Pocos días antes de la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, el femicidio de Katherine Moscoso marcaba un antes y un después en el balneario bonaerense de Monte Hermoso. Kathy tenía 17 años y una leve discapacidad intelectual. Había ido a bailar y nunca regresó. Su familia, allegados y vecinos la buscaron intensamente durante seis días, hasta que su cuerpo fue encontrado en un médano, con signos de haber sido enterrada viva. El lugar había sido rastrillado previamente. Se sospechó que habían plantado el cadáver. El hallazgo generó una protesta en el pueblo y hasta hubo un linchamiento de un vecino al que creyeron sospechoso y nada había tenido que ver. A ocho años del crimen, la muerte de Kathy sigue impune. Este viernes sus familiares volvieron a pedir justicia.
“Estamos en condiciones de decir que el femicidio de Kathy es un femicidio del poder político de Monte Hermoso que encubre a los asesinos”, denunció su tío Ezequiel Moscoso, en un escenario montado en la plaza del barrio Fonavi, donde este viernes colectivos de artistas locales y de los alrededores de Monte Hermoso organizaron un festival de música y una feria de comidas y artesanías para recordar a la adolescente y exigir el esclarecimiento de su femicidio.
Entre lágrimas, habló su madre, Vanesa Moscoso: “Mataron a alguien inocente, que tenía todas las ganas de vivir, que tenía todos los sueños por cumplir y no merecía terminar como terminó”, dijo la mujer. Fue la primera vez que hablaba en público.
Katherine vivía con su tío, hermano de la madre, y con su abuela. “Todo el mundo sabe que a Kathy la crio mi mamá y mi mamá se merece ver a los asesinos presos, donde tienen que estar”, agregó Vanesa.
La causa estuvo archivada y se reabrió recientemente: El tío de la adolescente, que encabeza el reclamo de justicia hace años, apunta al poder político local: “Hay testimonios en el expediente que señalan al hermano del intendente, Martín Fernández, que era encargado del local, y a tres patovicas del boliche Arenas como responsables”, dijo Ezequiel Moscoso a Página 12. La hipótesis de la querella es que “a Katherine la llevaron a una fiesta sexual de la cual no quiso participar, entonces la golpearon, la desmayaron y después hicieron un pozo y la enterraron viva”. También denuncia maniobras de encubrimiento de parte de efectivos policiales. Durante el festival, Vanesa Moscoso pidió por el encarcelamiento del hermano del intendente y del propio jefe comunal.
En el momento del asesinato de Kathy, el gobierno local estaba a cargo del peronista Marcos Fernández --ocupó el cargo de 2011 a 2019-- y en 2021 asumió nuevamente como jefe comunal. El boliche Arenas está cerrado hace tiempo.
Monte Hermoso tiene alrededor de 8000 habitantes. La familia Moscoso denuncia que hay una veintena de testigos amenazados.
“Creemos que la complicidad para encubrir la muerte de Kathy está a partir de que desaparecen todas las cámaras de seguridad. Ricardo Triches, que en ese momento era secretario de Seguridad del municipio, tenía las cámaras en su casa, o sea que pudo haberlas alterado. Hubo amenazas a inspectores”, dice Moscoso.
Ni Martín Fernández ni los tres patovicas que trabajaban en el lugar --y que están identificados-- fueron citados a declarar. Moscoso y su abogado Leandro Aparicio advierten que en la causa judicial hay elementos --testimonios y careos-- que los incriminan.
“El último que fue visto cerca de Kathy fue Martín Fernández en un Toyota Corolla gris, alrededor de las siete y pico de la mañana del domingo 17 de mayo de 2015. Su cadáver enterrado fue encontrado el 23 de mayo, seis días después de haber ido al bailar al boliche Arenas, donde Martín Fernández era encargado”, insiste el tío.
Aparicio, el abogado de la querella, es el mismo letrado que representa a la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció apenas comenzó la pandemia por el coronavirus, en abril del 2020 y su cadáver fue hallado en agosto de ese año en un cangrejal de General Cerri.
La causa que investiga el femicidio pasó ya por varios fiscales. Ahora está a cargo del fiscal Luis Humberto Piotti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Tandil, del Departamento Judicial de Azul, luego de un pedido de la querella para que sea apartada la fiscalía de Bahía Blanca que instruyó el caso desde el inicio. Piotti había ordenado archivar la causa. Ahora fue reabierta.
“La familia de Kathy nos convoca al colectivo artístico AguaViva Monte Hermoso para participar del acto anual en conmemoración al femicidio. Viendo la necesidad de impulsar la causa y de restaurar el tejido social, propusimos crear este festival convocando a agrupaciones vinculadas a la temática, con las que venimos tejiendo red desde AguaViva. Y así se fueron sumando otras agrupaciones locales y personas autoconvocadas que conformamos un hermoso equipo de trabajo para dar a luz este evento”, contó a este diario Josefina Lamarrre de AguaViva.
La autopsia determinó que la joven murió por asfixia por sepultamiento, es decir, que estaba con vida al momento en que la enterraron.
El femicidio dejó heridas muy abiertas en la comunidad de Monte Hermoso.
Durante la violenta protesta que se gestó cuando se encontró el cadáver de la adolescente, fue asesinado a golpes Juan Carlos "Canini" González, de 70 años, un vecino al que se creyó sospechoso. Los vecinos también atacaron a pedradas y prendieron fuego distintos edificios, entre ellos la comisaría, la casa del secretario de Seguridad local y la sede municipal.
Por el homicidio de Kathy, la policía detuvo a la mejor amiga de la víctima, llamada Daiana Sánchez: se la acusó de haberla atacado a golpes por celos, estuvo presa cuatro meses, y luego fue beneficiada con una excarcelación extraordinaria por un magistrado bahiense, debido a que presenta "una discapacidad intelectual de grado leve/moderado". Para la familia de Kathy fue la perejil que necesitaba la investigación para calmar los ánimos. Como sigue imputada no puede declarar como testigo, denuncia la familia de Kathy.
Josué, un joven al que testigos habían vinculado como novio o ex de Katherine pero que negó conocerla, se suicidó en 2018 a los 21 años. Nunca se encontraron pruebas para incriminar ni a Daiana ni a Josué.
Por el crimen de Juan Carlos González ocurrido durante la protesta, un Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca condenó a ocho vecinos del balneario a la pena de cinco años de prisión por el delito de "homicidio en agresión" durante un juicio oral y público llevado a cabo el 29 de mayo del 2017.
“Son ocho años de impunidad. Necesitamos justicia por Kathy”, pidió su tío.