Twitter decidió retirarse del Código de Buenas Prácticas de la Unión Europea (UE) que van contra la desinformación en Internet, aunque tendrá que seguir aplicando sus normas si quiere seguir funcionando en la región, informó este sábado el Comisario de Industria europeo, Thierry Breton.
"Puede correr, pero no esconderse. Más allá de los compromisos voluntarios, la lucha contra la desinformación será una obligación legal en virtud de la DSA (la Ley de Servicios Digitales) a partir del 25 de agosto", tuiteó Breton, en la red social, propiedad de Elon Musk.
Qué es el código de buenas prácticas
El Código de Buenas Prácticas fue creado en 2018 y es aplicado por unas 30 empresas, entre las que se encuentran los gigantes tecnológicos Meta, Google, Twitter, Microsoft y TikTok.
Esas compañías participaron en la redacción del texto, que incluye unas 40 recomendaciones destinadas a establecer una mejor cooperación con los servicios de verificación de la información y a dejar de publicitar páginas que difunden fake news.
Además, impulsa el refuerzo de medidas que tratan de impedir las cuentas falsas, las granjas de bots que amplifican mensajes engañosos o la suplantación de identidad.
La salida de Twitter del código de la UE no fue una sorpresa. Después de haber adquirido la red social, a finales del año pasado, el megamillonario Musk suavizó la moderación en la red social y se muestra proclive a potenciar la voz de propagadores de informaciones falsas.
"Si (Musk) no es serio con el código, casi mejor que lo abandone", dijo este viernes un vocero de la Comisión Europea.
La plataforma dejó de advertir a sus usuarios sobre el contenido potencialmente falso y comenzó a cobrar el "check" azul de usuario verificado, con lo cual dejó de ser una función para distinguir perfiles relevantes.
Está previsto que el código de buenas prácticas entre en vigor el próximo 25 de agosto y se adhieran casi una veintena de plataformas digitales con más de 45 millones de usuarios activos.
Quienes incumplan este código, podrán recibir una multa de hasta un 6% de su facturación anual mundial.
Las empresas estarán obligadas a eliminar rápidamente contenidos ilegales, garantizar que la publicidad personalizada no esté dirigida a menores, y limitar la desinformación y los contenidos nocivos como el ciberacoso.
