Finalmente, en solo 72 horas la Legislatura salteña aprobó la "Ley de convivencia y conciliación ciudadana", que limita el derecho a la protesta. Con la aprobación ayer en el Senado, la iniciativa pasó al Poder Ejecutivo para su reglamentación y promulgación, o el veto, que también es potestad del gobernador Gustavo Sáenz. 

La aprobación fue por un margen muy ajustado, pero el tratamiento mostró el alineamiento de las Cámaras con el Ejecutivo provincial. Es que si bien diez senadores votaron en contra de la iniciativa, antes permitieron el tratamiento sobre tablas, que no hubiera podido avanzar sin su aporte, dado que para habilitarlo se necesitaba la voluntad de dos tercios del Senado. Walter Wayar (bloque Todos, de Cachi) fue el único que votó en contra del tratamiento exprés, frente a 20 que lo habilitaron. 

La iniciativa, originalmente de las diputadas María del Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro) y Cristina Fiore (Confluir), fue leída como un aviso político dirigido a la docencia autoconvocada, debido a la que propuesta había ingresado a la Legislatura en abril del año pasado, pero fue traída al recinto esta semana de la mano de los oficialistas Villamayor y el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat. 

Mientras afuera manifestantes de la docencia, la salud y de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas pedían que no se aprobara el proyecto, los senadores empezaron ni bien iniciada la sesión a dar muestras de las dificultades que enfrentaban a la hora de avanzar con una iniciativa también rechazada en sus departamentos. Esa pugna se expresó en algunas intervenciones, como la del senador Walter Cruz (Iruya, Gustavo Sáenz Conducción), que insistió en su lealtad hacia el gobernador, pero dijo que también se debía a su lugar. 

A diferencia de la Cámara Baja, en la Cámara Alta se anunciaron y cuantificaron votos negativos. Una de las voces en contra fue la del presidente del bloque Evita Conducción, Leopoldo Salva, de Los Andes, quien dijo que el proyecto es anticonstitucional. "Este senador apoyó y apoya a nuestro gobernador (Gustavo Sáenz), pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo", sostuvo. Dijo que ante la crisis socioeconómica que está atravesando el país, "a veces la única forma que tenemos de salir a pelear los salarios o cualquier otra necesidad es con la protesta", un derecho establecido en la Constitución Nacional, añadió. 

Esta afirmación fue ejemplificada por la única mujer en el Senado, Sonia Magno (Evita Conducción), quien recordó que en su pueblo de San Carlos (a más de 195 kilómetros de la capital salteña) desde hace 12 años se viene "luchando por tener agua sana". "Gracias a los habitantes del pueblo, a que salieron a hacer sus reclamos, cortes de ruta y a manifestarse, hoy han podido ser escuchados", manifestó. 

Salva insistió en el proyecto es "inconstitucional" y "limita el derecho a la protesta social" porque prevé que el ejercicio de este derecho solo será posible cumpliendo determinadas condiciones que serían controladas por un organismo estatal, lo que para el legislador representa una "arbitrariedad", y el "condicionamiento de un derecho que ha sido históricamente esencial en la reivindicación y conquista sociales". 

La ley establece que cualquier acción de protesta o manifestación pública "debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas", informando el lugar de concentración, el horario de inicio y el de finalización, el objetivo de la protesta y dando los nombres de las personas organizadoras. Una vez que se cumpla con esto, la autoridad de aplicación dispondrá cómo se realizará la protesta "para evitar la colisión de los derechos" de libre circulación y de expresión.

Salva insistió en que "la democracia es justamente saber que tenemos que ser escuchados de alguna manera y creo en el derecho a reclamar y protestar". El senador fue el único que calificó como represión los hechos del 24 y 25 de mayo, cuando se desalojó a docentes en el ex peaje Aunor (acceso norte de la ciudad de Salta), y que derivó en la detención de 19 personas. "Mi apoyo tanto a los docentes y al personal de la salud por un salario digno", manifestó. En las dos intervenciones que tuvo el legislador se escucharon aplausos que llegaban desde las calles.

"Es inviable"

Otro de las aplaudidos fue el senador Wayar, que pidió al gobierno de Salta que dialogue con los sectores que siguen adelante con las medidas de fuerza. En relación al proyecto subrayó que la ley "Viola el marco de la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia y Tratados Internacionales". 

Wayar dijo que con el tratamiento exprés se discutió el ejercicio de los derechos a la protesta y a la libre circulación como un clásico de River y Boca, ya que no se tiene en cuenta el contexto socioeconómico de la provincia, con altos índices de indigencia y pobreza. En ese sentido, dijo que el proyecto es “inviable”, porque la gente “va a salir igual a expresar sus necesidades”. 

"Tenemos sectores que tienen poblemas para dar de comer a sus familias", insistió, y cuestionó a los sectores empresariales que ayer produjeron el único pronunciamiento social a favor de la iniciativa, firmado por la Cámara de la Minería de Salta, la Asociación de Productores de Granos del Norte, la Federación de Entidades Rurales Salteñas, entre otras.

En tanto, el senador por La Caldera, Miguel Calabró (Evita Conducción), contó que antes de la sesión se discutió por horas si el proyecto debía tratarse o no. En ese sentido, dijo que se llegó al acuerdo de dar quórum para el inicio de la sesión. Sobre el proyecto en sí, manifestó que "los artículos constitucionales son claros y no dan lugar a mayores interpretaciones". 

El legislador advirtió que con la iniciativa de Fiore y Villamayor "podemos terminar en la persecución y criminalización de referentes sociales", por lo que insistió en que el proyecto es "riesgoso". A modo de ejemplo, se preguntó qué pasaría si no se autoriza una manifestación comunicada 24 horas antes. "Ese derecho se va a estar cercenando", precisó. 

Por su parte, el senador por Cafayate, Sergio Saldaño (Compromiso por Salta), también adelantó su voto negativo y dijo que el proyecto "no lo deberíamos estar tratando" porque no fue debatido. Afirmó que lo que se debería hacer es llamar al diálogo con los sectores que se están manifestando para demostrar madurez política. 

También votaron en contra Carlos Ampuero (Santa Victoria), Héctor D'Auría (Metán), Manuel Pailler (San Martín) y Carlos Rosso (General Güemes).

Oficialistas de primera línea 

El senador ahora oficialista de primera línea, Javier Mónico el encargado de informar sobre el proyecto. Dijo que espera que la ciudadanía salteña "sepa entender que en estos tiempos difíciles es donde más tolerantes y respetuosos debemos ser de los derechos de los demás", y deseó que "sea una norma que contribuya para que entre todos podamos construir una Salta más justa", es decir, "que nadie, ni mucho menos los poderosos, puedan atropellar a los más débiles". "Todos debemos saber armonizar y conciliar nuestros derechos", insistió. El legislador fue señalado como el "encargado del oficialismo" de buscar los votos para su posterior aprobación.

Al igual que en Diputados, algunos legisladores reconocieron que están de acuerdo con la propuesta legislativa, pero consideraron inoportuno su tratamiento cuando se desarrolla una protesta social en la provincia. Fue el caso de Marcelo García (Compromiso por Salta), que al final terminó votando a favor. 

Quien resultó uno de los más repudiados por las y los manifestantes que escuchaban fuera del recinto fue Jorge Soto (Compromiso por Salta), quien dijo que el proyecto no debía ser nombrado como una ley antipiquetes. Afirmó que se intentó instalar "maliciosamente" esa denominación, pero que en realidad se trata de un proyecto que "resguarda la protesta". "Aquí no se están cercenando derechos, se está resguardando el derecho a reclamar, pero a la vez, busca conciliar con los derechos que tengan que gozar el resto de los salteños", aseguró.

A favor votaron también Diego Cari (Guachipas), Juan Cruz Curá (Orán), Esteban D'Andrea (Chicoana), Emiliano Durand (Capital), Mashur Lapad (Rivadavia), Sergio Ramos (Rosario de Lerma), Alfredo Sanguino (La Candelaria) y Carlos Sanz (Cerrillos).