La Justicia elevó a juicio oral la causa por abuso sexual agravado contra el profesor de teatro que daba clases en el Centro Cultural Sabato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Leonardo Bugliani había sido denunciado penalmente por siete jóvenes a fines de 2017. El juicio comenzará el 7 de junio y hay previstas dos fechas más, el 12 y el 14 de junio, en las que desfilarán al menos una veintena de testigos.

El caso será juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº20 de la Capital Federal que hoy está conformado por Patricia Mallo, Sabrina Namer y Walter Cavassa, aunque como son jueces subrogantes esa composición podría cambiar para el comienzo del juicio. El fiscal a cargo es Eduardo Gamallo, de la Fiscalía N° 20 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

Hace cuatro años la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento que había dictaminado el 17 de mayo de 2019, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo de Alejandro Ferro, y que había sido apelado por la defensa de Bugliani. Los delitos son “abuso sexual por haber mediado abuso coactivo de una relación de dependencia, autoridad o poder, agravado por haber configurado sometimiento sexual gravemente ultrajante reiterado” en cinco hechos --delito cuya pena va de cuatro a seis años de prisión--, “en concurso real por abuso sexual por haber mediado abuso coactivo de una relación de dependencia, autoridad o poder, agravado por haber mediado acceso carnal” en un caso, delito cuya pena va desde los 6 a los 15 años. El concurso real establece la suma de las penas de los distintos hechos.

Fue fundamental para eso el trabajo de la fiscal Mónica Cuñarro, que estuvo interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Ciudad, que le dio impulso a la causa y pidió la declaración indagatoria de Leonardo Bugliani con prisión preventiva.

La causa se remonta a 2017. Este diario reveló el 24 de diciembre de ese año que Leonardo Bugliani, un profesor que daba un taller en el Centro Cultural Sabato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, había sido denunciado penalmente por presunto abuso sexual a siete ex alumnas. Bugliani, según la acusación, habría captado a las chicas a través de un espacio llamado Ágora Teatral, que funcionaba en ese Centro, para luego llevarlas a su casa, donde habría cometido los abusos. Algunas eran adolescentes menores de edad al momento de comenzar el taller, que se presentaba como espacio de teatro y --según la denuncia-- terminaba en orgías y abusos sexuales, después de un largo proceso de manipulación y sometimiento. Ellas tenían 17 años y estaban en quinto año cuando lo conocieron; él tenía 44. Una de ellas contó a este diario que era “violada todas las semanas porque había una cuestión espiritual de por medio”.

Las jóvenes llegaron a mediados de 2017 a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y relataron lo padecido a una abogada y una psicóloga del equipo de Género. Luego, decidieron denunciarlo y hacer públicos los hechos.

La cuestión del consentimiento será el nudo central de las argumentaciones. Mientras la defensa de Bugliani no discute los hechos, sino que argumenta que fueron consentidos, el procesamiento y la elevación a juicio oral se fundan en que no hay consentimiento posible cuando hay asimetría, dependencia y coacción. Y en que Bugliani forzaba los límites del consentimiento de las víctimas a través de distintos mecanismos: presión, manipulación, aislamiento, separación de las personas que se revelaban. La exigencia de secreto también era una estrategia de sometimiento.

Al momento de la declaración indagatoria, Bugliani negó los hechos y dijo que esto estaba perjudicando la salud de su madre y su tía. Luego, justificó su situación ante la justicia como resultado de una persecución política, impulsada por la ex fiscal a cargo Mónica Cuñarro. También habló de una supuesta campaña mediática en su contra encabezada por PáginaI12 e Infobae.

El abogado de Bugliani es Fernando Soto, quien fuera director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, con quien compartirían pertenencia a la masonería y vínculos políticos. Bugliani, además, asesoraba al diputado porteño Marcelo Guouman (Suma +), quien lo despidió cuando trascendió la denuncia.

Cuatro de las víctimas se constituyeron en querellantes en la causa.