La empresa recuperada La Litoraleña está en peligro de desalojo y sus trabajadores presentaron un proyecto de ley para que sea expropiada. La fábrica, que fue a quiebra,  había podido ser salvada del cierre en 2016 porque sus operarios organizaron una cooperativa. “Llevamos siete años de esfuerzo y de inversiones en maquinarias, mantenimiento, obras para reacondicionar la fábrica y volverla productiva: es ilógico que hoy la lleven a remate y se desguace”, plantean hoy.

El proyecto de ley ya está ingresado en la Legislatura porteña. En la actividad para difundirlo participaron diputados del Frente de Todos, como Claudio Morresi y Matías Barroetaveña. Si bien, por una cuestión de mayorías, es improbable que el proyecto obtenga aprobación, su debate ayudará a hacer visible el caso. Será parte de la búsqueda para abrirle un camino a la cooperativa que da empleo a 50 trabajadores.

El proyecto declara de "utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Girardot 331 y 345", del barrio de Chacarita.

A precio de chatarra

Uno de los puntos clave del tema es que los trabajadores de La Litoraleña son acreedores privilegiados en el proceso de quiebra, porque el antiguo dueño les quedó debiendo salarios, aguinaldos e indemnizaciones. Con un cuantioso crédito a favor propusieron a la justicia, en su momento, comprar las instalaciones, pero les fue negado.

Lo que sí consiguieron, después de muchas dificultades --porque la jueza de primera instancia, Valeria Pérez Casado, inicialmente se opuso y tuvieron que apelar--, fue una medida de continuidad laboral que les permitió gestionar la fábrica. Sin embargo, en 2020 la jueza ordenó el desalojo. Apelaron y la Cámara falló en contra. Volvieron a apelar para llegar a la Corte Suprema, pero el planteo para que el tribunal supremo analizara el caso fue rechazado. Hoy a la cooperativa no le queda ninguna instancia judicial a la que recurrir.

Si la decisión de la justicia se ejecuta tal como está planteada hoy, los trabajadores, acreedores en la quiebra, deberían dejar la fábrica para que se remate. El camino que les propone el fallo judicial es que esperen a que una vez rematado el predio y las máquinas --que desguazadas pasan a tener precio de chatarra-- , cobren su deuda, y que con eso vean cómo montar una nueva planta productiva. 

No al desalojo

En los fundamentos de su reclamo, escritos en el proyecto de expropiación, la cooperativa contrapone al pedido de desalojo y remate la existencia de otros derechos reconocidos en la legislación argentina. Por ejemplo, la ley de cooperativas (20.337) “que precisa numerosas modificaciones en relación a la asignación de derechos y la necesidad de equiparar a los trabajadores y trabajadoras del sector con el resto de la clase obrera”.

También indican que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires “promueve junto a la actividad de la pequeña y mediana empresa al emprendedurismo cooperativo”, término que sintoniza con la mirada de Juntos por el Cambio.

Con la presentación del proyecto de expropiación, comienza un plan de lucha. La semana pasada, tras el fallo que abrió la puerta a un operativo para sacar de la fábrica a los trabajadores, en el edificio de la Litoraleña se convocaron integrantes de otras fabricas recuperadas y movimientos sociales, para informarse y pensar modos de difundir el conflicto. La situación no tiene aún una salida a la vista, aunque es evidente que, si aparece, la solución será política. El presidente de la cooperativa, Fabián Pierucci, resumió a Página/12 que por ahora lo que existe es sólo una determinación compartida: "La voluntad de resistir, con todos los medios posibles, el desalojo".