Lo único invariable es el objetivo de reconfigurar el mapa económico y social, de conseguir buenos negocios familiares y para los principales asociados y de disciplinar a los distintos segmentos de la clase trabajadora. En cuanto a los instrumentos, todo queda sometido a revisión y se subordina a las necesidades electorales. Así se lo dijo Macrì a Clarín hace una semana: lo que él llama su revolución cultural necesita de una victoria sobre el peronismo en 2017. No basta con expresar deseos ni con cultivar una huerta en los techos para alejar a los fantasmas que por derecho propio rondan los días de la Casa Rosada y las noches de Olivos. Los fracasos legislativos de la última semana presagian días peores si la representación de Cambiemos se reduce aún más en el Congreso. De ahí la urgencia oficial por impulsar la informatización del voto y el escrutinio. Luego de la decisión del bloque mayoritario en el Senado de cerrar esa posibilidad, el gobierno lo atribuyó a la resistencia de lo que llamó “los aparatos feudales”, implicando que hacen fraude con el sistema tradicional. Es una respuesta astuta pero poco verosímil, cuando el argumento de los técnicos consultados por el Congreso en contra del voto electrónico fue la facilidad para su hackeo y manipulación. Los gobernadores que sepultaron el proyecto oficial fueron Gildo Insfrán, Carlos Verna, Sergio Uñac, Sergio Casas y Lucía Corpacci. La suma de sus distritos no pasa del 5,5 por ciento del padrón nacional (1,31 Formosa, 0,85 La Pampa, 1,67 San Juan, 0,83 La Rioja, 0,91 Catamarca). Quien menos ventajas sacó a su principal oponente en 2015 fue Corpacci, con 8,64 por ciento de diferencia. En el otro extremo, Insfran ganó  por una diferencia del 47,26 por ciento. Entre ambos, Verna sacó 12,1 puntos de ventaja, Sergio Casas 16 y Uñac 23. Con esa magnitud de diferencias es poco plausible hablar de fraude. La madre de todas las batallas no está allí sino en Buenos Aires, donde se presume una división en tres tercios.

Traducir la hipérbole


Revolución cultural es una hipérbole que Javier González Fraga tradujo al idioma de los argentinos. El ex candidato radical a la vicepresidencia dijo que no habría inversiones extranjeras antes de la renovación legislativa, por el temor a un regreso del populismo. Si la prometida lluvia de dólares no se produjo pese a que distintas corrientes del justicialismo facilitaron en el Congreso las medidas económicas fundamentales del nuevo gobierno, imaginar un revés en 2017 explica que tema por tema el gobierno ponga en debate casi todas sus premisas:

  •  Luego de pregonar la autonomía del Banco Central, Macrì solicitó a su presidente, Federico Sturzenegger, que aflojara con las altas tasas ofrecidas por las Letras que licita cada martes, ya que no hay inversión productiva que pueda competir con esos rendimientos, que además emiten el rítmico sonido de una bomba de tiempo monetaria y cambiaria.
  •  Pese a su tirria por las negociaciones tripartitas, que Alfonso de Prat-Gay anunció cuando el viento inflaba sus velas, Macrì ha aprendido la utilidad de esa mesa de tira y aflojes para sortear riscos y tempestades.
  •  No obstante su diagnóstico del déficit fiscal como causa de la inflación, en vez de reducirlo lo ha incrementado.
  •  Con la inversión privada por el piso y con un comercio exterior que en la hipótesis más optimista arrojará un resultado neutro, Macrì olvida haber dicho que el consumo no puede ser la base del crecimiento y que deben crecer la inversión y las exportaciones.
  •  Para reanimar la demanda, intenta volcar recursos hacia aquellos sectores sin capacidad de ahorro que gastan cada peso que perciben, por lo cual sus críticos por derecha lo comparan con los estímulos al empleo y el consumo con que el anterior gobierno enfrentó la crisis de 2009. Con una diferencia no menor: Macrì recurre al endeudamiento externo para financiar esa respuesta a una crisis que no proviene del centro, como entonces, sino que ha sido autogenerada.
  •  Lo hace también como prenda de paz con los movimientos sociales acunados por el papa Francisco, ávidos de un lubricante tan viscoso como el que apaciguó los ánimos sindicales.

Crítica de la razón oportuna


Mientras los críticos por izquierda caracterizan a los negociadores como militantes del Movimiento Carolina, sus dirigentes responden con fundamentos políticos. En una entrevista concedida a Paula Abal Medina y Mario Santucho para la revista Crisis, Emilio Pérsico reivindicó como un objetivo legítimo que los acuerdos con el Poder Ejecutivo aseguren gobernabilidad. Cree que el triunfo de la Alianza Cambiemos no expresa la correlación de fuerzas sociales y sólo se explica por la política y los errores cometidos, y analiza los problemas que enfrenta el gobierno a partir de un hecho comprobable: “Existe un nivel de derechos y de dignidad muy alto de los trabajadores. Así que el primer problema que tienen es que no pueden llevar los salarios a donde quieren que estén, ni pueden bajar el gasto público porque nosotros no se lo permitimos. Si bien han hecho una transferencia grande de recursos desde abajo hacia arriba, no logran ir al modelo que imaginaban. Además, la falsa contradicción que lograron instalar en la política no ha permeado a lo social, por eso se les arma lío”. Su compañero Fernando Navarro añade que “si Macrì se cae esto gira más a la derecha aún. Porque esto no es el ajuste de Espert, ni de Sturzenegger, no hay cien mil estatales en la calle, ni hay un dólar a veinte pesos, como aspiraban algunos sectores. El ajuste ha sido limitado porque hay un colchón social que no pueden ignorar, y una actitud del pueblo argentino que no los deja avanzar tan rápido”. Si ese giro a la derecha se produce como consecuencia de una crisis, el capitalismo salvaje intentará legitimar con ayuda de los medios “la represión que puede venir”. En una sociedad cuya mayoría “avala a aquel que mata en defensa del auto, la guita, la propiedad”, Navarro sostiene que el enfrentamiento es una trampa, porque entonces “vamos a perder en serio”, dado que “todas las crisis las paga el pueblo, los muertos los ponen los morochos y los trabajadores”. Proponen una alternativa en tres pasos: 1. dejar de retroceder, 2. paliar la urgencia, y 3. construir unidad, para “ganarles en el marco de la democracia y las elecciones”. Para Navarro “todo lo que les podamos sacar”, permite “acumular, crecer, para tratar de ganarles”. Sin que se lo preguntaran, añadió que Massa no los expresa “pero tampoco negamos la realidad del pueblo argentino. Trataremos de hacerlo con el mejor candidato”, una definición que no debería pasar inadvertida. Igual que el líder opoficialista Miguel Pichetto, sostuvo que quien gane en 2017 en Buenos Aires, podrá encabezar la fórmula en 2019. Pérsico ve a su fuerza como San Martín después de Cancha Rayada, preparándose para Maipú. La tarea que se autoasigna es la de O´Higgins, “tratando de rescatar caballos y la mayor cantidad de armamento, es decir recuperando lo más que podamos del proceso anterior para meterlo en el nuevo proceso”. Sin las movilizaciones de los movimientos sociales y su confluencia con la CGT cree que “la situación sería mucho peor y más explosiva” y afirma que es más fácil encontrar respuestas a partir de una representación institucionalizada del conflicto, “no desde la anarquía o el quilombo”. En el marco de un proceso de unidad muy amplio, “después va a venir la unidad en lo político, porque siempre ha sido así, nunca vino al revés”. La interacción con la CGT fija mutaciones. Navarro cita a un sindicalista al que llama amigo: “Yo quiero sacarle todo lo que pueda. Y para eso tengo que estar cerca, le manoteo, le saco”. El jueves, en el Congreso, los ministros Carolina Stanley y Jorge Triacca firmaron un acta-acuerdo con los movimientos que componen la asociación de trabajadores de la economía popular, por la cual evitaron la inminente derrota legislativa que hubiera constituido la sanción de la ley de emergencia social. Los asistentes de la CTEP fueron el Mocase, Los Pibes de La Boca, La dignidad, Barrios de Pie, La poderosa, CCC, Evita y Movimiento de Trabajadores Excluidos, sin presencia de los movimientos kirchneristas y de la izquierda trotskysta. Entre los oradores estuvieron el ex frepasista Juan Manuel Abal Medina, uno de los autores del proyecto de emergencia, y el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, dos sobrinos de tío famoso. El nuevo proyecto de emergencia social la extiende por todo el mandato presidencial de Macrì. La creación de un Registro y de un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario rodean de decoro una asignación mensual que, según el mismo documento, se irá pagando en forma progresiva, de acuerdo con las disponibilidades del gobierno nacional que para ello reasignará partidas presupuestarias por hasta 25.000 millones de pesos, expresión vaga si las hay. Además creará una interesante estructura burocrática. Del millón de puestos de trabajo a crear sólo quedó el número, pero de canastas navideñas. El punto final del acuerdo expresa que para colaborar “a la conciliación aquí alcanzada” las organizaciones “se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza”.
Entre los asistentes se expresaron varias dudas:

  1.  ¿El cambio de terminología es una bandera común del Movimiento Evita y de Cambiemos, dado el odio popular por los planes y el prestigio histórico del salario?
  2.  ¿La mayor inversión social que aceptó el macrismo se financiará con más endeudamiento externo, y qué partidas se reasignarán?
  3.  ¿El acuerdo implica la apuesta oficial a la mediación social del Vaticano?
  4.  ¿Esta paritaria institucional, será excluyente de la paritaria callejera que funciona desde comienzos de siglo?
  5.  ¿Implica que maniatará a las organizaciones en sus críticas al gobierno ya que se obligan a congelar el conflicto social?

    En la Universidad de General Sarmiento, Máximo Kirchner comentó: “Los mismos compañeros que venían a los actos de Cristina con una gran bandera que decía ‘Nos duele lo que falta’, ahora piden ‘Dame lo que puedas’. No está mal mitigar los sufrimientos que causa este modelo. Lo que no se puede es dejar de cuestionarlo”.

Sin derechos


Pero al mismo tiempo que acude a la chequera, Macrì blande el garrote. Por un lado, su anunciada revisión de todos los convenios colectivos (ahora la flexibilización adquiere partida de nacimiento en el siglo XXI, y los derechos quedan adscriptos al pasado) propicia la misma precarización que con distintos métodos impulsaron Videla y Martínez de Hoz hace cuatro décadas y Menem, De la Rúa y Cavallo hace dos. Por otro, su dura respuesta al grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, que solicitó la libertad inmediata de Milagro Sala. También en esto hay una especulación electoral. La mayor participación de la UCR en la Alianza Cambiemos se da con tres gobernadores: Ricardo Colombi de Corrientes, Alfredo Cornejo de Mendoza y Gerardo Morales de Jujuy. Los dos últimos han sido objeto de observaciones críticas de los sistemas supranacionales de protección de los derechos humanos que obligan a la Argentina: Cornejo, por el uso de la prisión preventiva como pena anticipada sin revisión judicial objetada por la Comisión Interamericana; Morales por la detención arbitraria de Milagro Sala y la falta de independencia de la justicia, que señaló el Grupo de Trabajo. Ambos reaccionaron en forma frontal y dijeron que no cumplirían con las respectivas recomendaciones, desconociendo la obligación del Estado nacional, que es el único representante de la Argentina ante la comunidad internacional. Morales se escudó en la autonomía provincial y en la independencia de la justicia (cuya ausencia el propio grupo de trabajo señaló como fundamento de su decisión) y Macrì convalidó esos flojos argumentos. En el reportaje del domingo pasado en Clarín, también el presidente dijo que “respetamos el federalismo y la independencia del poder judicial”. Y lo remató con argumentos tan inadmisibles como peligrosos: “La mayoría, e incluyo especialmente al periodismo que ha seguido de cerca todo lo que pasó con Milagro Sala en esa provincia, cree que ella es una persona que creó un Estado paralelo y una organización armada que ha sido muy peligrosa para la vida de todo el norte argentino”. Además de esa gravísima acusación sin sustento en ningún hecho comprobable, Macrì invitó al Grupo de Trabajo y a la CIDH a visitar la Argentina, pero no para precisar cómo cumplirá con la obligación de dejar en libertad a Sala sino para explicarles que en Jujuy rige el estado de derecho y se respetan las garantías constitucionales. Ya lo hicieron durante la tramitación de los casos, pero la decisión que es definitiva e inapelable no fue la que esperaban. Macrì privilegió así su programa de disciplinamiento de toda protesta social y su pacto electoral con Morales, cuyas consecuencias no podrá eludir, como pudo apreciar durante la visita del premier canadiense Justin Trudeau; con sendas declaraciones de los comités de Naciones Unidas contra la discriminación racial (CERD) y contra la discriminación contra la mujer (CEDAW) y en la audiencia del Secretario de Derechos humanos Claudio Avruj en Paris con Amnesty International y otras organizaciones francesas y franco argentinas de defensa de los derechos humanos. Avruj y Marcos Peña son los miembros más inflexibles del gobierno nacional, mientras otros allegados presidenciales como Fabián Rodríguez Simón y Elisa Carrió propician el cumplimiento de la decisión del Grupo de Trabajo. Carrió lo dijo en una declaración, pero no siguió el tema, Rodríguez Simón se lo planteó a solas a Macrì, quien no siguió su consejo. También un importante funcionario provincial opinó que la resolución debe ser cumplida. Es el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, quien no tiene competencia sobre el tema pero suele ser consultado por su vasta experiencia en la CIDH, de la que fue secretario ejecutivo durante una década. El viernes, Cantón dijo on the record a este diario, que las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos deben ser cumplidas y que “las visitas de los organismos internacionales deben estar principalmente orientadas a buscar mecanismos para que se cumpla con las decisiones”.  

La provocación


Mientras el gobierno nacional gana tiempo, Morales apura las causas de sus jueces contra Milagro. La atención de los medios fue puesta en la decisión del juez Gastón Mercau de dejar en libertad al marido de Milagro, Raúl Noro, y a otros tres integrantes de la organización barrial Tupac Amaru, Iván Altamirano, Miguel Ángel Sibila y Patricia Cabana, en la causa por asociación ilícita y administración fraudulenta, mencionada como ejemplo de arbitrariedad por el Grupo de Trabajo. Esto fue interpretado con voluntarismo como un principio de cumplimiento de la orden del grupo. Pero no recibió la misma cobertura otra decisión simultánea del mismo juez Mercau, el yerno de la presidente radical del Superior Tribunal de Justicia que ordenó la detención de Milagro Sala. Ahora, Mercau dictó la prisión preventiva de otras cuatro tupaqueras, Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Guerrero y Graciela López. De acuerdo con el ordenamiento procesal jujeño, la prisión preventiva es el paso previo imprescindible para elevar una causa a juicio. Al mismo tiempo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, integrado por los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, Alejandra Cataldi y Federico Díaz, citó al debate oral en la causa por presuntas amenazas de Milagro Sala al contador Morales para el mes próximo. La elección de la fecha no parece casual: el juicio se iniciará el 15 y culminará el 19 y el 20 de diciembre. Esos dos días de 2001 fueron los más trágicos de la democracia argentina postdictatorial, cuando el gobierno del presidente Fernando De la Rúa, del que el contador Morales había sido hasta agosto el Secretario de Acción Antisocial (que redujo 13 por ciento los ingresos de jubilados y trabajadores estatales) ordenó la represión que produjo 39 muertes en todo el país. Esta provocación es un claro indicio de hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos nacional y provincial. Sala, Graciela López y Gustavo Salvatierra fueron procesados por un escrache ocurrido en 2009 contra el entonces senador Morales en el Consejo de Ciencias Económicas. Morales como “autora intelectual” acusó a Milagro, que no estuvo en el lugar de los hechos, y pese a que esa versión fue negada por quienes sí estuvieron. El viernes, los jueces fijaron esa fecha emblemática para condenar a Milagro Sala, pero un día antes habían suspendido por cuarta vez los alegatos en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy. Antes habían postergado por un año, de marzo de 2016 a marzo de 2017 el comienzo del juicio por la Noche del Apagón, en julio de 1976, cuando 20 trabajadores azucareros fueron detenidos desaparecidos en camionetas provistas a la Gendarmería por el Ingenio Ledesma. Uno de sus accionistas, Luis María Blaquier (h), fue designado por Macrì como liquidador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Hasta ese momento integraba el directorio del Grupo Clarín. La causa iniciada por Morales en 2009 acumula siete cuerpos de 200 fojas cada uno. En ninguna de ellas hay elemento alguno que pruebe que Milagro Sala instigó a tirarle huevos a Morales, quien mantuvo la causa abierta durante siete años para estigmatizar a las organizaciones sociales. Junto con la denuncia, el contador Morales presentó un pedido de informes al Senado, en el que fundamentó las razones de su inquina. Dice que para conseguir “recursos de distintos planes asistenciales” durante la crisis de fin de siglo la Túpac recurría a la protesta y “nunca participaba en consejos consultivos ni espacios formales de solicitud” (del tipo de los que acaban de formarse con los piqueteros aurialbos); que logró “poner en la agenda pública la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”; que lo hizo invocando “la lucha por los intereses de los sectores más desprotegidos”, mediante “la presión al gobierno, la movilización en el espacio público, la incidencia para la promulgación de una ley y la amenaza del uso de la violencia” y que su poder de presión “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no respondió a una queja de la defensa de los procesados, a quienes se les negó la probation que pidieron, cuando estaban dados todos los requisitos legales. Los disciplinarios no están sólo en Jujuy ni en el Poder Ejecutivo.