Marcelo Galaz -ex mano derecha del senador de Juntos por el Cambio Dionisio Scarpin- fue condenado a siete años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina cuando ella tenía entre 4 y 11 años. Ayer formalmente tres jueces revisaron el acuerdo abreviado redactado por el cuestionado fiscal Aldo Gerosa,  y dos de ellos lo homologaron, con lo cual Galaz salió esposado de los Tribunales de Reconquista. Su esposa entonces optó por amedrentar a la propia víctima advirtiéndole que "se cuidara", según denunció Natali Romero, familiar cercana de la denunciante, quien agregó que la mujer se "burlaba y se reía de la víctima en su cara". Esto sumó rechazo al conflictivo proceso que cargó sobre sus espaldas la joven que hoy tiene 27 años, y que en 2021 radicó la denuncia,  enfrentando al poder político de la comarca, donde el radicalismo que abreva en Juntos por el Cambio, hace pata ancha.  Es que en medio de la polémica por las denuncias de destratos de Gerosa a la víctima, el propio fiscal reconoció conversaciones telefónicas con el senador radical Orfilio Marcón, quien se confesó interesado por el caso, mientras el fiscal le trasladaba su angustia por no ser considerado para cuatro cargos de juez provincial, cuyo concurso había rendido. El "tome y daca" político fue reconocido por el fiscal regional Rubén Martínez, quien confesó que era usual que un politico hablara con los fiscales y jueces, tratando de obtener información sobre causas judiciales. "También del propio poder ejecutivo llaman", confió.

La causa Galaz deja por ahora mucha tela para cortar: hoy mismo el diputado Fabián Palo Oliver va a presentar públicamente una denuncia penal contra el senador Orfilio Marcón, por su intervención en este  caso. Lo hará acompañado por el diputado provincial Carlos Del Frade. Es que Galaz era del riñón político del senador provincial del departamento General Obligado y del senador nacional Scarpin.

 

 

 

En el transcurso de la audiencia judicial de ayer la propia víctima dijo: "Primeramente, no sabía con qué encontrarme, porque considero que fui revictimizada por todo el trato que recibí por la fiscalía, pero a nadie realmente le importó lo que yo sentía en ese momento. Lo único que les puedo pedir es un poco de piedad después de todo lo que viví por culpa del imputado. Después de todo lo que pasé con la justicia, no me siento en condiciones, ni mentales, ni físicas, ni emocionales si se da un juicio oral y público, no me imagino con esto más tiempo. Cada momento que esto se dilata o aparece un martes 13, para mi es una patada en el pecho y, sinceramente, no puedo creer todo lo que me hicieron, me siento doblemente abusada, doblemente violada y, lo peor de todo es que la justicia a la que yo vine tratando de reparar mi daño, en ningún momento me cuidó. Les pido que tengan piedad. Lo que ustedes están viendo hoy en día, es una mujer de 27 años que está firme, pero cuando yo vine por primera vez, vine a pedir justicia por la nena de 4, de 6, de 10 años, por la adolescente, y por la mujer que me estaba convirtiendo. Les pido que tengan consideración por esa niña que fui. Estoy de acuerdo con este acuerdo y quiero que se firme", concluyó. 

Cabe recordar que el caso tuvo un terna de jueces: al juez Mauricio Martelossi, se le sumaron Norma Senn y Gustavo Gon. Martelossi y Gon deberán fundamentar en los próximos días su aceptación; mientras que Senn también tendrá que explicar su posición contraria.

Luego de la sentencia impartida, Galaz fue trasladado a la cárcel para cumplir con la pena. De esta manera cesó la medida cautelar de prisión domiciliaria en la que convivi con sus dos pequeños hijos, una medida que fue duramente objetada por la anterior auditora de MPA María Cecilia Vranicich, que pidió una dura sanción para Gerosa.

Además de ir a la cárcel, Galaz pagará un resarcimiento de 6 millones de pesos. De esta manera accedió a una pena menor a la que podría haber recibido si era declarado culpable en un juicio oral.

Al principio, el exfuncionario afrontaba la posibilidad de ser condenado a 32 años de prisión. Luego, el fiscal Aldo Gerosa propuso descartar la imputación por promoción de la corrupción de menores de edad, así como los agravantes de la guarda, la convivencia con la niña y el daño a su salud.

El abogado de la denunciante, Leonardo Gabriel Baucero, explicó que este acuerdo evita la revictimización de la mujer en el juicio. Afuera de los Tribunales provinciales de Reconquista, la sobrina del acusado celebró el cierre de la causa delante de una pancarta que decía “Basta de violencia”.