Desde Río de janeiro
Caminando veloz en el sexto mes de su tercer mandato presidencial, Lula da Silva enfrenta seguidos – y muy preocupantes – tropiezos en el Congreso, en especial entre diputados.
La verdad es que el sistema presidencialista se encuentra muy presionado en Brasil, víctima del intento de imponer un parlamentarismo no previsto en la Constitución por integrantes tanto de la derecha más dura como de la extrema derecha bolsonarista instalada en la Cámara de Diputados.
Concretamente, hoy en Brasil la Cámara dejó de integrar uno de los tres poderes institucionales, al lado del Ejecutivo y del Judicial, para intentar actuar como controladora no solo del gobierno, pero principalmente de algo que en tiempos del desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonado le fue encaminado: el llamado “presupuesto secreto”.
Se trata de la distribución de generosos manojos de dinero sin que se identifique el diputado beneficiado ni su destino.
Como ocurrió a lo largo del gobierno pasado, la pandilla que logró mantenerse en el control de la Cámara pretende seguir disponiendo de miles de millones de dólares para esparcir entre aliados y, como sobran indicios, por sus bolsillos.
Consciente de que tendría que acercarse a adversarios y abrir espacio en su ministerio para lograr algún respaldo en el Congreso, Lula cedió mucho. Pero no contaba con la dimensión olímpica del apetito de los que no hacen más que chantajear al gobierno.
Le falta, además, una articulación política hábil lo suficiente para alcanzar acuerdos en lo que se refiere a iniciativas consideradas esenciales en su administración.
Los temas relacionados al medioambiente y a la población indígena fueron vaciados, bien como los dos ministerios correspondientes, y hasta la estructura del gobierno estuvo a un milímetro de ser destrozada en la Cámara de Diputados.
A esta altura, está claro de toda claridad que el intento de bloquear a Lula sigue vigente.
Arthur Lira, el presidente de la Cámara, es el cabecilla visible y palpable de esa pandilla, que cuenta con pleno respaldo no solo de diputados bolsonaristas pero también de una derecha que siempre supo navegar sin que importara quien estuviese en la Presidencia.
Acorde a lo que establece la Constitución, proyectos aprobados en la Cámara necesitan del aval del Senado, donde Lula cuenta con respaldo y espacio para rechazarlos. Pero ese rechazo exige tiempo, y tiempo es lo que se hace cada vez más corto para Lula.
La sensación a cada día vez más amplia es que su gobierno camina a pasos de tortuga, cuando se esperaba pasos de liebre.
Todo por culpa de la herencia maldita de Bolsonaro.
Para primero evitar un juicio de destitución y luego asegurar pleno respaldo a su reelección, el desequilibrado y corrupto ultraderechista distribuyó océanos de recursos públicos a aliados controlados por el pandillero y chantajista Arthur Lira en la Cámara.
Todavía no se sabe el montante de dinero desviado. Cada día surgen más indicios y pruebas del destino del dinero, como los millones encaminados a camioneros, taxistas y “la clase más desfavorecida del pueblo”, a través de préstamos ofrecidos por la Caixa Económica, uno de los bancos públicos.
Tan generoso fue el gobierno de Bolsonaro que ya se detectó que entre los beneficiarios hay miles de muertos, de gente que ni siquiera viajó en camión pero fue beneficiada y de taxistas jubilados.
Pero los diputados autores de la distribución siguen pululantes en la Cámara, ávidos por más y más.
Lula se dio cuenta que ya no basta con distribuir ministerios para contar con respaldo en la Cámara. No, no: los diputados quieren dinero. Y para eso amenazan congelarlo y a su gobierno.
Tenemos así otra secuela del peor y más abyecto gobierno de la historia de la República, cuyo titular sigue paseando por la vida mientras aguarda – aguardamos todos – que la Justicia salga de su letargo.