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La movilización salteña de hoy se replicará en varias provincias que apoyan a los educadores y educadoras salteñas en su pelea por la recomposición salarial. Habrá manifestaciones en Mendoza, Misiones, la Rioja, San Juan, San Luis, Jujuy, Río Negro, Chubut, La Pampa y Tucumán. Desde la Asamblea de Docentes Autoconvocados de Salta confirmaron a Salta/12 que, entre hoy y el sábado, arribarán a la provincia delegadas y delegados de todas las jurisdicciones donde se replica el movimiento de trabajadores públicos autoconvocados.
Una iniciativa que busca regular las manifestaciones o protestas, fue tratada ayer en la sesión de la Cámara de Diputados de Salta. La redactaron las legisladoras Cristina Fiore (bloque Confluir) y Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro) en 2022, para “establecer reglas claras que permitan el ejercicio concurrente de derechos”, según explicaron en los fundamentos. Pese a dormir el sueño de los expedientes largos meses, el proyecto de ley tuvo ayer un repentino movimiento, impulsado por el presidente de la Cámara Baja, Esteban Amat, y Villamayor, que originó su tratamiento sobre tablas. Es decir, alcanzó la media sanción en un tratamiento legislativo por fuera de la agenda que se había establecido para el debate, y en el contexto de un conflicto salarial sin solución hasta el momento.
La docencia y el personal de salud pública continúan con un paro por tiempo indeterminado. En el campo educativo el acatamiento por parte de maestros, profesores y personal de maestranza, escaló en la última semana a porcentajes de casi cien por ciento de adhesión.
El trámite exprés del proyecto desinfló las expectativas de solución para un proceso de protesta que mantienen los trabajadores estatales de educación y salud. Se reclama particularmente la actualización del salario básico, porque las y los trabajadores entienden que esa base retrasa sus haberes frente a la inflación y no les permite integrar el segundo segmento de la Canasta Básica Total. De ahí la insistencia en un piso de $320.000.
Del “no” rotundo a los cortes
Por la mañana de ayer, la docencia autoconvocada esperaba una respuesta del Ministerio de Educación a las demandas que presentaron el lunes último después de la multitudinaria marcha que se movilizó por las calles del centro y macrocentro de la capital salteña. “La licenciada Adriana Saravia (secretaria de Gestión Educativa) me informó que la respuesta es no, porque estaba condicionado (la aceptación de los pedidos contra los cortes de ruta) y (dijo que) teníamos que levantar el paro”, contó Daniel Apaza, docente y técnico de las y los autoconvocados de educación.
Esa respuesta corrió como el agua entre el colectivo docente. Debió llegar a las 9, pero se retrasó 20 minutos. El mensaje enviado desde el Ministerio de Educación echó por tierra una reunión programada para ayer para discutir las variables claves del algoritmo del salario de los educadores públicos. También anuló otros dos puntos del petitorio entregado el lunes durante el encuentro propuesto por el gobierno salteño en la sede administrativa del barrio Grand Bourg. Puntualmente, el sobreseimiento de todos los y las colegas imputados, el no descuento de los días no trabajados a cambio de finalizar los cortes de ruta y presentar las propuestas de recuperación de contenidos.
Mientras los y las docentes esperaban la respuesta en asamblea en la plaza 9 de Julio, la jueza de Garantías Ada Zunino brindaba una entrevista en una emisora radial capitalina. “No hubo represión”, aseguró sobre los hechos del 25 de mayo. Insistió en que las y los docentes “cometieron un delito” al cortar la ruta. Aseguró asimismo que en el despeje “No hubo balas de goma”. Además, negó que la policía hubiera realizado tareas de inteligencia. "Tengo videos donde los supuestos docentes están golpeando a policías”, agregó. Por otro lado, sobre el pedido de desprocesamiento de los 19 docentes que fueron detenidos, aseguró: “El sobreseimiento depende de mí, el gobierno no se mete con la justicia, y mi respuesta es no” en cuanto al pedido de la anulación de las imputaciones que pesan sobre cada uno de ellos y ellas.
Ante la respuesta negativa del Ministerio de Educación, y las declaraciones de la jueza de Garantías, la docencia salteña regresó a las rutas con cortes parciales para visibilizar su reclamo. En Salta capital cortaron al ex peaje Aunor sobre ruta nacional 9, de manera intermitente cada 10 a 20 minutos. Ayer por la tarde, en el escenario de la represión del 24 y 25 de mayo que terminó con 19 docentes y familiares detenidos, la policía regulaba la espera de los vehículos y camiones en los cortes de docentes y personal de salud. También estuvo presente un vehículo de Gendarmería Nacional.
“Nosotros queremos un sueldo digno. No puede ser que un agente sanitario tenga que ganar miseria por un trabajo que realiza casi a pulmón llegando a parajes por caminos que pocos imaginan”, le dijo a este medio la enfermera de un puesto sanitario en Salta capital. “No somos delincuentes”, insistió otra educadora, “lo que pasa es que el gobierno se empeña en desconocernos como un colectivo que demanda una mejora real en nuestros salarios”.
“Criminalizan la protesta social y ahora tenemos que luchar por el sobreseimiento de todas las causas”, explicaba un docente anoche en el campamento de autoconvocados en el ex peaje Aunor. Sobre la ley que pretende regular las protestas, invitó a que “nos movilicemos a la Legislatura el día que se trate el proyecto en el Senado para que no nos quiten el derecho a la protesta y tampoco a todas las organizaciones sociales”.
La búsqueda de soluciones por otros caminos
La delegada de Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el accionar policial contra las y los docentes del pasado 25 de mayo. La denuncia fue acompañada de fotos, videos y testimonios de personas que estuvieron en Aunor y de algunos detenidos.
El accionar de la delegada de la Secretaría de DDHH de Nación se gestionó a través de la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional. Se trata de organismos nacionales con la obligación de efectuar denuncias cada vez que se detectan hechos de abuso policial. El 25 de mayo 19 docentes fueron detenidos en un procedimiento ordenado por la jueza Ada Zunino. Las y los detenidos pasaron la noche en la Alcaidía, tuvieron dificultades para acceder a la representación legal, y fueron imputados al día siguientes por desobediencia judicial y entorpecimiento de las vías de transporte.
Por otro lado, el diputado nacional por Salta, Carlos Zapata (Ahora Salta), ingresó el lunes por mesa de entradas del Congreso Nacional un proyecto de resolución para que el Gobierno nacional sea mediador para solucionar el conflicto docente en Salta. Para el legislador, el conflicto salarial en desarrollo en Salta es grave, la última semana fue acatado por el 90 por ciento de las y los docentes, y hace semanas se vienen denunciando hechos de violencia por parte de la policía salteña.
El lunes, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, destacó a Salta entre las provincias que ya cerraron sus acuerdos salariales en paritarias. “Varias provincias han avanzado en su acuerdo, han actualizado los montos, Salta es una de ellas (…) ahora con un nuevo acuerdo de 34 puntos con aumentos en mayo, junio, julio y un bono”, dijo el funcionario en relación al acuerdo anunciado por el gobierno salteño el viernes 26, rubricado por cinco de los siete gremios docentes salteños.
