El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, luego de 119 audiencias que se extendieron por más de cuatro años, condenó por delitos de lesa humanidad a 18 represores del Ejército, la Fuerza Aérea y la policía provincial. El juicio terminó sin absoluciones y con seis condenas a prisión perpetua aunque tuvo gusto a poco para la parte acusadora y los organismos de derechos humanos, porque las penas bajas para la mayoría de los acusados, con prisión preventiva desde 2015, les permiten recuperar la libertad.

El noveno juicio por secuestros, torturas y asesinatos en Mendoza durante la última dictadura comenzó en marzo de 2019 con 22 acusados en el banquillo, de los cuales cuatro murieron impunes o quedaron en el camino por problema de salud. El proceso oral y público que condujeron los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña analizó delitos en perjuicio de 107 víctimas, de las cuales 61 permanecen desaparecidas.

La última jornada del juicio en los Tribunales Federales cuyanos comenzó con las palabras finales de un puñado de imputados que, como es habitual, se desentendieron de las acusaciones. Sobrevivientes y familiares de las víctimas los volvieron al presente desde fotos en blanco y negro con sus nombres, expuestas en prolijas pancartas, que también pudieron observar algunos allegados a los imputados que los acompañaron a escuchar su sentencia.

Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal comenzó la lectura de la sentencia a los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, la regional oeste de inteligencia y la IV Brigada de la Fuerza Aérea, el Departamento de Informaciones (D2) y las Comisarías 7ª y 16ª de la policía de Mendoza. Las penas de prisión perpetua recayeron en el ex comodoro Juan Carlos Santamaría, el ex encargado del Destacamento Hugo Luis Zalazar (único condenado por homicidio), los ex miembros del temible D2 Armando Fernández (que acumula varias condenas, incluida una por la apropiación de la hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete), Marcelo Moroy y Juan Esteban Roccato (nunca antes investigado), y el ex cabo Ramón Dagoberto Álvarez, que actuó en la Comisaría 7ª.

El tribunal penó con 14 años de prisión al ex jefe de Compañía de la Policía Militar de la IV Brigada Alberto Raganato; 10 años y medio para el ex jefe del Escuadrón Tropa Juan Carlos Cuadrado; y nueve años y medio para el ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Oscar Simone. Por su parte, el ex jefe de la Segunda Sección de Ejecución Vicente Omar Navarro Moyano, recibió 10 años de prisión; ocho años y medio para el ex director de la Banda de Música de la IV Brigada Aérea José Santos Chiófalo, para el ex sargento primero Anacleto Calderón y el ex sargento ayudante Juan Carlos Luis, para el ex jefe de la regional oeste de Inteligencia de la Fuerza Aérea Emilio García Ponce, y el de la División de Contrainteligencia Julio Agüero; ocho años recibieron el ex subinspector de la IV Brigada Néstor Carmona y el ex oficial inspector de la Comisaría 16 Manuel Martínez; y siete años y medio de prisión para el ex cabo primero Guillermo Campanille.

“El veredicto tiene algunas cuestiones que acuerdan con lo que nosotros habíamos postulado” aunque en otras “no estamos de acuerdo”, declaró el fiscal Daniel Rodríguez Infante. “De las 18 personas que fueron sentenciadas hoy nosotros habíamos pedido en 16 casos prisión perpetua porque tenían atribuidos una gran cantidad de delitos”, recordó. El abogado Fernando Peñaloza, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo un balance a priori “positivo” en el sentido de que “todos los acusados que llegaron al juicio fueron condenados, no hay una absolución”.