Organizaciones de cultivadores de cannabis medicinal iniciaron una campaña para reclamar la urgente reglamentación de la ley que autoriza el uso del aceite –el plazo para implementarla venció el 14 de julio– y piden que se incluya el autocultivo. Algunos especialistas sostienen que esa posibilidad se desprende de la misma norma.
En tanto, la diputada nacional Carolina Gaillard (FpV-PJ, Entre Ríos), presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, cuna del proyecto convertido en ley el 29 de marzo, se reunió con pacientes, miembros de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, Cameda (Cannabis Medicinal Argentina), FOCA (Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas), médicos e investigadores, por la preocupación que genera la falta de reglamentación de la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal.
“Pedimos al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal. Miles de pacientes en todo el país esperan la aplicación de esta ley”, manifestó Gaillard. “Necesitamos la reglamentación para que los actores involucrados, como el INTA, el Conicet, los Laboratorios de Producción Pública y las universidades puedan comenzar a trabajar en la materia y así, mejorar la calidad de vida de los pacientes usuarios con acompañamiento médico y brindando herramientas de control de calidad por parte del Estado”, agregó la diputada entrerriana.
A partir de declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud, miembros de la ONG Mamá Cultiva se mostraron preocupados por la posibilidad de que la reglamentación desvirtúe el espíritu de la ley y no contemple la totalidad de casos de usuarios de cannabis medicinal, dejando fuera y condenando a la ilegalidad a miles de pacientes. En los más de cuatro meses transcurridos desde la aprobación de la ley, las distintas organizaciones de la sociedad civil compuestas por usuarios, pacientes y familiares, que participaron activamente del proceso de aprobación de la ley, elevaron diversos pedidos de audiencia con funcionarios del Ministerio de Salud para que los tengan en cuenta y se los haga partícipes de la reglamentación de la ley, pero no recibieron respuesta.
En lo que hace al marco legal, el constitucionalista y docente de la Universidad de Buenos Aires Andrés Gil Domínguez señaló: “Hay una norma general, que es la Ley de Estupefacientes de 1989, que establece en el artículo 5 que el cultivo personal está prohibido salvo que haya una autorización, y una norma particular, que es la de cannabis medicinal, que está vinculada al pleno derecho de acceso a la salud”.
La polémica surgió a partir de que un artículo de la nueva ley establece la inscripción en un registro de pacientes y familiares y si bien no menciona el autocultivo, tampoco lo prohíbe. En ese sentido, Gil Domíngez precisó que las dos normas, la de cannabis medicinal y la de estupefacientes, “son complementarias”, pero aclaró que la autorización al cultivo con fines medicinales “no surge de manera indubitable de la ley, es una interpretación realizada en base a la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos”.
Valeria Salech, fundadora de la organización Mamá Cultiva, que empezó a cultivar para su hijo con autismo, explicó: “Resolvimos el problema (del acceso al cannabis medicinal) dentro de nuestra casa, pero cada vez que pasa un patrullero sufrimos palpitaciones y nos transpiran las manos, y esto no puede seguir pasando, porque fuimos a golpear despachos del Congreso porque no queremos ir presos, se aprobó la ley y seguimos con el mismo miedo”.
“Siento una gran desilusión, porque creí que esa emoción que me invadió el día que la ley se sancionó iba a continuar con la aplicación de la ley, pero ahora se está opacando todo”, expresó Mariela Morante, médica y paciente usuaria de aceite de cannabis. “Es muy frustrante no poder dar respuesta a los pacientes que requieren el aceite de cannabis cuando tenemos una buena ley aprobada, es muy doloroso. Todos los que participamos del proceso de aprobación de esta ley hemos puesto todo y dimos lo mejor de nosotros, por eso desilusiona ver que el Poder Ejecutivo no avanza en su aplicación. El gobierno tiene que saber que con el dolor no se juega”, agregó.
