La jueza Carolina Poma Salvadores, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, juzgará desde hoy a dos hombres acusados de violar a una niña de 10 años en la localidad de El Quebrachal, departamento Anta.

Uno de los acusados es Andrés Olivera, de 51 años, imputado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia con la víctima menor de edad. Este hombre era pareja de la abuela de la niña. También será juzgado Audón Aniceto Prado, de 78 años, acusado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.

La violencia sexual se conoció el 11 de noviembre de 2021. "Nos enteramos por la escuela, vinieron de la policía, eran las 13, esperaba a mi nena. Mi hija le contó a la compañerita y ella a la profesora. Me hicieron llamar de la escuela y ahí nos enteramos. Cuando llegué me habló un policía, me contó lo de mi nena", relató la madre de la nena. 

La directora de la escuela primaria a la que asistía la nena en El Quebrachal dio intervención a la policía luego de que la profesora de educación física tomara conocimiento de la situación. La niña relató que la pareja de su abuela había abusado sexualmente de ella. También contó que había sido abusada por el vecino cuando volvía a su casa la semana anterior.

La madre de la niña relató que tras la denuncia, la policía detuvo a los dos acusados. El médico confirmó el abuso sexual con acceso carnal "de larga data". Sin embargo, primero Prado obtuvo el arresto domiciliario esgrimiendo secuelas de un ACV que tuvo tiempo antes, y después Olivera se fue en prisión domiciliaria, tras una huelga de hambre y por un supuesto problema de próstata.

La madre de la niña dijo que hubo irregularidades en el trámite de la causa, ya que no le notificaron la domiciliaria otorgada a Olivera y se enteró por allegados que se la habían concedido para que permaneciera en un domicilio de Joaquín V. González. 

Contó que la semana pasada viajó a esta localidad vecina, a 30 kilómetros, para ir al hospital y allí vio caminando libremente por la calle al acusado, por lo que entró en pánico.

"La chica de la Fiscalía me dijo que (Olivera) estaba con domiciliaria en la calle 25 de Mayo, y lo vi por el barrio Islas Malvinas, cerca del hospital. Cuando fui a hacer la denuncia en la policía de Joaquín V. González, no había ningún expediente. No sabían nada", dijo la madre.

También contó que su hija le dijo que Olivera la amenazaba de muerte para que no le dijera que la abusaba. "Me decía que él la tenía amenazada de muerte, con que iba a matar a su hermanito. Yo jamás me dí cuenta que era en mi propia casa", manifestó la madre. 

El otro acusado es un vecino que vive al frente del domicilio de la víctima. "El hombre vendía juguitos, yo estaba enferma por diabetes, depresión, me la pasaba acostada. Una sola vez (la niña) me pide para comprar, y demoró, tal vez 10 o 15 minutos. (...) Fue la única vez que demoró. Después ella no quería ir a comprar, decía 'el hombre del frente me hace seña con la mano'. Nunca la mandé ni a jugar a casa de los vecinos. No encuentro explicación", relató la madre. 

La madre contó que la declaración de su hija en Cámara Gesell y las pericias psicológicas confirmaron los abusos y además indicaron que debía llevar un tratamiento de salud mental por largo tiempo. 

Desde entonces la niña asiste a terapia con la psicóloga Francisca María Chávez, en Joaquín V. González, que se espera sea citada a declarar en el juicio. Además, la madre contó que el hecho de que esta situación se develara en la escuela, devino en que lxs compañerxs de la niña se enteraran y la revictimizaran ejerciendo bullying por lo que tuvo que cambiarla de turno. La mujer destacó en este sentido el acompañamiento de las maestras.

Entre otras irregularidades, la madre contó que el auxiliar fiscal de El Quebrachal, Rolando Savall Soto, la citó el pasado 23 de mayo y la presionaba para que firmara un juicio abreviado sin informarle la pena que le correspondería a los acusados y dijo que por esto ella se negó a firmar. "Me decía 'vos tenés que firmar, porque allá van a apelar. Si vas al juicio de Metán, estás en riesgo de que apelen y queden libres'", relató. 

Por jurisdicción, esta causa se tramita en la fiscalía de Joaquín V. González, a cargo María Celeste García Pisacic, quien cuenta con un auxiliar fiscal en El Quebrachal.

Asimismo, la madre dijo que en la sede fiscal le informaron que no era necesario que tuviera un abogado o una abogada particular, y en ningún momento le informaron de su derecho a constituirse en querellante. Cuando habló a un letrado particular para que la representara ya se habían vencido los plazos.  

"No se imaginan el daño que le han causado. La niña ve sombras que la persiguen, no está bien. Como que se quieren deshacer del caso. No puedo creer que haya injusticia. Siento que me están pisoteando a mí y mi hija", dijo la madre respecto a lo que viene pasando. 

"Que no queden en libertad, que no les den la domiciliaria. Ellos pueden estar presos, pueden cumplir en la cárcel", solicitó la madre, dijo que también necesita que se dicte una medida de prohibición de acercamiento a estos hombres y sus familiares. 

La mujer le requirió a la asesora de Incapaces de Joaquín V. González, Susana Zenzano Poma, que representara a su hija en el juicio, sin embargo, la funcionaria le informó que no podría asistir pero lo haría la asesora Karina Sing, de Metán

La madre y la abuela de la víctima están citadas a declarar en la primera audiencia, el próximo 2 de junio.