"¿Qué pasa después?", se pregunta Amnistía Internacional (AI) ante cada caso de violencia policial. En un informe al que Página/12 accedió en exclusiva, la respuesta de la oficina local de esta organización global de derechos humanos es que luego de una muerte por gatillo fácil, torturas y asesinato en una comisaría o una desaparición forzada lo que sigue es "deficiencia en las investigaciones judiciales, encubrimiento, exclusivo foco en la versión oficial y amenazas", como "algunas de las prácticas extendidas que se observan al interior de las fuerzas y conllevan a la impunidad en los casos de violencia policial". AI afirmó que "todo ello implica una clara vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias". Las páginas del extenso documento repasan casos emblemáticos de todo el país, entre ellos los de Mauro Coronel, la familia Fontana, Blas Correa y Facundo Astudillo Castro. Acorde a los tiempos de campaña, esta entidad que brinda apoyo integral a las víctimas ante la ausencia (o presencia nociva) del Estado, reiteró "a los candidatos que informan sus prioridades para un futuro gobierno su preocupación ante la ausencia de medidas integrales y coordinadas para combatir la violencia institucional". 

A su criterio, las plataformas electorales con aspiraciones a convertirse en planes de gobierno deben plantear el desarrollo de protocolos con "criterios respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos y capacitaciones permanentes". Además, deben producir información fiable, con mecanismos de rendición de cuentas eficaces, y garantizar investigaciones judiciales imparciales, independientes, prontas y efectivas, entre otras necesidades que consideró urgentes. Para AI "la violencia policial y el uso abusivo de la fuerza son una práctica extendida y cotidiana en el abordaje y control de territorios, que exigen una evaluación del rol de las fuerzas de seguridad de la mano de una reforma integral por parte de las autoridades nacionales y provinciales para establecer una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos".

En el informe, AI da cuenta de las dificultades que enfrentan las investigaciones ante hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Fueron analizados casos de investigaciones deficientes en Santiago del Estero, Córdoba, Chaco como así también en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Allí, las víctimas, sus familias, abogados y expertos contaron en primera persona los obstáculos que atravesaron para lograr justicia. En palabras del abogado de Laura Coronel, Ignacio Fernández Camillo, "el caso de violencia institucional no empieza y termina con el palazo". 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó la recepción de 1079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de fuerzas de seguridad de todo el país durante 2021, de las cuales 53 involucran la muerte de personas. Sin embargo, este número solo refiere a las denuncias recibidas por este organismo y para AI no es representativo del contexto nacional. Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria informó al menos 90 casos de muertes por uso de la fuerza policial durante 2022. A su vez, según datos relevados por la sociedad civil (informe de la Correpi), en 2022 cada 20 horas una persona falleció víctima de la violencia policial en Argentina.

Problemas para la investigación y sanción de los responsables

* Falencias en la investigación de todas las posibles hipótesis. Se observa con frecuencia un obtuso ceñimiento a una sola hipótesis, es decir la oficial.

* Inexistencia de una política integral de búsqueda de personas desaparecidas y falta de instrumentos y tecnología adecuada: Un ejemplo de esto es el caso de Facundo Astudillo Castro.

* Incumplimiento de estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Las falencias en las autopsias son recurrentes. Los casos de Mauro Coronel, en Santiago del Estero, Diana Abregú, en Buenos Aires y de Leonardo Bravo, en Chaco, tienen coincidencias en las fallas al momento de realizar las primeras autopsias: presentan irregularidades, solo una versión y falta de datos para las familias.

* Investigación integral que incluya todas las conductas delictivas: En muchos casos se observa la investigación de las principales conductas delictivas, tales como el homicidio o la desaparición forzada, pero se dejan de lado prácticas recurrentes que caracterizan al fenómeno estructural. Su plena naturalización por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades a cargo de la investigación permite la repitencia de hechos de gravedad.

* Ausencia de calificación adecuada de los delitos que muchas veces son sub-calificados, con penas inferiores. Casos donde se ha ocasionado grave sufrimiento a las víctimas, como el caso de detención de cuatro jóvenes qom en Chaco, son etiquetadas como vejaciones, en lugar de ser calificadas como torturas.

* Problemas en la determinación de responsabilidad de mandos de control policial. Por ejemplo, en el caso de Blas Correas, asesinado por la policía cordobesa, hubo tanto encubrimiento como complicidad policial.

* Falta de acceso a la justicia y participación de las víctimas. Procesos sumamente burocráticos, falta de información y ausencia de mecanismos que garanticen la participación influyen para que las familias no logren acceder a su legítimo derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral. Además, en muchos casos denuncian hostigamiento y persecución hacia ellos, sus abogados o testigos.

* Argentina no cuenta con un registro unificado y abierto de todos los casos de violencia que involucran a las distintas fuerzas en todo el país. La información pública sobre las muertes y los asesinatos es sumamente insuficiente.

Recomendaciones

"La violencia institucional refleja un problema estructural que requiere medidas integrales y definitivas, coordinadas entre todas las jurisdicciones del país y entre todos los niveles del Estado", dijo AI. "El control, monitoreo e investigación de las fuerzas de seguridad es una deuda. Además, su violencia es también racista y discriminatoria, ya que sus víctimas suelen pertenecer a grupos en situación de vulnerabilidad y marginalizados, cuyas posibilidades de acceder a la justicia son remotas", agregó.

La ex Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y actual secretaria general de AI, Agnès Callamard se ha referido a la violencia policial como una “epidemia” indicando que “mata preferentemente a las personas pobres, jóvenes y vulnerables”. “Hablo de este fenómeno como epidemia porque no somos capaces de detenerlo y pareciera cruzar fronteras”, señaló.