Un misterio recorre la política bonaerense. Hasta ahora nadie pudo develar qué hay detrás de la presentación que hizo ante la Corte Suprema Andrés Gil Domínguez. A pocos días del cierre de listas, apunta a trabar el régimen actual de reelección de los intendentes. Mientras buscan respuesta, los dirigentes políticos de uno y otro lado no banalizan la maniobra. No solo por el jurista que la presentó, un abogado de 56 años especialista en Derecho Constitucional. Sobre todo por el cuerpo al que fue elevado: si hacía falta una pizca más de sospecha sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el último fallo invalidando al sanjuanino Sergio Uñac como candidato ofrecer elementos para pensar que los cortesanos, si quieren, pueden actuar a gran velocidad.

Domínguez, graduado en la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerce la docencia, fue el elegido por Oscar Héctor Alva, el apoderado de un partido bonaerense llamado PAIS, para elaborar la presentación ante la Corte. 

El texto, que además reclama nada menos que la suspensión de las PASO, pide que se declare la inconstitucionalidad de un artículo de la ley provincial número 15315. Esa norma fue sancionada en diciembre de 2021. Modificó una reforma impulsada por María Eugenia Vidal en 2016, que limitaba a dos la cantidad de períodos consecutivos en los que un intendente podía ser elegido.

Los fundamentos

Consultado por Buenos Aires/12, Gil Domínguez sostuvo que la ley vigente “crea una situación de privilegio para una minoría, porque cualquier bonaerense tiene derecho a dos períodos consecutivos, pero hay 91 personas que tienen derecho a tres”. También dijo que dicha ley es contraria al espíritu de las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos.

Para Gil Domínguez, “la presentación también está basada en el antecedente reciente de las cancelaciones de las elecciones en San Juan y Tucumán, decididas por la propia CSJN". Dijo que "esto es lo mismo, y veremos si se comporta de igual manera tratándose de Buenos Aires”. Gil Domínguez quiere esquivar el terreno de la política.  "Soy un técnico, me encargaron un trabajo y lo hice”, dijo. Y advirtió: "Desconozco qué va a pasar, porque la corte no tiene plazos para expedirse, ni un cronograma ni un orden de llegada”. 

La polémica, sin embargo, se debía a que la ley sancionada en 2016 pretendía modificar un derecho que los afectados tenían ya en 2015. Su talón de Aquiles era (¿es?) la retroactividad. "Ninguna ley es retroactiva", sostiene un prinicipio básico del derecho.

La senadora peronista por la Primera Sección María Teresa García, ante la consulta de Buenos Aires/12, afirmó que "el artículo en discusión en el texto de la ley de Vidal era confuso, estaba mal redactado y por eso lo que se hizo después fue una reinterpretación". 

A la vez, la norma impulsada por la ex gobernadora, para García, tiene un problema de legitimidad de origen. "Hay que preguntarse si la ley de 2016  tenía realmente un espíritu de fortalecimiento democrático o era una medida oportunista, con fines electorales. Por algo, cuando se enmendó, se hizo con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas." 

García, además, contraatacó. "Es por lo menos llamativo que los miembros de la Corte, que lo son de por vida, se metan en el tema de las reelecciones. Los legisladores pagamos ganancias, presentamos declaraciones juradas, damos la cara ante los medios y la sociedad, ¿Y ellos?" Agregó que "históricamente, la Corte derivaba esta clase de planteos a las justicias electorales de las provincias, así que habría que ver el porqué este cambio". Además de San Juan y antes Tucumán, casos en los que la Corte intervino más allá de sus funciones judiciales, según sus críticos, el tribunal tiene en sus manos un pedido del radical formoseño Fernando Carbajal para que la Corte declare inconstitucional la reelección indefinida del gobernador. El blanco apuntado es Gildo Insfrán, quien acaba de ser elegido por el peronismo como articulador de las alianzas electorales. Carbajal hizo el pedido antes de que Insfrán fuera oficializado como candidato a gobernador, y por otra parte la Corte debería declarar inconstitucional a la Constitución formoseña. "Si la Corte hace lo que dicen los pedgüeños de la oposición sería directamente borrar el federalismo", advirtió Insfrán.

 Quién es quién

Oscar Alva, el impulsor de la movida judicial, declinó hacer declaraciones hasta tanto la Corte se expida sobre su presentación. Reenvió las consultas a su contratado Gil Domínguez.  

El partido PAIS, que Alva preside a nivel bonaerense, nació a mediados de los noventa, como una escisión de un sector del justicialismo, entonces encabezado por el dirigente mendocino José Octavio Bordón, crítico de la orientación neoliberal del presidente Carlos Saúl Menem. En 1995, Bordón compitió por la presidencia bajo la sigla FREPASO, pero su sociedad con el Frente Grande se rompió antes de que éste se integrara a la UCR en la Alianza. En 1999, PAIS apoyó la candidatura de Eduardo Duhalde. 

Alva no  pertenece a esa generación sino a la siguiente -tiene 55 años- y su crecimiento al interior de la estructura no estuvo exenta de conflictos. Los partidos políticos suelen tener dos destinos: o encarnan un proyecto político propio o se alquilan al proyecto político de un tercero. Las intenciones de Alva de ir por este último camino eran demasiado visibles para los pioneros de PAIS. 

Finalmente, Alva logró despertar el interés del massismo por "su" partido. En 2017, fue retribuido con el puesto 20 en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del frente 1País, boleta que encabezaba Felipe Solá en esa categoría y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, a senadores. Alva se desempeña como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación desde diciembre de 2019, pero últimamente no asiste, ya que se encuentra con licencia médica y su salud es muy delicada. 

Quienes le atribuyen relación con el mercedino Carlos Selva, diputado por el Frente Renovador y tres veces intendente de su distrito, se toparán con una negativa. Selva negó conocer a Alva y agregó que, "en la cuestión de fondo, estoy en contra de las re reelecciones y siempre lo estuve, pero este planteo no es serio porque sólo busca encarajinar la política". 

Consultados por este diario, dirigentes del massismo negaron cualquier vinculación con Alva. 

Alva está inscripto en AFIP como monotributista, bajo la actividad "servicios de organizaciones políticas", en la categoría D, con un tope de facturación de unos $215 mil pesos mensuales. El enigma que no termina de resolverse es por cuenta y orden de quién actúa y qué intereses u objetivos persigue. 

Los que ya se bajaron

Antes de la presentación judicial, ya había una lista de intendentes que desisitieron de ir por un nuevo mandato 2023/2027. Entre los oficialistas, es el caso de Juan José Mussi (Berazategui), cuyo sucesor aún no se conoce, y del actual ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis (San Martín), hoy remplazado por Fernando Moreira. 

Por el lado de JxC, es el caso de los alcaldes del PRO Martín Yeza (Pinamar), Héctor Gay (Bahía Blanca) y Mariano Barroso (9 de julio) y de los radicales Gonzalo Peluso (Magdalena), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Miguel Fernández (Trenque Lauquen) y Edgardo Battaglia (General Arenales).