El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó este miércoles que "Augusto Pinochet fue un dictador, corrupto y ladrón", al reaccionar a los dichos de un constituyente de extrema derecha y a un sondeo privado publicado el martes, en el que un 36 por ciento de los encuestados dijo que las Fuerzas Armadas “tenían razón para dar el golpe de Estado” del 11 de septiembre de 1973.
"Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente antidemócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón", apuntó el mandatario en Twitter. "Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás", añadió.
El mandatario salió así a responderle a Luis Silva, uno de los elegidos por el voto popular para la redacción de la nueva Constitución. Silva pertenece al ultraderechista Partido Republicano de José Antonio Kast, que obtuvo la primera minoría en los comicios del pasado 7 de mayo. Kast ganó la primera vuelta de las presidenciales de 2021 y fue derrotado por Boric en el ballotage.
Silvia dijo en una entrevista, al referirse al dictador, que “hay un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista”. Añadió que Pinochet “fue un hombre que supo conducir el Estado, supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”. Y eludió abiertamente la palabra "dictadura", refiriéndose, eufemísticamente al "tiempo" en que "estuvo a cargo del gobierno". No negó las violaciones a los derechos humanos, aunque dijo que "con toda la gravedad que tienen" no se debe "simplificar" al régimen por esos crímenes.
Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado que lideró Pinochet contra Salvador Allende, y la encuestadora Cerc-Mori indagó en la opinión de los chilenos: un 36 por ciento de los consultados dijo creer que los militares “tenían razones” para derrocar al gobierno democrático, el mismo porcentaje que obtuvo el sondeo hace dos décadas y un 20 por ciento más que el realizado hace 10 años.
Un encuesta que preocupa
Por otra parte, se consultó por la imagen de Pinochet como gobernante y cómo pasará a la historia. Un 64 por ciento lo ve como un “dictador”, aunque continúa el incremento de la percepción de que fue “el hombre que impulsó y modernizó la economía chilena”.
En otra reacción del oficialismo a ese revelamiento, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo a la prensa que le "preocupa" la existencia del negacionismo.
“A 50 años del golpe cívico-militar nos preocupa que exista negacionismo y se pretenda validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó derechos humanos, que masacró a parte de nuestro pueblo y generó heridas hasta el día de hoy”, afirmó.
La vocera también hizo referencia a “una fuerza política” que tiene varios representantes “que se han reconocido abiertamente pinochetistas”, en alusión al ultraderechista Partido Republicano, el más votado en las elecciones de consejeros constitucionales (muchos de ellos en contra de cambiar la Constitución actual).
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó un comunicado por los resultados de la encuesta y asumió que “debe ser tomada como una lección” y destacó a la democracia como “un pilar fundamental del Estado de Derecho”.
“La democracia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y no existe razón que valide su interrupción, la independencia de los poderes del Estado y el respeto a los derechos humanos encarnan sus pilares fundamentales. No hay otro sistema de Gobierno en que las garantías de todas las personas estén mejor resguardadas”, indicó el organismo en un comunicado.
Contra el negacionismo
Paralelamente, un grupo de diputados oficialistas, encabezados por la comunista Carmen Hertz, presentaron un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo, la aprobación o la justificación de violaciones a los derechos humanos, incluso con penas de prisión de hasta 61 días.
“Presentamos proyecto de ley que tipifica el negacionismo a las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile entre 1973-1990 como un delito que afecta la condición humana misma, pues afectan dignidad y la honra de las víctimas, de los sobrevivientes y de todas las personas”, escribió Carmen Hertz en Twitter.
La diputada Hertz argumentó a la prensa que esta medida ya existe en países como Alemania, Grecia o España.
