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La promesa había sido hecha en febrero por parte del Estado, el 1 de junio se vencía el plazo para cumplirla. Por eso se tensó el encuentro ayer en la secretaría de Derechos Humanos cuando los representantes de las comunidades plantearon que no se irían sin la firma de la devolución del rewe (espacio ceremonial) a la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. Tras un cuarto intermedio y una comunicación con Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, finalmente el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, anunció que "el Estado se compromete a reconocer el rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche a fin de que la machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales". A criterio de Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas, se lograron "avances importantes". En paralelo, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal dejó más cerca de la libertad a Celeste Guenumil, una de las mujeres mapuches que estaban detenidas desde octubre pasado luego del violento desalojo de la comunidad.
Tres rucas
Luego de largas horas de intenso debate, el comunicado oficial de la Tercera Mesa de Diálogo, informó que "se construirán tres rucas (casas) para la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan Nahuel, una para los pacientes y los elementos de la medicina tradicional mapuche, otra para los colaboradores de la machi y la tercera para que viva ella y su familia, con permiso de uso en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi". También dejaron "expresa constancia que el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu será reubicada en otro terreno, a definir en el marco de la Mesa de Diálogo en las próximas semanas". Además, se firmó el compromiso de presentar en los juzgados donde están imputadas penalmente las mujeres mapuches un "acuerdo de conciliación en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal".
Por parte del gobierno participaron el presidente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) Alejandro Marmoni; Silvia La Ruffa, secretaria de Articulación del Ministerio de Seguridad; Federico Granato, presidente de Parques Nacionales, y Carolina Varsky, subsecretaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Entre los referentes mapuches estuvieron Orlando Carriqueo, May Eusebio Antieco, Juana Antieco, Carlos Curruhuinca, Daniel Loncon, Maria Nahuel, Soraya Guitart y Fernanda Neculman, entre otres. Y entre los veedores que acudieron estuvo Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, María José Venancio, Cristina Caamaño y Andrea Reile.
Los ánimos se habían vuelto a caldear porque en las últimas horas el rewe apareció vandalizado, y las comunidades acusaron a quienes custodian el sitio, integrantes del Comando Unificado. Por esto, en el último punto del acuerdo alcanzado ayer el ministerio de Seguridad se comprometió a garantizar la seguridad del rewe.
Luego de tres postergaciones, las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche esperaban con ansiedad que finalmente pusieran la firma prometida en la mesa de diálogo realizada el 10 de febrero en la Casa Rosada, cuando se acordó el retorno de la machi al rewe y al territorio donde podrán reconstruir su casa. Parques Nacionales había accedido a ceder siete hectáreas, más otras 10 en el lago Guillelmo, relocalizando a la comunidad. Una larga lista de organizaciones, entre ellas las nucleadas en la Multisectorial contra la Violencia Policial de Bariloche, exigió a los funcionarios que pusieran su firma sin más dilaciones. Y reiteraron el pedido de disolución del Comando Unificado porque "solo trae detenciones, torturas, desapariciones y muerte".
Cuatro de las siete mujeres mapuches detenidas durante el operativo del 4 de octubre de 2022 están procesadas por la jueza federal María Silvina Domínguez. Son la machi Colhuan, Romina Rosas, quien debió dar a luz con custodia policial, Luciana Jaramillo y María Celeste Ardaiz Guenumil. Tras casi ocho meses, siguen bajo arresto domiciliario con nueve niños y niñas en una casa en Bariloche con enormes deficiencias básicas --calefacción insuficiente, sanitarios deficientes e instalación eléctrica riesgosa-- y una alimentación dependiente de la solidaridad de "vecinos conscientes” como los llaman.
La semana pasada se realizó allí un trawun (reunión donde circula la palabra) que contó con la participación de Isabel Huala y militantes de organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos, comunicadores populares y vecinos de las provincias patagónicas. Del encuentro surgió un comunicado que denunció que “el Estado no solo se ha desentendido de su responsabilidad, sino que las está dejando morir lentamente. Las mujeres, niños y niñas están afectadas en su salud física, psicológica y espiritual”.
¿"Elegir bien el padre"?
En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de una de las mujeres mapuches detenidas desde el 4 de octubre pasado, cuando se produjo el violento desalojo de esta comunidad indígena por parte del Comando Unificado de fuerzas represivas, bajo la orden de la jueza Domínguez. Con gases lacrimógenos y balas de goma, efectivos de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Federal y Prefectura destruyeron las viviendas y luego de perseguir a algunos de los jóvenes mapuches que escaparon hacia el cerro y el bosque, detuvieron a siete mujeres de la comunidad junto a sus bebés y niños. Así, Celeste Guenumil quedó más cerca de la libertad porque no está imputada en la llamada "causa madre" por la usurpación de ese territorio, como sí lo están sus otras tres compañeras de cautiverio.
El máximo tribunal penal del país hizo lugar al recurso de la defensa de Guenumil contra la resolución que rechazaba su excarcelación, al considerar que la misma "carecía de perspectiva interseccional que receptara su calidad de mujer mapuche", y también atendió el "principio del interés superior del niño", en referencia a sus tres hijos. La sala II del tribunal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, hizo lugar a los reclamos de la defensa sobre la "falta de perspectiva de género y de abordaje de conflictos con comunidades indígenas".
En tal sentido, el juez Slokar, que lideró el acuerdo, indicó que “los estándares legales en materia de género y de abordaje de conflictos con participación de integrantes de comunidades indígenas demandan una aproximación a la concreta situación de la encausada que recepte la interseccionalidad de sus vulnerabilidades”. En el marco de los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios, destacó en que “los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros”.
El magistrado enfatizó que al rechazarse la excarcelación se habían utilizado argumentos que ”se sostienen en el estereotipo de género que obligaría a la madre a escoger `adecuadamente´ al progenitor de sus hijas”. Este planteo --dijo Slokar-- desatiende los compromisos asumidos por el Estado al suscribir la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Asimismo, el tribunal censuró la resolución del juez de primera instancia, Hugo Greca, por no haber considerado el interés superior de las tres hijas de la imputada, de 10 meses, 6 y 9 años de edad, y que no se había verificado la existencia de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. El fallo de Casación tuvo en cuenta que si bien al rechazarse la excarcelación se había indicado que se avizoraba la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional, ello había sido dejado de lado.
