La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró ineficaz e irregular la inscripción del fideicomiso que lidera Santiago Maratea y se presentará a la Justicia para pedir la intervención del Fideicomiso Maratea Rojo Gogó, que afirma haber juntado ya 800 millones de pesos para pagar deudas del Club Atlético Independiente. En concreto, la IGJ reclamará la designación de un “interventor informante y controlador” porque hubo una maniobra para inscribir el fideicomiso en Neuquén -un distrito ajeno al domicilio del club y también ajeno al domicilio del propio Maratea-, porque no puede estar fuera de control “la captación de ahorro público”; no se puede verificar la legalidad del contrato fundacional; existe el peligro de que se embarguen los fondos recaudados y “está exorbitantemente pautado el punto a gastos y honorarios del fideicomiso”. Según fuentes neuquinas, en el texto original del fideicomiso, que sólo se presentó en Neuquén, se le aseguran a Maratea 35 mil dólares mensuales durante seis meses hasta el tope del 5 por ciento de lo recaudado. La nueva conducción de Independiente, que exhibió cierto alineamiento con el PRO, “privatizó” la colecta y la dejó en manos de Maratea, algo que la IGJ ni legitima ni cuestiona: lo que señala el organismo que lidera Ricardo Nissen es que todo es oscuro, desde el domicilio hasta el contrato de constitución del fideicomiso.
Las dudas del organismo de control
Desde el primer día se plantearon serias dudas respecto del mecanismo armado alrededor de Maratea. Él mismo sembró enorme confusión. Primero, dijo que él tendría un beneficio del 5 por ciento sobre lo recaudado, un porcentaje que sonaba descomunal -serían hasta ahora 40 millones de pesos para su bolsillo-, pero después aclaró que de ese 5 por ciento se pagarían abogados, escribanos y otros gastos. Luego dijo lo contrario: que el 5 por ciento era exclusiva ganancia suya. Y luego aparecieron versiones mezcladas. Desde Neuquén afirman que, de acuerdo a la letra del precario contrato presentado, Maratea se asegura 35 mil dólares mensuales durante seis meses y que esa suma no puede exceder el 5 por ciento del que se habló desde el principio. En cualquier caso, en su resolución la IGJ califica de “exorbitante” la parte que se lleva Maratea. Un dato llamativo: el texto ni siquiera fija a qué tipo de dólar se liquidan esos 35 mil dólares. No especifica si al cambio oficial ni si es en dólares billete. Indefiniciones como estás constituyen irregularidades porque exhiben poca transparencia.
Una respuesta en las redes
El propio Maratea salió a la cancha a refutar las críticas que se extendieron en las redes sociales. "¿Alguien leyó cuáles son las irregularidades que marca la IGJ? Lean chicos. Spoiler alert: están quedando como unas ridículas".
La verdad que el texto de la IGJ sí detalla lo que considera irregularidades. La inscripción en un distrito que no corresponde, la falta de presentación del contrato de constitución, la exorbitancia de los gastos y el dinero que se lleva Maratea, la ausencia de control en el manejo del dinero, entre muchas otras.
Los argumentos de quienes respaldan
Algunos connotados hinchas y socios de Independiente, que apoyan la colecta actual, exhibieron cuidosas respuestas a la IGJ. Entre ellos, el periodista Carlos Burgueño, que adelantó que “se presentarán todos los papeles requeridos, no faltará un peso, y también llamamos a la IGJ a que revise lo que se hizo en el club para que tengamos que salir nosotros a cubrir una deuda que se generó con corrupción”. La referencia obvia es a la gestión de los Moyano al frente del club de Avellaneda.
Desde el club mismo se verificaron gestos contradictorios. Quien puso la firma fue un ídolo, el arquero Miguel Angel Santoro, y la presentación se hizo en la sede de Independiente. Pero las declaraciones de los dirigentes han sido más bien escuetas y siempre responden que no conocen y son ajenos al funcionamiento del fideicomiso. Están los que argumentan que el desprestigio general de los dirigentes de fútbol imposibilita la realización de una colecta como la actual, encabezada por el club mismo.
Derechos de los socios y aportantes
La IGJ justamente controla la constitución de sociedades y las formas modernas de asociación para preservar los derechos de la ciudadanía o de una parte de la ciudadanía. En este caso, particularmente los socios e hinchas de Independiente que, de manera emocionante, aportan dinero para sacar de la crisis a la institución. Por eso la IGJ advierte que debe haber un control: tienen que estar claras las limitaciones que tienen los que manejan el fideicomiso, cuál es el procedimiento de liquidación, quiénes son exactamente los beneficiarios y muchísimos puntos más.
Hay un punto de máxima importancia en la colecta y que le llamó la atención al equipo de Nissen: el dinero está resguardado en Mercado Pago, que no es una identidad financiera reconocida por el Banco Central. Figura como una sociedad mercantil, no financiera, dice la IGJ. Por las declaraciones públicas, allí están depositados en este momento los 800 millones de pesos recaudados. Pero nada se dice sobre los intereses que en la actualidad podrían redondear un mínimo de 70 millones de pesos mensuales. Hay menciones de que ya se cobran intereses, pero no está claro ni documentado.
“Estamos ante el privilegio de un patrimonio separado de afectación especial”, por lo tanto, tiene que tener control para que no ponga en riesgo el patrimonio de Independiente, concluye la IGJ.
"No lo presentaron"
“No pedimos nada excepcional -le dijo Nissen a Página/12, en un breve diálogo-. Simplemente, que presenten el contrato del fideicomiso, como lo pedimos en todos los casos. Les dimos plazo. No lo presentaron. Volvimos a darles plazo. Tampoco. Después dijeron que lo harían antes del 25 de mayo. No lo hicieron. Es obvio que la IGJ debe controlar que no haya un fraude a los aportantes y a Independiente. Por eso la resolución”.
De estas palabras se deduce que Maratea nunca presentó ningún contrato y que sólo lo hizo en Neuquén, donde fijo “domicilio especial”. Para la IGJ eso enciende la sospecha, porque Independiente, como todo el mundo sabe, tiene sede en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y Maratea tiene domicilio en la calle Conde, de CABA. La inscripción se hizo en Neuquén porque es un distrito en el que se puede presentar un contrato y el organismo de control no tiene facultades para revisar u opinar sobre el contenido. Tanto Maratea como Independiente deberían aspirar a más controles, no a menos controles.
Próximos pasos posibles
Un camino que tienen Maratea y Santoro, el otro firmante, es inscribir el fideicomiso como corresponde en la IGJ y someterse al control que tienen todas las sociedades y todos los fideicomisos. En su resolución, el organismo enumera todas las veces que intervino en casos similares y que, además, derivaron en causas judiciales.
Si no hay inscripción en los próximos días, la IGJ se presentará, seguramente ante la Justicia Civil, para que un juez designe un interventor-observador, que verifique todo lo que se hace y objete las irregularidades si es que las hay.
Quienes conocen el mundo de las sociedades afirman que, sin control, los fideicomisos son como sociedades offshore: manejan cifras gigantescas al margen de toda normativa.