Una toma del Hospital de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, junto al pedido de renuncia del equipo gerencial, tuvo otro capítulo en una tensa protesta que el jueves último se reinició por los obstáculos para la inscripción a una capacitación destinada a agentes sanitarios.

La protesta se enmarcó en un conflicto que se inició la semana antepasada y que ya cuenta con denuncias penales contra dirigentes indígenas que tomaron el Hospital. Según las acusaciones del personal hospitalario, los retuvieron allí por algunas horas el miércoles pasado.

Quienes conocen del trabajo en los territorios comunitarios, leen que la situación está atarvesada por la falta del respeto a la interculturalidad en las relaciones en general, y de la atención de la salud en particular.

En lo concreto, el jueves 1 de junio se supo que “por único día” se habilitaron las inscripciones para el curso de agente sanitario, sin que las personas de las comunidades victoreñas tuviesen la posibilidad de inscribirse, algo que se reitera en cada lanzamiento del curso.

Frente a ello, se reinició la protesta y se volvieron a vivir hechos de tensión, igual que la semana antepasada. Desde el miércoles pasado hasta el 1 de junio el personal del Hospital había decidido no salir al territorio por temor a su seguridad en la recorrida. Sin embargo, ante la visita de una comisión del Hospital Italiano, y en medio de una epidemia de enfermedades respiratorias en la zona, los recorridos se reiniciaron. 

La conectividad y las barreras a las oportunidades

Por lo que pudo averiguar este medio, al menos uno de los reclamos de la protesta que es la histórica limitante que tienen integrantes de comunidades originarias para ingresar al curso de agentes sanitarios.

“Se habilitan 1500 cupos para la formación de Agentes Sanitarios”, informaba ayer un aviso de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO), al indicar que la habilitación de inscripciones es “este único día”. Las inscripciones se hacían en el sitio virtual de la institución. Pero la conectividad, como ya se conoce, es una barrera permanente para las comunidades indígenas del norte provincial, que apenas tienen energía eléctrica, y no siempre.

El curso de tres meses es además virtual, y si bien tras uno de los insistentes reclamos se realizó el cursado presencial en Sante Victoria Este, siempre generó un desarraigo de sus lugares de origen de jóvenes originarios que no cuentan con recursos económicos suficientes para mantenerse incluso en el pueblo victoreño.

Se suma a esta realidad que “son solo 30 cupos para las comunidades de Santa Victoria Este”, dijo a este medio Alejo Gallardo, uno de los caciques e imputados por la toma del Hospital. Otras fuentes que pidieron mantener su identidad en reserva, indicaron que existiría un manejo al menos irregular de ese cupo por parte de algunas personas que responden a históricos políticos de la zona. No se pudo establecer si es así efectivamente, pero la realidad es que el cupo es bajo y las condiciones para inscribirse y cursar la capacitación se convierten en un obstáculo para las comunidades.

La explicación de los cupos que dio Gallardo, quien afirmó que solo acompañó el reclamo de la comunidad por ser uno de los supervisores de Atención Primaria de la Salud (APS) en la zona, se condice en parte con lo que dijo Tito Constantino, secretario privado del intendente victoreño Rogelio Nerón.

Constantino contó que tiene dos hijas que viven en Santa María, a 25 kilómetros de Santa Victoria Este, donde no hay conectividad. Al contrario de las explicaciones de Gallardo, afirmó que ahora se había dado la oportunidad de que se inscriban en el Hospital base, en lugar de hacerlo por internet.

El gerente del Hospital, José Ordóñez, confirmó a este medio que no se habían dispuesto mecanismos para que la inscripción sea facilitada desde el centro sanitario.

De los 1500 agentes sanitarios, se prevé la designación de 120 en el norte salteño. Ni el Ministerio de Salud de Salta ni la UPATECO respondieron a las consultas de este medio.

Toma del Hospital

El miércoles pasado, según relató a Salta/12 la gerenta sanitaria del Hospital victoreño, Regina Canaviri, llegó un grupo de originarios a tomar el Hospital pidiendo la renuncia del gerente, José Ordóñez, y de una de las agentes sanitarias. En imágenes de videos que se difundieron se puede observar que un grupo de personas de comunidades indígenas insiste para que las y los trabajadores del centro sanitario lo abandonen aunque no se entiende la razón por la cual piden que “desalojen” en Hospital.

“Intenté hablar con ellos y me empezaron a decir ‘vos sos boliviana’ y nos discriminó porque somos de otro país”, dijo Canaviri al sostener que su nacionalidad fue motivo de afrenta por parte de los caciques presentes, entre los que se encontraba Gervasio Barbier.

Según dijo, una de las razones de la toma, era que Barbier era facilitador bilingüe (un traductor y gestor para las comunidades de la zona) y “se le terminó esa beca”. Pese los pedidos de reincorporación “el Ministerio dijo que no”, afirmó la médica.

Frente a los hechos intervino la Policía y, según la información que dieron otros medios de comunicación, Barbier, su hermano Filiberto, y el dirigente de Misión La Paz, Alejo Gallardo, fueron imputados. En tanto, se estableció una consigna permanente en el Hospital.

La interculturalidad, dilema sin resolver

La falta de políticas y prácticas de interculturalidad volvió a aparecer y uno de los análisis fue realizado por Tujuayliya Gea Zamora, integrante de la comunidad wichí y médica formada en Cuba, quien al ser consultada por el conflicto en Santa Victoria Este, indicó que más allá de las propias diferencias internas que hay en las comunidades, desde el sistema sanitario se debe entender la necesidad de incluir la participación de las comunidades en la gestión. A ello sumó también la necesidad de contar con personas que conozcan el territorio y su complejidad para poder gestionar la salud en medio de la conflictividad. “Si no, va a ocurrir que van a aparecer soluciones que pueden ser peores”, afirmó.

“Hasta que no haya otra forma de gestionar la salud en el territorio. Hasta que no haya una participación comunitaria, esas cosas se van a seguir dando”, ratificó.

Mientras, la aplicación de la Ley de Salud Intercultural sigue en deuda al igual que su reglamentación.