La Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 –por mayoría– le había dictado el año pasado a Juan Alfredo Etchebarne, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura, por los secuestros y torturas a personas vinculadas a los grupos económicos Chavanne y Grassi. Los camaristas Mariano Borinsky, Alejandro Slokar y Javier Carbajo, además, confirmaron la sentencia a diez años de prisión del exagente de inteligencia de Ejército Raúl Guglielminetti, quien fue parte del grupo de tareas dedicado a la persecución de empresarios.

“Los militares que quebraron el orden democrático y usurparon el gobierno el 24 de marzo de 1976, en alianza con los sectores más concentrados del poder económico y sus núcleos intelectuales, implementaron dictatorialmente desde una hegemonía neoliberal la reestructuración económico-social más significativa y dramática de la historia reciente, cuyas consecuencias –en continuidades y reversiones- se conservan hasta la actualidad”, escribió Slokar en su voto, que insistió en calificar lo sucedido en el país entre 1976 y 1983 como un genocidio.

Etchebarne era un hombre de José Martínez de Hoz, a quien le dedicó un sentido mensaje en su memoria cuando falleció en 2013. Antes de integrarse al gabinete de la dictadura de Jorge Rafael Videla, Etchebarne se había desempeñado como abogado comercialista en el estudio jurídico de “Joe” –que previamente a ser el ministro de Economía fue el presidente del directorio de la siderúrgica Acindar, donde la represión comenzó un año antes del golpe de Estado de 1976-.

A partir de julio de 1978, Etchebarne encabezó la persecución de dos grupos económicos: Chavanne –que tenía el Banco Hurlingham– e Industrias Siderúrgicas Grassi. El Banco Hurlingham pertenecía al Grupo Graiver, cuyos miembros ya para entonces habían sido secuestrados por la dictadura que los acusaba de administrar los fondos de la organización Montoneros.

Según declararon distintos testigos en el juicio que se hizo entre 2021 y 2022, Etchebarne y Martínez de Hoz tenían un interés en Siderúrgicas Grassi mientras que el vicepresidente del Banco Central Christian Zimmerman le había puesto un ojo al Banco Hurlingham –al que la dictadura terminó liquidando en enero de 1979–.

El 13 de julio de 1978, Etchebarne encabezó una serie de allanamientos en las Siderúrgicas Grassi. El 31 de ese mes presentó una denuncia que apuntaba hacia la “subversión económica”. Ése fue el plafón para que el comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, conformara un grupo de tareas para secuestrar y perseguir a los empresarios.

El grupo de tareas quedó en manos del coronel Roberto Leopoldo Roualdes, uno de los “duros” de la dictadura. También lo acompañaron los tenientes coroneles Francisco Obdulio D’Alessandri y Raúl Alberto Gatica y el gendarme Víctor Enrique Rei. El agente civil del Batallón de Inteligencia 601 Raúl Guglielminetti fue parte también de la patota que entre septiembre y diciembre de 1978 secuestró a 28 personas vinculadas a los dos grupos económicos. Todas ellas fueron llevadas a la Prisión de Encausados de Campo de Mayo.

Los integrantes del grupo de tareas eran avezados en las torturas, pero no sabían qué información debían recabar. La CNV, como marcó la Casación, designó cuatro peritos para intervenir --dos abogados y dos contadores--. En los interrogatorios, las víctimas señalaron que participó el propio Etchebarne. El ingeniero Isidoro de Carabassa declaró en el Juicio a las Juntas y relató que Etchebarne le hizo alrededor de 20 preguntas. Raúl Ramón Aguirre Saravia también dijo que escuchaba la voz de Etchebarne mientras lo interrogaban y que fue él quien pidió que lo golpearan más. Las hijas de Grassi contaron que su padre pudo verlo por un agujerito que tenía en la capucha y que lo identificó por la “papa en la boca” que tenía cuando hablaba.

Nada de estos testimonios les alcanzó a los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado para condenar a Etchebarne. En cambio, el tercer integrante del tribunal, Adrián Grünberg, sostuvo que había que condenarlo y valoró la existencia de diez testimonios que lo situaban actuando con el grupo de tareas mixto de Campo de Mayo. Para Grünberg, Etchebarne emprendió una feroz persecución contra los empresarios.

La postura de la Casación

Más de un año después, la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón a Grünberg. Slokar sostuvo que la mayoría del TOF 5 había realizado un análisis "negador" del plan sistemático de represión ilegal, en particular en su faceta económica y financiera.

Por su parte, Borinsky afirmó que la mayoría del TOF5 "partió de un análisis descontextualizado de la época" en la que tuvo lugar la conducta de Etchebarne. "La sentencia impugnada se desprende que la argumentación ensayada por el tribunal estuvo fundamentalmente orientada a atender al descargo del imputado, sin tener en consideración la totalidad de los elementos probatorios aportados por la acusación", dijo Borinsky.

En el fallo que se firmó este lunes, Slokar también recordó que Etchebarne formó parte del llamado Grupo Azcuénaga, que funcionaba en un palacete que le pertenecía a Carlos Pedro Tadeo Blaquier y que tenía la inspiración del exministro de Justicia de la dictadura de la Revolución Argentina, Jaime Perriaux.  Según el camarista, el Grupo Azcuénaga fue el "principal sostén civil de la última dictadura por la cantidad de funcionarios que aportó al gobierno y el influjo de las ideas de estos actores en los objetivos y accionar del régimen de facto”. 

Los cómplices civiles

La causa Chavanne-Grassi muestra cómo se aliaron sectores del capital y de las fuerzas armadas para perseguir a un sector del empresariado al que vinculaban con las organizaciones político-militares de izquierda.

Las investigaciones que involucran a civiles avanzan con mucha dificultad en los tribunales. La semana pasada, el juez federal de Bahía Blanca Walter López da Silva sobreseyó a Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia durante la dictadura y acusado de haber participado de los homicidios de dos obreros gráficos y de ser parte de la campaña de acción psicológica del régimen genocida.

El 13 de marzo pasado falleció Blaquier sin llegar a ser juzgado por su responsabilidad en los secuestros y desapariciones que tuvieron lugar en Jujuy, en la zona de influencia del ingenio Ledesma que él dirigía. Blaquier estuvo más de diez años sometido a proceso y contó con la inestimable ayuda de un sector de la Cámara de Casación y de la Corte para evitar sentarse en el banquillo.

La decisión de revocar la absolución de Etchebarne marca un nuevo hito en el proceso de juzgamiento. En 2021, la Casación confirmó la condena de dos jerarcas de la Ford por los secuestros de 24 trabajadores. Ese tema espera en el Palacio de Talcahuano que los supremos se expidan.