Diecinueve docentes fueron detenidos en la tarde de ayer a la altura del ex peaje Aunor, sobre la ruta nacional 9 cerca del acceso a Salta capital. El cambio de figura (demorados a detenidos), fue informado sobre el cierre de esta edición a los y las docentes en la sede de la Alcaidía, en la Ciudad Judicial. Uno de los docentes, que es insulinodependiente sufrió una descompensación y fue trasladado a un hospital. "Están bien y no fueron agredidos ni golpeados por la policía", informó Rodrigo Sola, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

Sola fue quien informó alrededor de las 20 la lista completa de las personas detenidas por orden de la Jueza de Garantías Ada Zunino. Son Gladys Chaile, Luz Luna, Federico Ortega, Rubén Fernández, Ramón Bazán, Pilar Salva, Marina Figueroa, Nahuel López, Carolina Aguirre, Fanny Quiroga, María Torres, Marina Aparicio, Eliana Flores, Cristian Pereira, Gastón Nicolás José, Carlos Germán Peralta, Marcos Tognolini, Gustavo Herrera, y Ernesto Rojo Ernesto.

Estas personas fueron llevadas primero a la Comisaría 9°, fue un momento en el que la tensión creció porque no se conocía su paradero, y a las pocas hora fueron trasladadas a la Alcaidía de la Ciudad Judicial, en el norte de la ciudad. En ese nuevo espacio de privación de libertad no se les permitió el acceso a abogados de derechos humanos y ni siquiera pudo ingresar inmediatamente el representante del Comité contra la Tortura. 

"La gravedad que está sucediendo en este momento es que no se está permitiendo el ingreso al Comité contra la Tortura. Por ley, la 8024, nosotros tenemos el deber de ingresar a estos lugares" y "tiene que ser de manera inmediata para poder corroborar el estado de esas personas", sostuvo Sola. Contó que se hizo una consulta con la jueza, y les respondió que podrían ingresar "más tarde", por lo que el Comité informó de esta situación a la Corte de Justicia de Salta, a la Secretaría de Derechos Humanos y a los Ministerios de Gobierno y de Seguridad de la provincia. Sola adelantó que hoy el Comité denunciará esta situación "como un hecho de gravedad institucional". 

La jueza Ada Zunino confirmó anoche a Salta/12 que las personas demoradas (insistió que no mediaba orden de detención al momento de la entrevista) continuarían en la Alcaidía hasta hoy por la mañana y que serían liberados, "siempre y cuando, no tuvieran antecedentes policiales".

“Somos docentes, no delincuentes”, vivaba el colectivo docente que comenzó a congregarse en la sede de la Ciudad Judicial horas después de que circularan los testimonios de educadores y educadoras que fueron privados de su libertad en el contexto de una protesta por reclamos salariales. Esto ocurría después de escenas de represión vividas el 24 de mayo por la tarde, en el mismo lugar, donde la policía intervino para “despejar a los manifestantes” aunque sin informar de quien recibían órdenes.

Al caer la tarde de ayer, una oficial de la fuerza de seguridad pública salteña leyó ante el grupo de docentes la notificación firmada, la noche anterior, por la jueza Zunino. “Ordeno intimar a los manifestantes presentes a abstenerse de llevar adelante cualquier acción (…) que impida el ejercicio de la libre circulación de los ciudadanos”, les informó la oficial. De no acatar lo anterior, la jueza de Garantías advertía a los educadores que incurrirían "en el delito de desobediencia judicial” y autorizaba “el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario”. “Esta orden es de anoche”, explicó la policía a las y los docentes de escuelas públicas salteñas. “No actuamos sin consulta judicial”, continuó ante el murmullo de los educadores. “Estamos intentando de evitar que ustedes avancen hacia la calzada de la ruta”.

Minutos más tarde, se desató la violencia. “Tiraron a un compañero a la ruta y nos reprimieron. Nosotros no hicimos nada, no cortamos la ruta: estábamos al costado, caminando, por favor, ayuden”. Fue el testimonio de una docente de Salta capital, relatando el momento en que eran detenidos. “Nos persiguen, nos persiguen. Por favor difundan. Estamos corriendo hacia el cementerio. Nos refugiamos en la capilla del cementerio!”, pedía otra educadora mientras intentaba encontrar refugio en el Cementerio de la Divina Misericordia.

Un video que compartieron acredita el momento que atravesaron. Los guardias de Infantería persiguiendo a los manifestantes, que escapan a contramano de los automóviles que circulaban por la ruta para no ser detenidos. “Corrimos todo lo que pudimos hasta el Cementerio de la Divina Misericordia. A otra compañera docente de Capital que se quedó atrás la detuvieron”, contó una docente, todavía agitada por la trepada empinada. “Después entraron a la capilla, abrieron el portón del cementerio. Están esperando que salgan para detenerlas. Pude escapar porque me ayudaron las vendedoras de flores del cementerio”, relató entre lágrimas.

“Acá en el día de la patria y a 40 años de la democracia, nos llevan detenidos por pelear por nuestros derechos”. Otro testimonio de un grupo de educadores y educadoras, mientras eran trasladados en una camioneta de la Policía.

Garantías

“Los detenidos que tengo bajo mi cargo son de la ruta 9/34 que fueron notificados ayer”, informó la jueza Ada Zunino en diálogo con este medio. “¿Por qué el derecho a la libre circulación está por encima del derecho a manifestarse?”, le consultó Salta/12. “Porque usted puede protestar de diferentes maneras pero no por eso puede obstruir la libre circulación. La orden fue dada ayer y ellos tenían conocimiento. Ayer hubo hechos de inusitada violencia”, respondió.

"La policía de la provincia está autorizada para hacer despejes y ya estaba autorizada”, insistió la magistrada en relación al corte de ruta docente. La policía, continuó, “podía usar la fuerza en la medida de lo necesario. Tengo entendido que hay denuncias de efectivos policiales por agresiones de supuestos maestros autoconvocados”, mencionó, mismo argumento que también brindó a este medio un efectivo de civil de la Policía de Salta durante la represión del 24 de mayo.

“Aquí hubo una notificación a personas que ayer mantuvieron a todas las personas de la ciudad de Salta prácticamente secuestradas durante seis horas”, agregó la magistrada. “Miles de personas (secuestradas) por la protesta salarial de 50 autoconvocados. Personas ancianas, personas enfermas, menores de edad, ambulancias, comerciantes”, describió. “Aquí nadie reprime la protesta. Ellos han cometido el delito de desobediencia judicial”, siguió. “En el caso de que hubieran tratado de cortar el libre acceso o la libre circulación, también estaría en curso un delito que es superior al derecho a la protesta, que es el derecho a la libre circulación de los ciudadanos”, cerró.

La represión y las detenciones ya motivaron la reacción de un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, académicas, gremiales y de derechos humanos. Los legisladores nacionales Sergio Leavy, Lucas Godoy y Miguel Nanni repudiaron la represión y llamaron al diálogo para encontrar una salida al conflicto gremial docente. La Mesa de Derechos Humanos de Salta repudió "la represión y detenciones sufridas por lxs trabajadores de la salud y educación, que se encontraban ejerciendo sus legítimos derecho a protestar y a reclamar por salarios dignos", además de solidarizarse con las y los trabajadores que protestan, la Mesa (integrada por organizaciones de derechos humanos) exigió "la Inmediata liberación de lxs detenidxs", por cuya integridad responsabilizó al gobierno provincial. 

Tres semanas de paro, sin acuerdo

Dos días antes del fin de semana largo y turístico, que comenzó ayer, 25 de mayo, educadores y educadoras autoconvocados decidieron cortar las rutas después del fracaso en las negociaciones del martes en la sede del gobierno salteño con funcionarios de los ministerios de Educación y Economía. Ayer por la noche, la Asociación Docente Provincial (ADP) emitió un comunicado manifestando su “enérgico repudio ante los hechos de violencia que están sucediendo en Salta”, en relación a la represión del miércoles en el ex peaje Aunor y las detenciones de ayer. Sin embargo, el comunicado firmado por Fernando Mazzone, titular de ese gremio, cuestionó el accionar de las y los docentes autoconvocados. “Los ataques intolerantes y misóginos que sufrió nuestra sede de ADP por parte de un sector de los grupos que se encuentran en protesta, son hechos que no pueden suceder a 40 años de la vuelta a la de Argentina a la democracia”.

A finales de enero, Mazzone afirmaba que la docencia salteña cobraba los mejores sueldos de Argentina. “El acta de paritarias docentes en noviembre de 2022, cerró con un aumento salarial del 98%, pero por una revisión de uno de los códigos, pudieron cerrar en diciembre con una suba cercana al 100%, es decir, por encima de la inflación anual que terminó en 94,8 por ciento”, declaraba en el periódico El Expreso de Salta. Los docentes salteños que rechazan la conducción gremial de sindicatos como ADP, insisten en un salario básico que alcance los niveles del sector incluido por el INDEC como segundo segmento. Es decir, aquellos trabajadores cuyo salario oscila entre 320 mil y 720 mil pesos. Las y los educadores autoconvocados buscan alcanzar un piso de 320.000 pesos en su salario básico, que hasta abril, se encontraba en los 89 mil pesos de base.