A partir de este mes se hará efectiva la quinta jerarquización salarial que beneficiará a los 15 mil investigadores y profesionales de apoyo, así como también a los más de 12 mil becarios y becarias doctorales y posdoctorales del Conicet. La mejora del 10 por ciento fue autorizada mediante decreto por el presidente Alberto Fernández y se suma al acuerdo paritario acordado en 2022. Como resultado, se recuperarán los niveles tras la drástica reducción exhibida durante el gobierno macrista, cuando los salarios cayeron alrededor de un 30 por ciento.

Esta representa una buena noticia en el marco de los reclamos históricos que la comunidad científica tiene con respecto a sus salarios. Trabajadores y trabajadoras que el Estado forma durante décadas y que, en los contextos neoliberales, suelen marcharse del país en busca de mejores posibilidades. Oportunidades a las que acceden ya que suelen estar muy calificados en sus campos de experticia.

De esta manera, se avanza en el proceso de reconocimiento del aporte que realizan los hombres y las mujeres de ciencia en las más diversas disciplinas. “El salario de los investigadores había caído un 32 por ciento durante el período 2015-2019, mientras que el de los becarios había caído un 35 por ciento. A través de las jerarquizaciones logramos cumplir con el compromiso que el presidente se había planteado durante su campaña electoral”, precisa el ministro Daniel Filmus. Luego, el titular de la cartera científica completa: “Dicha reducción del salario tuvo que ver con una caída en el presupuesto para ciencia y tecnología, que durante esos años disminuyó de manera notable”.

Esta situación se agravó también en otros aspectos, como la reducción del ingreso a la carrera del investigador científico: si durante el gobierno de Mauricio Macri ingresaban a razón de 450 postulantes al año, en el presente esa cifra casi se duplicó y llegó a los 850. El ninguneo con respecto a la ciencia y tecnología también se advirtió en la interrupción de otras políticas públicas como el programa Pampa Azul, de exploración y conocimiento del Mar Argentino, desfinanciado durante esa época; así como también del programa Raíces, que apuntaba a la repatriación de los cerebros fugados en busca de mejores condiciones a principios de siglo. Si hasta 2016 se había concretado el retorno de casi 1300 investigadores, a un promedio de 102 por año, con el macrismo, en 2017 y 2018, solo regresaron seis.

"Un esfuerzo del gobierno"

Esta que se comunica es la quinta jerarquización que se concede desde 2019 y se suma a la de noviembre de 2020, las de abril y noviembre de 2021, y la de agosto de 2022. Al presente, el salario bruto promedio de una beca doctoral es 212 mil pesos y el de una posdoctoral 253 mil. Aunque las propias autoridades reconocen que no es suficiente, manifiestan y demuestran la voluntad política de proponer mejoras. “La idea con estas jerarquizaciones es recuperar parte del salario perdido. Es un esfuerzo del gobierno nacional y exhibe, en momentos complejos, la importancia que se le da a la ciencia y a la tecnología”, destaca Ana Franchi, presidenta del Conicet. Y admite: “Considero que los salarios están mejor pero todavía no son lo que deberían ser. Vamos hacia eso”.

Días atrás, se presentó un proyecto legislativo en Diputados que prevé la ampliación de los derechos de los becarios y de las becarias del Conicet. Entre otros aspectos, propone que sus estipendios se actualicen conforme lo hacen los montos que cobran investigadores de carrera, al tiempo que contempla el reconocimiento de aspectos centrales como el aguinaldo y los aportes previsionales para una población de trabajadores cercana a los 11.500. Si bien fue impulsado desde el Frente de Todos (por el diputado Pablo Carro y la investigadora Nuria Giniger), el proyecto es apoyado por legisladores y legisladoras de diferentes espacios políticos.

El hecho de recomponer los salarios se inscribe en una voluntad política que el gobierno expresó desde su llegada a fines de 2019, cuando la cartera de CyT, que durante la gestión anterior había sido degradada a Secretaría, adquirió nuevamente su estatus y recuperó el rango de ministerio. Asimismo, el otro gran punto de inflexión fue la Ley de Financiamiento: una normativa que se debatía desde hacía muchos años y que a partir de 2021 estipula el crecimiento anual de las inversiones en el área. El objetivo, de cara a 2032, es que a partir de incrementos plurianuales, el sector pueda alcanzar el 1 por ciento del PBI y, de esta manera, logre acercarse --al menos de a poco-- a las inversiones que destinan los países más poderosos del mundo.

¿Nueva degradación?

También hay que mencionar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que pretende ser sancionado como ley en el Congreso, con el propósito de fortalecer la posición del sector, dejar de depender de los gobiernos de turno y apostar a consolidar a la CyT como una política de Estado. Este eje es clave porque los diferentes modelos políticos se expresan en los fondos que, en última instancia, quienes administran destinan al área. Mientras que la gestión anterior había bajado el presupuesto de 0.37 a 0.22 por ciento del PBI entre 2015 y 2019, durante la administración de Fernández ese porcentaje llegó nuevamente a 0.34.

Al respecto, Filmus plantea: “Es muy probable que si gana Juntos por el Cambio o Milei haya una nueva degradación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el marco de un gobierno agroexportador que apuesta a la especulación financiera, no ven la necesidad del apoyo del Estado al sector científico”. Después remata: “Señalan que todas las inversiones en el área deben provenir del sector privado. Esto impactará, sin dudas, en el plan nuclear, en el de bio y nanotecnología, así como también en el espacial”.

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