La Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy marchó en el marco del Ni Una Menos, con la consigna “La deuda sigue siendo con nosotras, el Estado es responsable”; además, pidió que siga vigente la Ley Iara, que declaró la emergencia en violencia de género en la provincia. La norma vence el 29 de octubre de este año y se pide que sea mejorada y tenga un presupuesto real para acompañar a mujeres en casos de violencia de género. 

La marcha fue también en rechazo a la reforma parcial de la Constitución de la provincia. Por otro lado, las y los manifestantes se solidarizaron con la lucha docente salteña y repudiaron la ley anti piquetes sancionada en la vecina provincia.

En esta marcha estuvo Verónica Camargo, madre de Chiara Páez, la adolescente de 14 años cuyo crimen dio origen a las primeras marchas de bajo la consigna Ni Una Menos. El cuerpo de Chiara fue encontrado el 10 de mayo de 2015, en Rufino, provincia de Santa Fe.

“El crimen de género del que fue víctima Chiara Páez resultó la última gota que rebalsó el vaso, en un cotidiano asesinato de mujeres en nuestro país con la inacción estatal como ese plus que reproduce las discriminaciones y violencias de las que somos víctimas las mujeres en esta sociedad patriarcal, y que llegan a cobrarse nuestras vidas y desde ya, nuestra libertad cotidiana y derechos”, expresa el documento de la Multisectorial que se leyó al final de la marcha.

Camargo vino a Jujuy a participar de unas jornadas y se sumó a la marcha junto a Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, asesinada en 2020 en Palpalá, Jujuy, un caso emblemático que este año llegó a juicio y concluyó con la condena a prisión perpetua de Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, mientras que un tercer involucrado, Tomás Fernández, que era menor de edad al momento del hecho, fue declarado responsable del femicidio.

“Es un honor caminar junto a Mónica, reclamar justicia, no solo por nuestras hijas, sino por todas, y más que nada para que no sigan los femicidios o hechos de violencia de género. Desgraciadamente, vemos que los índices y las estadísticas no disminuyen, tanto los femicidios como los hechos de violencia. Hay que seguir insistiendo que se eduque, que realmente se trabaje para erradicar la violencia y se hagan campañas de concientización. Capacitar a los distintos poderes en estás temáticas y que actúen en consecuencia”, expresó Camargo.

Los colectivos feministas se encolumnaron frente Casa de Gobierno para marchar por calles céntricas, y ante un operativo de policías mujeres que resguardaban el edificio gubernamental.

La columna marchó numerosas cuadras, pasó por el Ministerio Público de la Acusación, luego por el Consejo de la Mujer y finalizó en la glorieta de la plaza Belgrano con la lectura de un documento y un festival con las músicas Mónica Pantoja, Eugenia Mur y Agustina Aranda, recordando a las víctimas de femicidio de Jujuy.

Este año Jujuy no registra casos de femicidios, sí muchos hechos de violencia de género, y si bien se realizaron juicios por varios casos de femicidio, otros como el de Rosita Aliaga y Cesia Reynaga, aún esperan definiciones de la administración de justicia. 

“El femicida de Alejandra Alvarez recibió prisión perpetua. Es triste salir a la calle a pedir justicia a 8 años del caso de Chiara, implorar a la justicia que atienda a la sociedad que se despierte y que tenga cuidado con la juventud, con las mujeres, porque están pasando muchas cosas en el país, no solo en Jujuy. Acá hubo muchos femicidios y esperan justicia, aún no se han resuelto y vamos a seguir saliendo a la calle, es un dolor profundo pero estamos acá para decir que nunca más haya ni una menos”, dijo Julia Alvarez, tía de Alejandra, asesinada en octubre de 2020, a la edad de 17 años.

También marchó Carlos Aliaga, hermano de Rosita Aliaga. “El 29 de mayo se cumplieron 8 años del asesinato de mi hermana en Libertador General San Martín, y estar acá es expresar mi repudio a la justicia por el caso de mi hermana que sigue impune, no hay ningún detenido”, afirmó. “Con las marchas junto a la señora Mónica Cunchila, logré que nos convoquen del Consejo de la Mujer y me pude constituir como querellante”, contó. 

Demandas históricas

La manifestación también denunció la violencia económica, y en ese sentido reclamó por la aplicación de ajustes para pagar al FMI. “Ya basta de pagar la deuda ilegítima", demandó tras asegurar que el ajuste incluye el recorte constante de planes sociales,  cuyas beneficiarias son en su gran mayoría mujeres. En ese sentido, el documento señala que en Jujuy después de las elecciones se dieron de baja muchas capacitaciones laborales.

A tres años de la vigencia de la Ley Iara, las referentes de las organizaciones feministas resaltaron que los equipos de atención del Estado, en cuanto a violencia de género siguen en crisis, sin dar abasto, con turnos demorados e inexistencia de visitas domiciliarias.

En cuanto a órdenes de restricción, afirmaron que no se cumplen. Afirmaron que la emergencia requiere cuadruplicar los equipos completos de atención (piscologxs, abogadxs, trabajadorxs sociales) a nivel provincial, garantizando que se responda a la gran demanda. También pidieron que se agilicen los trámites en el marco del plan Acompañar para que la respuesta del Estado llegue en tiempo prudencial y sea concreta. "El presupuesto de emergencia debe multiplicar sus partidas para garantizar que el abordaje de la violencia de género", aseguraron.

No a la reforma

La marcha Ni Una Menos llevó como uno de sus requerimientos principales el rechazo a la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales. "Un gobernador que sin consensos decidió una reforma constitucional de pocos para constitucionalizar la limitación de nuestras libertades democráticas, para afianzar la dependencia judicial y el poder de persecución estatal y política, y para seguir avanzando en una provincia en la que unos pocos se enriquecen a costa del despojo de nuestros recursos naturales", afirmaron las manifestantes en el documento.

Asimismo, exigieron la derogación del decreto 1655/2020, que impone que el Consejo Provincial de la Mujer participará como querellante en las causas por femicidios, por entender que el Estado tiene responsabilidad en estos crímenes dado que es su obligación prevenirlos, y también lo cuestionaron porque las querellas se constituyen al margen de las familias de las víctimas. "Rechazamos el uso político que realiza el gobierno", aseguraron.

Por otro lado, entre otros aspectos, también se solidarizaron con el pueblo de Caspalá, que resiste el avance estatal sobre parte del territorio comunitario. Además, reclamaron negociaciones paritarias sobre datos reales, que se reconozca el trabajo de las promotoras de género, la aplicación de la Ley Micaela y de la educación sexual integral, así como la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad, el cumplimiento del cupo laboral del 4% con perspectiva de género y del cupo laboral trans. Y exigieron que se busque a Irma Sosa (mamá de Alejandra Oscari, joven asesinada en 2017) y a Cintia Tolaba.