En menos de una década fueron asesinados 135 defensores de derechos humanos en Honduras. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el 95% de los casos está impune.
La mayoría de los crímenes fueron registrados en la costa norte hondureña. Organizaciones sociales denuncian el avance de empresarios y proyectos extractivistas en territorios indígenas y comunitarios. Recientemente la ONU condenó los asesinatos de Martín Morales y Ricardo Montero, dos defensores garífunas asesinados en los últimos meses.
La situación de los defensores de derechos humanos
En 2021 fueron asesinados 11 defensores, 18 en 2022 y 12 en lo que va del 2023, según el desglose realizado por la Conadeh.
La mayoría de los asesinatos fueron registrados en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, ubicados en la costa norte del país. En enero fueron asesinados Aly Magdaleno Domínguez y Jairo Bonilla, dos ambientalistas reconocidos por oponerse a un proyecto minero en el Río Guapinol.
95% de impunidad
Además, la impunidad entorno a los crímenes y violaciones a los derechos de defensores “alimenta aún más la violencia en contra de ellos”.
Para Izaguirre, la criminalización de los defensores tiene “un efecto intimidatorio no sólo para ellos, sino que, para la misma sociedad”.
Un ejemplo de la criminalización por defender los territorios indígenas fue el caso de la líder lenca Berta Cáceres, asesinada el dos de marzo de 2016. Antes antes de ser asesinada Cáceres fue criminalizada por los gobiernos de los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.
Otros casos de criminalización de defensores fueron contra los defensores del Río Guapinol y el de la comunidad garífuna en el departamento de Atlántida donde los líderes comunitarios fueron detenidos por detener el avance de proyectos extractivistas en territorios ancestrales.
En esta línea, Izaguirre denuncia que los líderes comunitarios ahora tienen que “dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad.
Persecución, intimidación, muerte
Los defensores son víctimas de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión, difamación, secuestros y desaparición, entre otros, destaca el informe.Los pueblos lencas, tolupán, garífuna, chortí, pech y misquito tratan de proteger sus tierras ancestrales, por lo que se enfrentan a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial, según el Conadeh.
La titular del organismo estatal de derechos humanos recomendó al Estado de Honduras tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos, que experimentan "una dependencia especial de su tierra".
El Conadeh enfatizó la desaparición de cuatro defensores garífunas en julio de 2020 en la comunidad Triunfo de la Cruz, en el Caribe hondureño, sin que hasta la fecha se conozca su paradero y avances en las investigaciones del Ministerio Público.
