Con el pedido de la fiscalía de penas de reclusión perpetua, y de 20 años de cárcel, para los cuatro ex policías bonaerenses declarados culpables por la Masacre de Monte, concluyó este viernes por la tarde la audiencia donde se presentaron los pedidos de montos de las penas en este juicio cuyo jurado popular dictaminó la culpabilidad de los acusados. En esta instancia --la audiencia de cesura--, del proceso que busca justicia por el dramático episodio en el que murieron cuatro jóvenes de San Miguel del Monte, mientras eran perseguidos por efectivos de esa fuerza, en una acción violenta e intimidatoria, con disparos incluidos, en mayo de 2019, las partes volvieron a encontrarse en el Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC) de La Plata. Al finalizar esta audiencia, la jueza Carolina Crispiani pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 9 de junio, al mediodía, cuando se conocerá la sentencia.

Para el ex comisario Rubén García y el ex oficial Leonardo Ecilapé, quienes dispararon, tanto el fiscal Mariano Subiet, como las distintas representaciones de la querella --las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y los letrados particulares--, pidieron “reclusión perpetua”, detalló a este diario el presidente de la CPM, Roberto Cipriano García. Ambos fueron encontrados culpables, por unanimidad --por parte del jurado de doce miembros--, como coautores del delito de "homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego" en perjuicio de Danilo Sansone y Camila López de 13 años, Gonzalo Domínguez de 14, y Aníbal Suárez de 22.

Para Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, los dos ex agentes bonaerenses que al momento de la persecución conducían los patrulleros que acorralaron al Fiat 147 donde viajaban los jóvenes, el fiscal Subiet pidió 20 años de cárcel, como pena por la "tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante empleo de arma de fuego".

En esta instancia posterior al veredicto que determinó la culpabilidad de los acusados el pasado 8 de mayo, declararon los ex policías y las psicólogas que atendieron a las madres de las víctimas (Lohana Sanguineti, mamá de Rocío Quagliarello, única sobreviviente de la masacre; y Blanca Suárez, mamá Aníbal Suárez, quien manejaba el 147 que esa noche de mayo de 2019 chocó contra un camión estacionado). Se hizo el pedido de penas y se ofrecieron atenuantes y agravantes por las afectaciones sufridas por las personas y las familias involucradas.

En su alegato, Sibuet tomó como agravantes el "impacto social" de los hechos cometidos por integrantes de una fuerza de seguridad, y valoró los testimonios de las psicólogas que declararon previamente. "Hacen mención a elementos que debo valorar: que el hecho fue devastador y produjo un daño irreparable", explicó. Además focalizó su evaluación en la trama del encubrimiento con que se quiso luego "eludir el accionar de la justicia" por parte de los acusados.

Las abogadas Margarita Jarque y Luz Santos Morón --de la CPM--, en representación de las familias de Danilo Sansone y Camila López, adhiriendo a la posición de la fiscalía hicieron hincapié en la "grave violación a los derechos humanos" y en la "extensión del daño causado". El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado por las abogadas Bárbara Juárez y Agustina Lloret, pidió prisión perpetua para García y Ecilapé, y también 20 años para sus compañeros. En tanto, la abogada montense Dora Bernárdez, representante de las familias de Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez, al coincidir con la fiscalía agregó: "Los familiares han sido condenados a la pena de tragedia perpetua". Y Ricardo Minoli, quien patrocina a Rocío Quagliarello (ahora con 17 años), también adhirió a lo solicitado por el fiscal.

En cambio, los defensores Celeste Baqué y Luis Giordano, en representación de Ibáñez, Monreal y García; y Marcelo Di Siervi, letrado de Ecilape, rechazaron la “reclusión perpetua” a la que tildaron de “anacrónica”. Di Siervi además pidió la nulidad del juicio: “Ecilapé no mató a nadie, debió ser declarado no culpable. Voy a solicitar la nulidad de este juicio y que se ordene uno nuevo”, aseguró. Los cuatro condenados, al decir sus “últimas palabras”, negaron ser “violadores de los derechos humanos”, y “asesinos”. Insistieron en culpar a Aníbal Suárez, el conductor del Fiat 147.