Juana, de la Comunidad wichi Kilómetro 20, murió en los pasillos de la guardia del Hospital luego de esperar durante más de 5 horas atención médica. Estaba embarazada de 7 meses, nadie se preocupó por el niño por nacer y también murió. Al enterarse de lo sucedido, su familia y amigos se acercaron al hospital, estaban muy tristes y enojados. En medio de un clima revuelto, el padre de Juana pidió en voz alta calma a todos y comentó que se iba a dirigir a la comisaría más cercana para cumplir con el artículo 4 de la nueva Ley Antipiquete. Al llegar a la comisaría y anunciar que él y su familia iban a manifestarse fuera del hospital, y que por la cantidad de gente que allí se había congregado era probable que utilicen la vía pública también, el policía, sentado detrás de un escritorio, con sonrisa burlona y ojos incrédulos le dijo: “¡Rajá de acá mataco, no me rompas las pelotas, que tengo cosas más importantes que hacer!”.
Luego de dos días en el río Bermejo, tres jóvenes de la comunidad wichí San Carlos volvían a sus hogares con los frutos de la pesca que el ‘dios del río’ les había concedido, al igual que a sus padres y abuelos en otro tiempo. No era época de veda ni nada, igualmente ellos saben que existe un reglamento de pesca artesanal de subsistencia para las comunidades originarias de Salta. A lo lejos vieron que estaba la Policía Fluvial justo antes de la curva, no se asustaron pero se preocuparon, siempre les hacen problemas. Al pasar por el improvisado control, la policía les exigió los “carnet de pesca” y no sé cuántas cosas más, todo esto por 6 sábalos que llevaban para comer con sus familias. El organismo responsable de los “carnet de pesca” nunca había llegado a su comunidad, y sus oficinas estaban en Salta, y cuando llamaban por teléfono nadie atendía. Les sacaron la comida y la prendieron fuego frente a sus ojos, mientras los policías reían. Los jóvenes y su comunidad estaban hartos de soportar tanta injusticia y tanta hambre y decidieron manifestarse. Pero el cacique, un anciano muy sabio, les comentó que primero debía ir a la comisaría más cercana a cumplir con el artículo 4 de la Ley Antipiquete. El único problema es que la comisaría quedaba a 13 kilómetros y el camino estaba imposible porque estaba lloviendo. Se le ocurrió llamar a dos diputadas que habían aprobado la Ley, ellas seguro lo ayudarían a evitar que “colisionaran” derechos (Artículo 6). Una diputada nunca atendió y la otra le dijo que estaba muy ocupada y le pasó el contacto de un secretario, que nunca atendió. El cacique no se dio por vencido y fue en moto hasta la comisaría, pidiendo prestado para el combustible. Al llegar, no sin antes caerse dos veces por el barro y el estado de los caminos, se encontró con los mismos policías que habían secuestrado y quemado el alimento. No le quisieron tomar la denuncia ni le permitieron cumplir con el artículo 4.
Las organizaciones que trabajan socialmente en casi todos los rincones de la Patria decidieron en asamblea realizar una jornada de lucha contra el ajuste que impone el acuerdo con el FMI. La jornada se realizaría en todo el país en lugares estratégicos, uno sería la rotonda de Pichanal. Realmente la situación socio económica de cientos de miles de familias era muy complicada y el futuro no parecía mejorar. Fueron a la comisaría a cumplir con el artículo 4, el policía les tomó todos los datos con mucha amabilidad y predisposición, pero los referentes no quisieron dar sus datos personales por miedo a la persecución que eso podía significar. Luego de discutir unos minutos el policía aceptó y fue a consultar con sus superiores. Volvió a los 20 minutos. Les comentó que no iban a poder manifestarse ya que no se podía cumplimentar con el artículo 7 de la Ley Antipiquetes, que indica “la mediación mencionada en el artículo precedente, a la que podrá ser convocadas las autoridades que inherentes a la materia objeto de la protesta, tendrá por objeto establecer las condiciones del cese de la perturbación, e identificar claramente las demandas de los manifestantes, a fin de canalizarlas a través de las autoridades competentes”, y en Salta “no hay ninguna oficina del FMI”.
Estos son simplemente algunos ejemplos “ficticios” de la realidad que vivimos y vamos a vivir.
Realmente cuesta entender el objetivo político y mediático del tratamiento sobre tablas de la Ley Antipiquete en la Cámara de Diputados de la Salta, el mismo día de las declaraciones de la jueza Zunino y en medio de un conflicto con docentes y trabajadores/as de la salud que ha logrado la adhesión de buena parte de la sociedad luego de la represión y las detenciones del 25 de mayo. Parecería que dos poderes del Estado quieren arrojar combustible a una situación extremadamente inflamable.
Esta ley parece escrita por un gorila y un marciano, no solamente por su sesgo ideológico sino por el casi total desconocimiento de las situaciones estructurales y coyunturales que provocan las protestas en nuestra provincia. Una provincia muy desigual, con índices de pobreza, de NBI, de desnutrición y de violencia de género altísimos, entre los mas altos de nuestro país. Con una situación económica nacional y mundial difícil que hace que vivir cueste cada día más. No intento aquí analizar culpas o responsabilidades, pero no es un solo gobierno ni se puede limitar a lo acontecido los últimos años. Pero teniendo en cuenta esta realidad, especialmente en el norte de la provincia, una ley como esta es de una falta de humanidad total. Casi una declaración de guerra contra los/as pobres. Casi un pase al olvido o a la ilegalidad a los que sufren las injusticias.
La protesta social es un derecho, y antes de ser un derecho es un medio, un recurso, por lo general el último, para lograr mejoras en nuestras vidas. No es novedad. Existió siempre y fue variando la forma y la metodología. Y hasta ahora la única forma de disuadirlas ha sido con diálogo, acuerdos y soluciones. La represión y criminalización nunca han logrado nada bueno. Aprendamos de nuestra historia y de la sangre derramada en la ruta 34.
Hoy en muchos municipios de nuestra provincia vemos carteles de las obras de integración socio urbana que se están ejecutando en los barrios censados en ReNaBaP gracias a la SISU y al Ministerio de Desarrollo de Nación. ¿Sabrán que la ley de barrios populares la ganamos primero en la calle y luego en el Congreso? ¿Saben que gracias a la movilización callejera obtuvimos esa Ley y se hacen esas obras?
Lo mismo con los trabajadores y trabajadoras que perciben el Potenciar Trabajo y que cumplen sus horas de trabajo en la provincia, los municipios, organizaciones sociales o eclesiales, y que hacen una labor fundamental. Fue fruto de la lucha, la movilización y la protesta por la Ley de Emergencia Social que le arrancamos al macrismo. Donde el Estado reconoció a esos trabajadores/as sin derechos y se avanzó unos pasos en defensa de ese sector de la sociedad.
Debemos encontrarle una vuelta real y posible a la situación de pobreza e injusticia que se vive en la estructura y coyuntura de nuestra provincia y el país. Debemos trabajar articuladamente para que ninguna comunidad, familia, organización o sector de la sociedad tenga que estar cortando una ruta para ser escuchado/a. Los problemas no se resuelven simplemente con una Ley que los declara ilegales, eso solo puede significar más conflicto y más complejidad. No podemos criminalizar personas, familias o sectores que luchan día a día para vivir, ni tampoco debemos llenar los juzgados con causas de este tipo, que ya bastante trabajo tienen.
Las movilizaciones por el agua en el norte, por el sistema de salud, por la educación, por el trabajo, contra el chineo, por las paritarias, contra el ajuste, no son sorpresas o novedades. Conocemos la realidad, estamos ahí. Ninguna ley podrá actuar de dique de contención de un río cuya fuerza crece y crece. Trabajemos mancomunadamente para que esa fuerza pueda encauzarse y así lograr las soluciones. No dividamos la sociedad entre legales e ilegales. Son momentos complicados, nadie se salva solo y como siempre decimos, las soluciones se trabajan desde abajo y desde la periferia.
