Se presentó ayer en el Congreso un proyecto de ley para penalizar la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso virtual y el hackeo de redes sociales y considerar estos actos como “delitos de orden público”, enmarcados dentro de la violencia de género.
“Nuestra legislación en materia de ciberseguridad y delitos informáticos sólo cuenta con la ley 26388, sancionada en 2008, que resulta insuficiente para abarcar otras conductas de tinte delictivo que se perpetran en el mundo online: deja fuera la protección de los derechos personalísimos de las y los usuarios digitales”, dijo la abogada Marina Benítez Demtschenko, autora de la iniciativa que impulsa, entre otros, la actriz Florencia Peña.
La abogada creó la Fundación Activismo Feminista Digital a partir de su propia experiencia: “Fui víctima de pornovenganza. Mi ex pareja difundió material intimo en 2012. Quiero concientizar y proponer políticas públicas a favor de la libertad de expresión de las mujeres en el entorno virtual”.
“Me parece fundamental el proyecto de Marina. Tiene mi apoyo. Sigo desamparada, quienes irrumpieron en mi intimidad y me expusieron no van a tener consecuencias”, señaló Peña, quien hace cinco años fue noticia por la divulgación de un video personal donde ella tenía relaciones sexuales con su entonces marido, Mariano Otero. Para la actriz “el hecho no va a dejar de suceder nunca. Lo primero que aparece en Google cuando ponés mi nombre es ese video que es parte de mi intimidad. No se termina, el delito no se termina”.
La abogada María Eugenia Orbe, secretaría de la Fundación, consideró que “a más de cinco años de explotada la noticia, continúa siendo una marca imborrable para la víctima, pasando a ser parte de su identidad digital. Acá hay un límite entre lo público y lo privado que pareciera ser indiscutible y sin embargo, la difusión del video aún no ha encontrado una adecuada respuesta judicial”.
