La jueza de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Virginia Solórzano, benefició de nuevo otorgándole la prisión preventiva con la modalidad domiciliaria a un progenitor imputado por violencia sexual contra su hija, desde que la niña tenía los 8 años hasta los 16 años de edad, cometido en la localidad de Apolinario Saravia. Esa concesión se hizo mediante la condición de un pago en caución de $3.200.000, sin embargo, no se realizó y por ello el abogado querellante, Jeremías Fernández, pidió que se revoque el arresto domiciliario. 

La víctima hoy es una adolescente de 17 años. Recién el año pasado pudo contarle a su abuela y a su madre las vulneraciones que había vivido siendo sometida por su progenitor. La última fue quien radicó la denuncia.

Solórzano dispuso que el imputado quedara bajo la custodia y vigilancia de su progenitor y que tendrá consigna policial ambulatoria, con rondas periódicas tres veces a la semana. Tanto la fiscala María Celeste García Pisacic como el juez de Garantías Héctor Sebastián Guzmán Salustros, habían puesto de resalto el peligro de fuga y de entorpecimiento del proceso, pero estos aspectos, no fueron tenidos en cuenta por la jueza de Impugnación.

Fernández informó a Salta/12 que solicitó hizo una solicitud al juez de Garantías, "pidiendo que se revoque el arresto domiciliario ordenado por el Tribunal de Impugnación porque a instancias de dársele el beneficio, se le ordenó a su vez hacer efectivo el pago de una caución de $3.200.000 dentro de las 72 horas de haberse dictado la resolución, pero incumplieron. El Juzgado los intimó e incumplieron. Reiterado el incumplimiento, la revocación del arresto se impone, sin embargo, aún no fui notificado de algún resultado".

Además, la prisión domiciliaria se concedió para que el acusado permanezca en un domicilio del pueblo vecino de General Pizarro, localidad que no es la de su residencia.

"No contamos con la resolución completa (de la jueza de Impugnación). Sólo se nos notificó la parte dispositiva", dijo además Fernández.

El abogado consideró que para concederle la domiciliaria al imputado, se debe tener por acreditado que no existe peligro procesal, "es decir, que el imputado no se va a profugar ni va a entorpecer de ningún modo el normal desarrollo de la investigación, como que tampoco influirá en eventuales testigos". 

Pero, "la jueza no tomó en cuenta el accionar anterior que tuvo el imputado. Se olvidó deliberadamente del estado de prófugo en que estuvo y que no se puso a derecho estando debidamente en conocimiento de las actuaciones penales que habían en su contra", valoró Fernández

Es la segunda vez que Solórzano resuelve a favor de dicho imputado, ante el primer pedido de detención de la fiscala García Pisacic y la orden del juez de Garantías Guzmán Salustros, los abogados defensores, Matías Adet y Gabriel Roberts, apelaron y la jueza hizo lugar a la petición para que siguiera en libertad. 

Sin embargo, después de la resolución de la jueza de Impugnación, y de una marcha de la madre de la víctima acompañada por vecinas de Apolinario Saravia, la fiscala y el juez de Garantías renovaron aquella vez el pedido y orden de detención, respectivamente. CMR se mantuvo prófugo.

Después la madre de la adolescente se reunió con el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, quien dispuso la remisión de los datos del acusado como prófugo de la justicia para que integre la lista de “los más buscados”, en una página de acceso público dependiente del Registro Nacional de Reincidencia. Recién entonces se entregó a las autoridades dos días después.

El incriminado fue imputado como probable autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia, en perjuicio de su hija desde los 8 hasta los 16 años. 

La denunciante planteó su queja respecto a que el acusado no llegara a cumplir un mes de detención y obtuviera la domiciliaria. Dijo que esta semana participó de una reunión con funcionarixs de la Procuración General de la provincia, a quienes pudo trasladar la problemática que atraviesa con este caso. A ese encuentro fue acompañada por Madres Protectoras de Salta, quienes venían pidiendo una audiencia desde tiempo antes. 

Sin cuota alimentaria, ni obra social, ni trabajo

La denunciante contó a Salta/12 que luego de que detuvieran a su expareja, le pusieron a ella una consigna policial, en el domicilio y también personalizada. Por esta última perdió el trabajo, ya que era asistenta de un consultorio médico y su jefa se molestó porque iba acompañada por una policía. Dijo que no le explicaron desde el juzgado ni la fiscalía el motivo de la custodia. 

La denunciante también indicó que la consigna policial personalizada se la pusieron a ella, mientras que no a su hija. También especificó que ahora le retiraron esa custodia personalizada, y solo tiene custodia en su domicilio. Ante ello le pidió a su jefa que le devuelva el trabajo.

Como si fuera poco, la mujer dijo que el acusado dejó de pagarle la cuota alimentaria, de $41.100, y le dio de baja a la obra social de sus tres hijxs en común, que tienen 17, 14 y 2 años. También indicó que el padre del imputado fue a dejar constancia en la policía de que no podía afrontar el pago de la mantención ni de la cobertura de salud. "Estoy esperando la audiencia de mediación", sostuvo la madre. Dijo que será en distintos turnos, por separado, con el padre y la madre del acusado. 

La denunciante se quedó sin ingresos, y dijo que su familia le está ayudando económicamente a subsistir. Desde el Polo de las Mujeres le tramitaron el acceso al programa Acompañar, pero aún espera que le sea otorgado. No obstante, pese a que el área de la Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad de Apolinario Saravia la venía acompañando en su reclamo, no obtuvo asistencia económica desde estas instituciones locales.