La decisión del Congreso de Perú de declarar "persona no grata" al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, profundizó esta semana los problemas diplomáticos para la presidenta Dina Boluarte, enfrentada también a Bolivia, Colombia y Honduras, y a partir de este sábado tiene consecuencias económicas porque el mandatario mexicano decidió, en reciprocidad, poner "en pausa" las relaciones económicas y comerciales con el país sudamericano.

"El Congreso no dirige la política exterior, pero no ayuda. (El Ministerio de) Relaciones Exteriores no puede ser arrastrado por el accionar 'bruto y achorado' del Congreso", comentó el experto peruano en asuntos internacionales Óscar Vidarte, al criticar la iniciativa del Legislativo.

"Es cierto que las bases de las críticas de López Obrador son débiles, pero se debe pensar en las consecuencias. Es momento de actuar con inteligencia", apuntó Vidarte.

Usurpadora

El Congreso, controlado por fuerzas de derecha aliadas ahora con el Ejecutivo, descalificó a López Obrador por sus críticas reiteradas a Boluarte, a quien llama "usurpadora" y "espuria" desde que asumió el pasado 7 de diciembre en reemplazo del destituido Pedro Castillo, aliado del gobernante mexicano.

"El problema aquí es que (el mandatario mexicano) no quiere entregar la presidencia pro témpore (de la Alianza del Pacífico, formada por los dos países más Chile y Colombia) y no reconoce a Dina Boluarte ni al Congreso peruano", justificó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva.

La respuesta de AMLO


"Muchas gracias. Me sentiría muy mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza", respondió López Obrador en rueda de prensa tras ser avisado de la declaratoria de no grato, aprobada por 65 votos contra 40.

Tras cartón, AMLO, como se conoce a López Obrador, informó su decisión de suspender las relaciones comerciales y económicas con Perú, aunque destacó que no se trata de una ruptura de las relaciones sino de una "pausa".

López Obrador, que quería darle asilo a Castillo -quien fue detenido cuando se dirigía a la embajada mexicana en Lima -y que se le protección a su esposa y sus hijos, sostiene que el preso ex mandatario fue depuesto por un poder político "racista" y "clasista" que no lo aceptó por su origen pobre e indígena.

En ese marco, el gobernante se niega a entregarle a Boluarte la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, que le correspondería a Perú por las rotaciones preestablecidas.

Para el analista peruano de temas internacionales Farid Kahhat, si esa presidencia pro témpore es tan importante como dicen ahora el gobierno y el Congreso de Perú, "¿por qué éste último no le dio permiso al aún gobernante Castillo cuando iba a viajar a México en noviembre para recibirla?".

"Ahí se ve la importancia que se le da a esa presidencia", remarcó Kahhat al criticar la posición peruana.

Roces


Los roces de Perú con México también se dan con Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, fue igualmente declarado "no grato" por el Congreso por su persistente defensa de Castillo y su negativa a reconocer a Boluarte.

En medio de los roces de esta semana, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, arremetió contra López Obrador y Petro, a los que tildó de "caimanes de un mismo pozo" que conducen en sus países administraciones "mediocres y autoritarias".

Para Kahhat, si Perú considera que esos dos gobiernos son "autoritarios", lo que procede es que el país impugne su presencia en la Alianza del Pacífico. Lo mismo aplica en su concepto para la otra parte, que debería solicitar la exclusión de un gobierno al que dos socios consideran ilegítimo.

Las bases de la Alianza del Pacífico, grupo integracionista con intereses primordialmente económicos, establecen que los países que pertenezcan a ella deben tener gobiernos plenamente democráticos para mantenerse como socios.

Chile defiende a Boluarte


El cuarto miembro de la organización, Chile, defiende por el contrario que la presidencia pro témpore para Perú, lo que ha generado sorpresa y críticas contra el presidente Gabriel Boric, quien como López Obrador y Petro tiene pensamiento de izquierda.

"Creemos que, efectivamente, la presidencia pro témpore le corresponde a Perú. Abogamos porque haya un entendimiento entre nuestros países que permita que eso se allane de la mejor manera posible", dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente.

A diferencia de Colombia y México, Chile ha tenido una posición distendida respecto a Boluarte, al margen de que hace unas semanas hubo tensiones por la concentración en la frontera de miles de migrantes venezolanos a los que ambos países negaban avanzar hacia sus territorios.

"Parece que el hermano presidente de Chile olvida que (Salvador) Allende fue víctima del intervencionismo de la CIA. La presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio peruano corresponde al plan injerencista del Comando Sur para usurpar los recursos naturales de la región, especialmente litio, oro y agua dulce", reclamó el ex presidente de Bolivia Evo Morales.

"La autorización del ingreso de esas tropas, atenta contra la paz en Latinoamérica", añadió en Twitter Morales, al vincular su comentario sobre Boric al reciente permiso entregado por Perú a militares estadounidenses para desarrollar tareas de capacitación.

El ex mandatario boliviano también fue declarado en su momento persona no grata por el Congreso de Perú, lo que le impide regresar a un país al que visitaba continuamente por la frontera durante el gobierno de Castillo.

Xiomara Castro desconoce


Los roces de Perú con Colombia y México han conducido además a la expulsión de Lima de los embajadores de esos países en Lima, medida que no ha tenido reciprocidad, por lo que las relaciones diplomáticas se mantienen, aunque en un punto muy bajo. Igual sucede con Honduras, cuya presidenta, Xiomara Castro, también desconoce a Boluarte.

Desde que asumió en reemplazo de Castillo, Boluarte ha tenido complicaciones con países del área. En diciembre, tras apenas unos días de gestión, la mandataria convocó a los embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia y México para expresar rechazo a las posiciones de sus gobiernos.

Entes internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tienen en la mira al gobierno, en especial tras la represión a las protestas populares de entre diciembre y marzo, que dejaron 49 muertos directos y 28 indirectos.