La ministra de Seguridad Patricia Bullrich sorprendió ayer en su caracterización de los grupos mapuches, a los que llevó al nivel de una peligrosa guerrilla separatista. “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”, sostuvo al justificar la postura represiva del Gobierno ante las protestas en el sur al mismo tiempo que pasan los días y no puede aportar un solo dato sobre el destino de Santiago Maldonado. Bullrich anunció una recompensa para quien aporte datos sobre el paradero del joven y aseguró que el Gobierno se encuentra “a la cabeza” de su búsqueda. La ministra fue citada para hoy por la comisión de Derechos Humanos de Diputados para que brinde explicaciones.    

De acuerdo al panorama que trazó la ministra, las agrupaciones Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) utilizan la violencia como única metodología y sueñan con levantar un Estado mapuche independiente en la Patagonia. “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”, aseguró Bullrich sin ruborizarse. 

En una entrevista radial, aseguró que “nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción”. De paso, también expresó su repudio a la “violencia” en la marcha del lunes en reclamo por la aparición del joven.

“Separando lo que es la desaparición de Maldonado, nos encontramos con una situación de mucha violencia, de gente que pasa todos los límites de los comportamientos democráticos, que utiliza cuchillos, armas, molotov, que rompe todo”, exageró.

Antes, en una conferencia de prensa en la sede de la Policía Montada, anunció la recompensa “para todas las personas que puedan brindar información sobre dónde lo han visto, donde pudo haber estado”. Pese a los indicios en contra, Bullrich aseguró que “acá hay una desaparición y no nos parece bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir o aportar algún dato diciendo que se lo llevó Gendarmería”. Sin embargo, el defensor oficial no abona esta tesis (ver página 3).