Jaime Lamont Smart fue uno de los civiles más influyentes de la última dictadura. Su poder residía en su prédica sobre Poder Judicial, un ascendiente que hay quienes creen que no perdió en estos 40 años de democracia. Si bien desde 2012 empezó a cosechar condenas a prisión perpetua por secuestros, homicidios y desapariciones ocurridos en la provincia de Buenos Aires, ninguna de esas sentencias está firme. Smart levantó la cabeza el 25 de mayo para reivindicar mediante una solicitada al tribunal que creó la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse para perseguir a los militantes de los años ‘70.

Smart tiene 87 años y, desde hace 16, se convirtió –de alguna manera– en protagonista de los juicios que se llevan adelante en La Plata. En 2007, en pleno juicio contra el capellán Christian Federico Von Wernich, los hijos de Jacobo Timerman, Héctor y Javier, lo denunciaron –con el patrocinio de Alejo Ramos Padilla– por el secuestro de su padre. El 15 de abril de 1977, el director del diario La Opinión fue raptado y llevado a distintos campos de concentración que dependían del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.

En los años más álgidos de la dictadura, Smart fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y, como tal, tenía bajo su responsabilidad el área de Seguridad. Después del golpe, Ibérico Saint Jean –gobernador de facto bonaerense– lo convocó y le ofreció la Subsecretaría de Justicia, según cuenta Smart. Antes de que contestara ya le habían mejorado la oferta: el Ministerio de Gobierno, cargo en el que se mantuvo hasta septiembre de 1979 –es decir, en los años de esplendor de los campos de concentración del llamado Circuito Camps–.

Smart conformó lo que se conoció como el “Grupo La Plata” con Saint Jean y con Alberto Rodríguez Varela, quien ejerció como fiscal de Estado bonaerense y después como ministro de Justicia nacional. Como explica la socióloga Paula Canelo en La política secreta de la dictadura, el Grupo La Plata fue una usina ideológica que proponía la creación de una nueva clase dirigente y la edificación de un nuevo Estado –”la tercera república”-- después de lo que ellos denominaban como la agresión “subversiva”. Todo se hacía en sintonía con Carlos Guillermo Suárez Mason, por entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército y uno de los “duros” de la dictadura. De hecho, antes de su secuestro, Timerman decía en La Opinión que la intención de Saint Jean era desbancar a Jorge Rafael Videla para quedarse con la presidencia.

Desde que se sentó en el banquillo, Smart se preocupó por mostrarse ajeno a la represión y, sobre todo, a Camps: su argumento es que, como civil, no podía ser el superior de un militar. Sin embargo, una entrevista que dio a Radio Provincia en diciembre de 1976 –y que citaron los Timerman en su denuncia– lo muestra consustanciado con la causa. “En el Ministerio de Gobierno hemos tenido siempre la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión. Lo cierto es que la subversión no es la subversión meramente armada”, decía entonces Smart. “Hay mucho todavía que averiguar en este país porque la subversión y estos combatientes no nacieron de la nada –evaluaba cuando la dictadura llevaba ocho meses en el poder–. Todo esto fue a causa de personas, llámese políticos, sacerdotes, periodistas, profesores de todas las categorías de la enseñanza que, en su momento, los armaron y ahora han dado un paso atrás para pasar desapercibidos”.

Smart fue condenado a perpetua por primera vez en 2012 en el juicio que se conoce como “Circuito Camps”. Después siguieron las condenas por el centro clandestino de detención “La Cacha”, por la Brigada de San Justo y, a principios de este mes, por dos operativos de marzo de 1977 en los que seis personas fueron asesinadas y tres chiquitos robados de su familia y llevados a un hogar de menores –Casa de Belén– en el que fueron sometidos a todo tipos de abusos. Ninguna de sus condenas fue confirmada por la Corte Suprema.

“Es uno de los personajes siniestros que hubo en nuestra historia y cuya influencia sigue vigente. Se ve en la demora en pronunciarse sobre los fallos condenatorios que tiene”, le dice a Página/12 Carlos Rozanski, presidente del tribunal que lo condenó en La Plata. “Su condena por los delitos más graves fue el comienzo del avance de la investigación sobre los civiles que hoy sigue resistiendo el poder real”, remarca.

“Smart fue condenado y es juzgado como autor de los crímenes de la dictadura porque tipos como él fueron genocidas, no solamente las fuerzas que actuaron como brazo ejecutor”, apunta la abogada querellante Guadalupe Godoy, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Smart es tan homicida como el que apretó el gatillo. Parece que al día de hoy cuesta internalizar esta situación. Al Poder Judicial le costó: le permitían pasar las vacaciones en el sur, llegó excarcelado al juicio del Circuito Camps y, al día de hoy, ninguna de sus sentencias está firme”.

Elogio de la persecución

Durante la dictadura de Lanusse, Smart fue uno de los nueve jueces que integró la Cámara Federal en lo Penal. En los pasillos, se conoció a ese tribunal como el “Camarón” o la “Cámara del Terror”. La Cámara fue una invención del ministro de Justicia de esa dictadura, Jaime Perriaux. Fue un fuero de excepción: estaban abocados a los casos de lo que ellos llamaban “subversión” –por lo que no había juez natural para los militantes– y sus fallos eran inapelables. En la solicitada que promovieron, Smart y sus amigos sostienen que si no se hubiera disuelto el Camarón el 25 de mayo de 1973 –tras la asunción de Héctor Cámpora–, se habría evitado el “baño de sangre” posterior.

El argumento no es novedoso para quienes vienen escuchando a Smart en los juicios. El 2 de noviembre del año pasado, pidió ampliar su indagatoria en el juicio por el Hogar Casa Belén y dijo: “A los critican a la Cámara Federal en lo Penal les señalaría que en los 22 meses posteriores (a su creación) no hubo un solo desaparecido”, se despachó. Eso sí, admitió que la masacre de 16 presos políticos en la base Almirante Zar de Trelew había “empañado” un poco su trayectoria.

“No me extraña que el diario La Nación, uno de los socios de Papel Prensa, publique una solicitada en defensa de Smart o de la ‘Cámara del Terror’”, le dice a este medio el juez federal Alejo Ramos Padilla. “Sus responsables editoriales ya lo habían hecho cuando fue imputado por los hijos de Jacobo Timerman. Tienen la misma actitud que tuvo Mariano Grondona –que durante veinte años siguió entrevistando a Miguel Osvaldo Etchecolatz y evitó hablar de las torturas que le infligió a Alfredo Bravo –que padeció el terrorismo de Estado y el negacionismo”.

La solicitada que reivindica al “Camarón” incluye las firmas de varios juristas que después defiendieron a genocidas como Rodríguez Varela (defensor de Videla), Adolfo Casabal (abogado del dictador y de Etchecolatz), Edgardo Frola (defensor de Samuel Miara y de varios militares ligados a la inteligencia), Eduardo Gerome (defensor del exjefe de la Fuerza Aérea Omar Rubens Graffigna), Fernando Goldaracena (defensor de Alfredo Astiz). También rubricó el exjuez Martín Anzoategui, que allanó los organismos de derechos humanos antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 y, dos años después, mandó a detener a los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Una de las firmas que más llamó la atención fue la de Eduardo Riggi, que hasta este año integró la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país–. En ese cargo, no solo debió revisar infinidad de sentencias en juicios de lesa humanidad sino que también intervino en un pedido de Smart para sacarse de encima al juez que lo investigaba, Ernesto Kreplak. Por supuesto, Riggi le dio la razón a Smart.

“El Camarón es uno de los ejemplos más nefastos del rol que puede cumplir el Poder Judicial en nuestro país siendo parte de la represión y de la persecución política”, opina la diputada del FIT-U Myriam Bregman. “Si bien conocemos y hemos denunciado a muchos de los que firman, no se puede dejar pasar que haya un exjuez de Casación acompañando esa solicitada porque eso habla de la gravedad de la situación del Poder Judicial en la Argentina”.