La guerra contra las pandillas impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele dejó al menos 160 personas muertas bajo custodia de la policía o militares. La mayoría de las víctimas eran jóvenes. Desde marzo del año pasado, Bukele, con el apoyo del congreso, mantiene al país centroamericano bajo estado de excepción con el objetivo de combatir las pandillas o maras. 

En este contexto, organizaciones humanitarias como la salvadoreña Cristosal, documentaron violaciones a los derechos humanos contra más de 50 personas de la comunidad LGTBIQ. Además, la ONG vio los casos de más de 400 personas desplazadas por la violencia de los agentes estatales y de las pandillas. 

"Enterrados en fosas comunes"

Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la organización de derechos humanos Cristosal, documentó al menos 139 muertes bajo custodia estatal. 

Aunque con los casos de muertes registrados hasta el 26 de mayo "se verificó 160 personas muertas bajo custodia estatal", precisó Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de la ONG salvadoreña.

“Esto no significa que solo ellos han muerto, porque hay testimonios y evidencias (que señalan) que muchos (fallecidos) han sido enterrados en fosas comunes", puntualizó Navas. 

Del total de muertes cuatro son mujeres y el 46,3 % de las personas fallecidas tenían edades entre 18 y 38 años.

https://twitter.com/Cristosal/status/1663281371698044929

Torturas y tratos crueles

La ONG salvadoreña realizó investigaciones de campo en fosas comunes, recolectó documentación gráfica de los cuerpos del IML y se entrevistó con familiares, vecinos y conocidos de las personas que murieron bajo custodia del Estado. También se entrevistó con personas que estuvieron detenidas.

En la investigación documentaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. También identificaron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencian las golpizas, estrangulación, heridas con objetos punzantes, y otros signos de tortura.

Incluso encontraron que en algunos reportes del Instituto de Medicina Legal (IML) consignan como causa de muerte la asfixia mecánica o por inmersión. 

En otros casos denuncian que no existe una correlación entre la causa de muerte registrada en los documentos y la condición que presenta el cadáver. “No son congruentes”, puntualizó Navas.

Desplazamiento forzado

Bajo el contexto de régimen de excepción unas 58 personas de la comunidad LGTBIQ fueron víctimas de violaciones a derechos humanos. 

Las denuncias de vulneraciones a derechos son mayoritariamente de detenciones arbitrarias (96,9 %), seguido de allanamiento ilegal de la morada y malos tratos, indicó Cristosal.

La organización también documentó el desplazamiento forzado de 441 personas por la violencia de las pandillas y los agentes militares y policiales.

 “Ahora los policías y militares son responsables del 21,7 % de los desplazamientos que conoce Cristosal", denunció Navas. Mientras que el 56,2% “sigue siendo cometido por las pandillas”. 

Hace unas semanas el congreso salvadoreño, con una amplia mayoría oficialista, aprobó la decimocuarta prórroga del régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022. Desde entonces más de 69.000 personas fueron detenidas. 

Otras organizaciones humanitarias registraron más de 5.000 víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.