La mirada está puesta en el jueves 1 de junio. Para ese día está convocado el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia y podrían salir resoluciones sobre la presencia de Sergio Uñac a la cabeza de la fórmula para la gobernación de San Juan, la cuestión de las reelecciones indefinidas en la Constitución de Formosa y la fecha de las elecciones en Tucumán. En el entorno del cuarto piso de Tribunales hay versiones de todo tipo. Por un lado, están los que dicen que la nueva mayoría automática, formada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, no quiere profundizar todavía más el enfrentamiento con los gobernadores y por lo tanto desistiría de intervenir en los litigios provinciales. En la misma óptica están los que piensan que se vislumbra una tregua con el gobierno nacional, en especial porque el máximo tribunal necesita fondos para otorgar aumentos de sueldos en la Justicia. Y del otro lado, están los que creen que los supremos mantendrán el nivel de confrontación de los últimos meses y que volverán a subir un nuevo peldaño en la intromisión en las cuestiones políticas. Son alentados por Juntos por el Cambio y un sistema de presiones que rige en el Palacio de Tribunales. Para complicar aún más las cosas, este lunes se conoció la presentación de un poco conocido dirigente del todavía menos conocido partido PAIS pidiendo que la Corte intervenga en la Provincia de Buenos Aires y prohíba la reelección de los intendentes. El texto pide una medida cautelar que, de hecho, suspendería las elecciones primarias en territorio bonaerense. "Si la Corte intervino en Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, por qué vamos a perder tiempo presentándonos ante los jueces bonaerenses. Vamos directo a la Corte", le explicaron a Página/12 los redactores del escrito. En los hechos es un planteo razonable: los supremos se erigieron en monarcas, interviniendo en cuestiones provinciales y políticas, en sintonía con la oposición. 

Los casos más candentes

Es posible que la Corte saque una resolución el jueves sobre el caso San Juan, aunque en cierta forma es el menos urgente, porque las elecciones recién se harían en julio.

Uñac es el candidato a gobernador partiendo de que el texto de la Constitución local permite dos reelecciones. Uñac ganó la gobernación en 2015, renovó en 2019 y quiere renovar en 2023. Lo que le cuestionan es que antes de 2015 fue vicegobernador, o sea que integró la fórmula. Sin embargo, el texto constitucional sanjuanino no es explícito respecto de los vicegobernadores ni hay una prohibición como la que sí rige en otras provincias.

Lo más grave es que, cuando suspendió las elecciones, la mayoría automática sostuvo que el sistema republicano no se verifica cuando hay perpetuación y que requiere, sí o sí, periodicidad. Esos conceptos no figuran en ningún lado y es público y notorio que en democracias consolidadas como Alemania, España, Suecia, numerosos primeros ministros gobernaron durante más de una década y a veces más de dos décadas. Lo mismo sucede con los gobernadores de gran parte de los estados norteamericanos.

Formosa es una papa caliente

Tanto en el caso San Juan como el de Tucumán las constituciones no eran específicas, aunque no prohibían ni la candidatura de Uñac ni la de Juan Manzur. Pero lo de Formosa es taxativo: la Constitución permite la reelección indefinida, como sucede en Catamarca y en Santa Cruz. Lo cierto es que Gildo Insfrán es gobernador desde 1995 y en su anterior reelección cosechó nada menos que el 70,54 por ciento de los votos.

Aun así, dos vertientes de Juntos por el Cambio se presentaron ante la Corte y se remitieron a aquellos dos conceptos, perpetuación y periodicidad sugeridos por la mayoría automática, algo equivalente a sostener que lo republicano implica, indefectiblemente, la alternancia en el poder. Lo que piden, ni más ni menos, es que se declare inconstitucional la Constitución votada por los formoseños.

En una minuciosa columna publicada por Página/12, el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra explicó que las reelecciones indefinidas “no son contrarias a Derecho” -pese a que se definió como no partidario de ellas-. Es más, Ferreyra sugeriría limitaciones a diez años para los jueces de la Corte y los legisladores. Estos últimos no tienen limitación de reelecciones y los supremos siguen en sus puestos, como mínimo, hasta los 75 años. Pero lo nítido es que para impedir reelecciones indefinidas en las provincias debería haber una reforma de la Constitución nacional, no una interpretación arbitraria de los supremos. 

No está claro si habrá resolución de la Corte sobre Formosa este mismo jueves. Página/12 ya señaló las presiones de Alberto Garay, que representa a Tucumán ante el máximo tribunal y es a la vez el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que nuclea a los abogados más conservadores y de los estudios más grandes del país. En los últimos años ha sido muy notoria la ofensiva de esos sectores contra Insfrán y en los medios alineados con el macrismo. Se trata de un mandatario que posibilitó una larga cadena de triunfos arrasadores del peronismo en Formosa y que ahora, además, fue designado por el congreso del PJ como el dirigente que firmará las alianzas para las próximas elecciones.

Y ahora los intendentes

Durante la jornada de este lunes se presentó un nuevo pedido de intervención de la Corte, esta vez en relación con los intendentes de la Provincia de Buenos Aires. El texto tiene la firma Oscar Héctor Alva, titular del partido fundado por José Octavio Bordón, PAIS, y que hoy aparece con vínculos con Juan Manuel Urtubey. El escrito tiene el patrocinio del conocido constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

En concreto, se le pide a la Corte que prohíba la reelección de los intendentes que fueron elegidos en 2019 y que gozan de una cláusula transitoria establecida por el artículo 4 de la ley 15.315 que permite considerar como primer mandato el iniciado en 2019.

Nuevamente se propone que los supremos se metan en las cuestiones provinciales y, en este caso, sin que hubiera pasado por el juez electoral bonaerense ni la Cámara Electoral ni la Suprema Corte de la provincia. Quienes están cerca del planteo le dijeron a este diario: “Si la Corte se metió en Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, ¿por qué no ir directo a la Corte?”.

En realidad, queda claro el panorama. La irrupción de los supremos en las cuestiones políticas abre la puerta a una cantidad infinita de planteos que les otorgan, un poco más o un poco menos, atribuciones monárquicas.

No son competentes

Desde el lado de la Procuración, Laura Monti tuvo que volver a pronunciarse este lunes, esta vez sobre el cuestionamiento a la fecha del 11 junio fijada para los comicios de Tucumán. Ya originalmente, la Procuración les había dicho a los supremos que no es de su competencia meterse en la cuestiones constitucionales provinciales y ahora dictaminó lo mismo en apenas tres renglones: “Las cuestiones aquí planteadas son análogas a las examinadas anteriormente, por lo que habrá que remitirse a los fundamentos y conclusiones de aquellos dictámenes”. O sea, la Corte no era competente en lo referido a la fórmula para la gobernación tucumana y menos todavía lo es ahora respecto de la fecha de las elecciones.

Como se sabe, la mayoría automática -Rosatti, Rosenkranz, Maqueda- desoyó el dictamen de la Procuración, suspendió las elecciones y, por esa razón, Manzur desistió de su candidatura a vicegobernador. Sobre esa base, el máximo tribunal consignó que la cuestión se volvió abstracta y el Ejecutivo tucumano fijó las elecciones para el 11 de junio. No parece que la Corte vaya a intervenir nuevamente, pero nunca se sabe.

"Se abrió la Caja de Pandora, cualquier cosa puede pasar", reconocen en Tribunales.