Las investigaciones que, entre 2018 y 2020, realizaron Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui Ferrante dieron por resultado el libro Dicen que tuve un bebé, e inmediatamente, entre 2020 y 2023, las tres autoras se embarcaron en otra publicación; Entra una paciente, sale una denuncia. Entre ambos libros, se legalizó en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo, las criminalizaciones por eventos obstétricos continúan.
“Estos cinco años muestran tanto los avances producidos en las luchas por los derechos sexuales y no reproductivos como las resistencias por parte de culturas criminalizadoras y conservadoras”, señala Saralegui, activista feminista y abogada, que da clases y escribe sobre la criminalización de mujeres y personas LGBTTIQ+. Y agrega que para acompañar los avances legislativos -como fue la aprobación del derecho al aborto- son necesarias políticas públicas que den lugar a una implementación plena de la ley y estrategias que sirvan para modificar dinámicas muy arraigadas.
El libro visibiliza a mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. Las autoras comparten que lo que cambió con esas mujeres criminalizadas por eventos obstétricos -sobre todo a partir de la aprobación de la ley- es la posibilidad de visibilizarlas. “Esas mujeres hoy son parte de la agenda feminista a partir de la cual se construyen redes que ayudan a que nos enteremos si están presas o denunciadas por hechos que no son delito sino producto de su capacidad de gestar”.
El secreto médico es un derecho constitucional, sin embargo, coexiste junto a la falta de protocolos a nivel hospitalario y a la ausencia de respaldo a médicas y médicos que lo respetan. Entonces, ¿quiénes son lxs responsables en ese engranaje de procesos penales cuando se vulnera el derecho a la intimidad y a la integridad? María Lina Carrera, que publicó diferentes trabajos sobre derecho penal, derecho constitucional y género, menciona el entramado de condiciones que lo promueven: “La falta de información, la falta de respaldo institucional del personal médico y judicial, la escasa educación al respecto y la falta de formación en general con perspectiva de género”.
Para el libro, las autoras realizaron más de cien entrevistas, indagaron en los programas académicos de las carreras universitarias de medicina y derecho, visitaron hospitales y cárceles, y conversaron con agentes judiciales sobre el problema de la violación al secreto médico profesional. “Definitivamente para pensar propuestas superadoras hay que invitar a las diferentes disciplinas a pensar en conjunto y no separadamente”, sostienen. Por eso proponen pensar en protocolos claros en los cuales el personal médico se pueda sentir respaldado por la ley -que hoy lo hace- y por los demás actores sociales.
El libro da cuenta del problema estructural que existe donde la solución no está en discursos punitivistas. “Lo que consideramos que hay que hacer es repensar la salud como un espacio más democrático, no centrado solo en los procesos biológicos de las personas sino también en sus contextos, en espacios donde la palabra de las mujeres que llegan con eventos obstétricos sea escuchada y respetada sin discriminación”, señala Saralegui.
Las autoras vinculan los estereotipos de la mujer-madre con un entramado sociocultural muy complejo y arraigado. “Creemos que ese estereotipo es una tarea a desarmar desde muchos sectores de la sociedad, en especial debemos erradicarlo de la justicia que nos castiga por no encajar en el estereotipo de esa idea preconcebida de lo que deberíamos ser.” Entonces para desafiar esas dinámicas de criminalización, las autoras advierten que la presencia organizada de la sociedad civil y de la justicia en los centros de salud, mejora el clima para que las usuarias puedan reclamar por el cumplimiento de sus derechos “y que lxs profesionalexs no tengan temor a romper lógicas violentas y de criminalización. La articulación con organizaciones feministas, que luchan contra la violencia obstétrica, por ejemplo, es central para ese objetivo”, observan. Dicen también que es central la organización de lxs profesionales de la salud en redes en las que se puedan apoyar para trabajar mejor, garantizando derechos en vez de replicando modelos violentos. También resulta clave la formación de efectorxs de salud y de quienes trabajan en la justicia. “Cuando hablamos de formación nos referimos tanto a la formación durante su carrera universitaria como luego durante su formación en residencias y posteriormente ya como personas que han terminado su educación universitaria”.
En el libro se pone en relieve la existencia de alianzas que demuestran que un ejercicio de la medicina respetuoso de los derechos de lxs pacientes es posible. Profesionales que se desmarcan del modelo médico patriarcal, que no emiten juicios de valor, ni realizan prácticas discriminatorias. En ese sentido las redes entre profesionales de la salud, una justicia con perspectiva de género y el activismo feminista (como Socorristas en Red), abonan un camino sin estereotipos y libre de discriminaciones. María Lina suma: “En las diferentes entrevistas nos encontramos con muchísimas personas trabajando y luchando para que eso sea una realidad. Porque hacen un trabajo de hormiga aún dentro de estructuras jerarquizadas como el hospital, o en localidades más pequeñas donde encuentran mayores resistencias. Hay muchas personas trabajando en conjunto para interpretar el derecho de una manera amplia, respetuosa de los tratados internacionales de derechos humanos. Y estos espacios permiten que discusiones como las del libro permeen en los hospitales y en los tribunales”.
