“Nosotros tenemos que comprarle el aceite de soja en dólares a Cargill o Dreyfus, que están radicadas en Argentina pero son transnacionales, y nos compran nuestro biodiesel en pesos y encima capaz que te lo pagan a 40 días.” Así define Juan Gualberto la encrucijada que vive el sector del biodiesel en la provincia de Buenos Aires. Gualbrto es uno de los titulares de Agro MYG, dueña de la fábrica de biocombustible en Saladillo. Es una de las once pymes productoras de biodiesel en la Provincia que transforman el aceite vegetal en combustible y esperan una respuesta del gobierno nacional para poder tener una mayor previsibilidad en su industria. A la vez hay un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca promover el desarrollo de los biocombustibles en la Provincia y que tiene un amplio consenso de las distintas fuerzas políticas.  

“Tenés que firmar un contrato con estas empresas a por lo menos a tres meses, y no sabes si el precio en dólares que te ponen va a estar por arriba o por debajo del precio internacional”, condena Gualberto. "Te venden al precio que quieren", lanza. Desde su perspectiva, hay un abuso de la posición dominante de las aceiteras, que son las únicas que garantizan “stock y calidad”, lo que obliga a comprarles sólo a ellas.

El aceite de soja es commodity, por lo que su precio lo regula el mercado internacional. Y en dólares. Según cuenta el productor de Saladillo, más del 80 por ciento de su costo para producir biodiesel proviene del aceite. Parte de su disgusto, enfatiza también, está en que el precio para la venta de la tonelada de biodiesel lo regula el Gobierno Nacional a través de la Secretaria de Energía, bajo la Ley 27.640. El precio de venta, por lo tanto, se establece en pesos. “Compramos en dólares para vender en pesos, y con el mercado de cambios como está es imposible subsistir”, afirma.

Además, sostiene que los costos de producción son diferentes en relación a la incidencia de, por ejemplo, la mano de obra. El productor cuenta que su planta tiene 23 empleados del pueblo. Que con esa misma cantidad de trabajadores podría producir más del doble que en la actualidad, que hoy alcanza a un promedio de 550 y 600 toneladas mensuales. Hoy no lo hace, según expone, porque no obtiene ganancias como para pensar en una inversión para ampliar la infraestructura de la planta, algo que desde la firma anhelan hace tiempo. Si pudiera producir más, considera que la incidencia de la mano de obra en los costos de producción sería menos. “Por estas cosas no pueden poner el mismo precio a la tonelada de biodiesel para todos los productores porque las grandes empresas, con la misma gente, producen mucho más.”

Gualberto dice que el peor momento para los pequeños productores llegó con el cambio en la ley que regula la actividad durante el gobierno de Mauricio Macri y que aún sigue vigente. “Antes nos pagaban un diferencial sobre el precio de la tonelada de biodiesel, pero con el cambio en la ley pasamos a ser todos lo mismo, y yo que produzco 8 mil toneladas al año me vende el aceite Cargill, por ejemplo, que tiene la aceitera junto a su fábrica de biodiesel, ambas en el puerto, exporta, y produce más de 50 mil toneladas al año”. Para ambos, el precio por tonelada de biocombustible es el mismo.

“Estamos siempre empatando o perdiendo”, lamenta Gualberto. Dice también que las reuniones con legisladores y funcionarios nunca avanzaron en soluciones. “Antes podíamos competir, pero ahora parece que quieren que cerremos”. “Es muy difícil trabajar así no sabemos cuándo ganamos cuando perdemos, o cuanto nos cobraran el aceite el mes que viene”, remarca.

¿Y en la Provincia?

Desde la subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires los funcionarios señalan que existen varias PYMES de biocombustibles desde hace años en territorio bonaerense y que hay “un interesante potencial para crecer gracias a la importante producción de insumos como la soja”, según explica el titular de la cartera, Gastón Ghioni.

“Entendemos valioso contar con líneas de investigación acerca de sus alcances y ventajas, así como la articulación público-privada para propender a una diversificación inteligente de la matriz energética provincial y nacional”, detalla a Buenos Aires/12, más allá de que el gobierno provincial no cuenta con un área específica que aborde esta industria. “Esa articulación es importante para asegurar el abastecimiento y los recursos necesarios para la transición que ya está en marcha."

Según la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), 11 de las 28 plantas de fabricación de biodiesel para consumo interno del país están instaladas en la provincia de Buenos Aires. Su presidente, Federico Martelli, cuenta a este medio, que es una industria con un “potencial crecimiento”. Pone énfasis en diferenciar a sus representados de las grandes compañías que define como “integradas”: producen el aceite de soja para elaborar biodiesel y a su vez cuentan con la planta de elaboración del biocombustible. Ninguna de ellas, señala, están instaladas a en la provincia. “Ellos no pueden vender a las refinerías del mercado interno, sólo pueden exportar, pero son quienes venden el aceite de soja, teniendo una posición dominante sobre el mercado”, describe Martelli.

Un informe elaborado por CEPREB acusa que las aceiteras como Cargill, Bunge, Vicentín y Molinos comercializan el aceite de soja, principal insumo para la elaboración del biodiesel, “a un precio artificialmente alto”. “Exportan a precio internacional menos las retenciones y a las Pymes nacionales les venden con un sobrecargo de hasta el 30 por ciento”, afirman. Martelli señala que no hay una explicación sobre esta metodología y lo atribuye a que “abusan de la posición dominante”.

De acuerdo a la Ley Nacional 27.640, en su artículo 3, inciso G, las autoridades regulatorias - Secretaría de Energía y Ministerio de Economía nacionales- tienen la potestad de “garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite, en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos.” Aquí centra su reclamo la Cámara.

“Si bien el biodiesel se puede producir a partir de otras materias primas, como algas o aceites usados, tanto por la tecnología que tienen las plantas, por costos y por escala, el aceite de soja es el único insumo para producir biodiesel en los volúmenes necesarios para el corte”, relata el titular de la CEPREB.

El corte es el porcentaje de biodiesel que las refinadoras de hidrocarburos están obligadas a incorporar en los combustibles convencionales. En la actualidad es del 7,5 por ciento. Este número, al igual que toda la legislación alrededor de esta industria, lo fija la Secretaría de Energía de la Nación. Aquí reside otra de las críticas de Martelli, dado que en 2021 el corte era del 10%. No sólo este porcentaje está regulado por una ley nacional, sino que también el precio al que lo pueden vender a las refinerías. “Hoy está atrasado”. “De noviembre a mayo, se recibió 4% de aumento en cada mes, lo que hizo que esté por detrás de la inflación”, dice el titular de la Cámara.

“Mes a mes los fabricantes de biodiesel pierden”. A la concentración y abuso dominante de las aceiteras y el atraso del precio de venta de biocombustibles, Martelli agrega que el aceite de soja es un insumo que cotiza en dólares. “Con la desaceleración del tipo de cambio oficial tienen que aumentar del precio de venta”, pide al Gobierno Nacional.

Pilar, Ramallo, Saladillo, Junín, Malvinas Argentinas, Daireaux y Bahía Blanca, son los municipios donde se encuentran emplazadas las 11 plantas bonaerenses que elaboran biodiesel. En la provincia, cuenta Martelli, no se elabora bioetanol, sólo biodiesel. Estas pymes brindan trabajo a alrededor de 500 personas, según datos de la Cámara. En los últimos informes de la entidad, se contabilizó una producción de 49.250 toneladas de biodiesel durante el primer trimestre del año en la provincia de Buenos Aires. “Cada litro de biodiesel que se produce acá es un menos que se importa de diésel”, afirma Martelli.

Uno de los ejes que destacan desde la Cámara es el aporte a la agenda global de descarbonización y cuidado del ambiente que se realiza al producir biocombustible. “La nueva biolegalidad mundial pondrá a este sector en condiciones inmejorables para contribuir con el desarrollo de la Argentina”, señalan en su informe.

En este escenario, desde CEPREB dicen que el proyecto del senador Andrés De Leo es “bienvenido”. “El crédito que plantea y las facilidades fiscales son importantes, porque la condición de la cotización en dólares del aceite de soja hace que el precio del biocombustible esté atado a su variación”, señala Martelli. “Lo que necesita el sector es previsibilidad”.

La expectativa del representante de este grupo de Pymes es que, de sancionarse esta ley, la provincia de Buenos Aires también tenga una mirada y una mayor participación en la regulación de la industria porque hoy “no tiene una atención particularizada en la provincia”. Martelli asegura que “muchos pueblos se meterían en la discusión energética” y fortalecería la posición provincial dado que, considera, “la producción del biocombustible posibilita discutir la política energética nacional”.

El proyecto

La iniciativa que impulsa el senador de Juntos por el Cambio y miembro de la Coalición Cívica busca incentivar el crecimiento en la producción y el consumo de biocombustibles en la provincia de Buenos Aires. Oriundo de Bahía Blanca, De Leo asegura estar de acuerdo con el gobernador, Axel Kicillof, en que “Buenos Aires es una provincia petrolera”. Destaca el avance en la exploración off shore en Mar del Plata, pero sostiene que no hay un claro apoyo a la producción de combustibles, en este caso, de biodiesel.

La iniciativa impulsada De Leo apunta a declarar “de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles”. En lo que respecta a las medidas específicas para lograr el crecimiento de esta industria, señala que deberán “diagramarse líneas de acción” para incentivar la inversión y diseñarse líneas de crédito desde el Banco Provincia. También agrega la necesidad de evaluar junto a ARBA un régimen de beneficios impositivos.

El consumo es uno de los ejes primordiales del proyecto. Hacia allí están dirigidos los incisos d; e; f; y g del artículo 3. En ellos se habla de “otorgar ventajas competitivas a los proveedores del estado que puedan probar el uso de biocombustibles en su planta automotriz”. También contempla la migración de la flota de vehículos del estado, de sus empresas y organismos, e incluso del transporte público de pasajeros. Es una migración hacia automotores que utilicen biodiesel.

Consultado sobre cómo se realizaría este proceso, De Leo indica que "ya existe la tecnología para el uso de biocombustibles en motores y no usar cortes tradicionales". De hecho, agrega, la Provincia de Córdoba ya experimenta avances en ese sentido. "No se está inventando nada, por eso decimos en la ley que el monitoreo de esta adaptación lo tiene que llevar la provincia de Buenos Aires, tiene que haber relación precio-inversión, con los beneficios de utilizar biocombustibles, sabiendo que es por etapas", explica.

En sus palabras, el proyecto "genera desarrollo, inversión, puestos de trabajo directos e indirectos en las economías regionales", algo que reconoce como política a la gestión provincial aunque advierte sobre la necesidad de un apoyo explícito y puntual al universo del biodiesel. "Estamos hablando de una industria que no sólo genera trabajo donde se desarrolla la empresa, sino que ahora los productores de materia prima tienen un mercado adicional ante las fluctuaciones de los precios de los cereales", agrega, poniendo el valor también el rol del sector como parte de la transición energética.

En la Legislatura, el proyecto en comisión contó con el apoyo unánime de los dos bloques mayoritarios. "Se han incorporado algunas modificaciones propuestas por el oficialismo que estaban bien orientadas, por lo que tenemos expectativas de obtener la media sanción en breve", confía De Leo.