La convocatoria a elecciones anticipadas que decretó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que suspende todas las actividades parlamentarias previstas, deja en el limbo a más de 60 leyes que no podrán ser tratadas. La lista incluye una reforma del Código Penal, iniciativas en torno a la vivienda y tareas de cuidado. 

La decisión de Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, con lo que se van a quedar sin aprobar más de 25 leyes procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.

Una vez que se publique el decreto de disolución, solo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto.

El Pleno tenía previsto debatir la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de Vox (ultraderecha) y otra de Unidas Podemos (izquierda).

La de Vox era una reforma del Código Penal para, entre otras cosas, castigar con hasta 20 años de cárcel a los presidentes del Gobierno o de Ejecutivos autonómicos que promuevan o faciliten la realización de conductas que busquen "atentar contra la unidad o la integridad territorial de España".

La de Unidas Podemos, en tanto, buscaba obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, ante el caso de Ferrovial, a la que se acusa de practicar "piratería económica".

Asimismo, estaban previstas dos proposiciones, una del opositor Partido Popular (PP), sobre medidas relativas a la vivienda habitual y otra del PSOE sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados.