaró Gama. "Yo no me dejaré intimidar. No estoy aquí como ponente para agradar o desagradar a nadie. Estoy aquí para hacer mi papel y tener responsabilidad pública", agregó la senadora.
Los alcances de la comisión
El gobierno de Lula confía en que esta comisión pueda alcanzar al que fuera secretario de Justicia de Bolsonaro y encargado de Seguridad de Brasilia durante los ataques, Anderson Torres, quien recientemente fue puesto en libertad después de casi cuatro meses en prisión preventiva por aquellos hechos. La implicación de Torres, luego de que se hallara en su domicilio el borrador de un "decreto golpista", puede servir para incluir en la investigación de la comisión a un Bolsonaro que tiene ante sí una veintena de causas abierta por diversos motivos.
Inicialmente los diputados y senadores tienen 120 días para finalizar la comisión parlamentaria, pero el plazo puede extenderse por otros 60 días. Al final del trabajo de la comisión, los parlamentarios deberán votar el informe elaborado por la senadora Gama. Si se aprueba, el documento puede ser remitido como dictamen a las autoridades judiciales o incluso ser la base de un proyecto de ley. Si hay indicio de un delito, la denuncia puede ser enviada al Ministerio Público.
Los diputados, con base en los requisitos presentados, tendrán facultades análogas a las de las autoridades policiales, tales como determinar diligencias, celebrar audiencias públicas, llamar a declarar, ordenar detenciones en casos de flagrancia y violar el secreto bancario, fiscal y telemático, de acuerdo al diario digital Brasil de Fato.
Un informe elaborado por el senador Renan Calheiros luego de la pandemia de covid-19, por ejemplo, acusó formalmente al entonces presidente Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos "crímenes contra la humanidad", "charlatanismo" e "incitación al delito".
