La fiscalía que tiene a cargo la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner decidió darle un corte final a la investigación y solicitó la elevación a juicio oral del caso. Cerró las responsabilidades sobre los tres detenidos y dejó afuera del cerco acusatorio a las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas, varios de ellos vinculados a Juntos por el Cambio.

“La prueba reunida durante la instrucción ha permitido comprobar que la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación”, resalta el escrito de 197 páginas firmado por Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal 2.

Las tres personas que el representante del Ministerio Público pretende sentar únicamente en el banquillo son Fernando Sabag Montiel, el hombre que el 1 de septiembre del año pasado gatilló la pistola Bersa a menos de un metro de la cabeza de CFK; Brenda Uliarte, por haber “prestado su acuerdo y cooperación” en el intento de asesinato; y el jefe de la “Banda de los Copitos”, Nicolás Carrizo, quien “intervino de forma activa en la planificación del suceso”.

Define Capuchetti

A partir de ahora, será la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien decidirá si da o no por cerrada la parte de la investigación que refiere a los autores materiales pero no incluye a los instigadores o autores intelectuales, lo cual abona la teoría de que quienes quisieron matar a CFK fueron "tres loquitos sueltos", tal como lo esbozaron algunos comentaristas y hasta dirigentes de la oposición.

Las imputaciones del fiscal

A Sabag Montiel se le imputó “haber intentado matar, de manera premeditada”, a Cristina Kirchner, “contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”, con una pistola marca Bersa Modelo Lusber 84 y cuyo origen no logró determinarse.

El texto elaborado por Rívolo detalla el paso a paso de cómo fue el atentado frente a la casa de la calle Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Narra cómo actuaron los tres imputados, sus movimientos e intenciones.

Se los imputó los delitos de “homicidio doblemente calificado por alevosía y premeditación”. A Sabag Montiel como autor se le agrega la tenencia de un arma de fuego, Uliarte es partícipe necesaria y coautora, y Carrizo partícipe secundario.

La base probatoria fueron los videos de cámaras televisivas, celulares y de seguridad en la zona, así como también testimonios de decenas de testigos, policías, informes y peritajes, y reportes telefónicos donde constan los mensajes cruzados entre los imputados.

Lo que queda afuera del juicio

Rívolo menciona a las personas posiblemente vinculadas al hecho que, por decisión de la jueza Capuchetti, quedaron afuera de la investigación. Entre ellos, Gerardo Milman, diputado y mano derecha de Patricia Bullrich, quien sabía del atentado.

De hecho, en el requerimiento del fiscal aparece el diálogo por el que aún sigue señalado: “Milman dice textual ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’, a lo cual una de las mujeres le pregunta por el chofer algo así como ‘¿y tu chofer?’, y él le contesta ¿ lo mando a Tucumán por que es un hablador al pedo’”.

Respecto del financiamiento, la fiscalía consideró que “no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica”. Tampoco “que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”.

Lo que para Rívolo resulta “objetivo e incontrastable” fue “que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos”.

“En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos. Al menos así surge de la profusa investigación patrimonial realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)”, dice el escrito.