A cinco años del caso de violencia institucional cometido contra siete jóvenes en las Cuatro Plazas, de Mendoza y Provincias Unidas, comenzó ayer la audiencia preliminar de una veintena de agentes acusados, con pedidos de pena de entre 5 y 12 años de prisión. El reclamo de la querella a cargo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Rosario (APDH) hizo que la Oficina de Gestión Judicial fijara en marzo pasado la fecha para la audiencia previa al juicio oral contra los policías implicados, que se desarrollará durante tres jornadas, y en esta instancia la parte querellante pedirá que los implicados esperen el debate en prisión preventiva. "Es un proceso que necesita avanzar en procura de un juicio oral y público que rompa la impunidad y repare a víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos", es el reclamo sostenido de la APDH.

Las penas que serán solicitadas en este momento procesal -ayer comenzó el ofrecimiento de pruebas-, según las presentaciones que hicieron la fiscal Karina Bartocci y la querella -con Julia Giordano y Federico Pagliero como parte del equipo jurídico de APDH-, apuntan a diferentes responsabilidades en el marco de la golpiza contra los jóvenes, cometida el viernes 23 de marzo de 2018, mientras estaban sentados en un banco de las Cuatro Plazas.

La acusación de Bartocci y la querella sostiene que los uniformados se acercaron a las víctimas y "con violencia física e insultos los aprehendieron, los golpearon y los requisaron contra los móviles". Incluso, a uno de los chicos llegaron a cortarle el pelo con un cuchillo. Además, el grupo fue trasladado a la comisaria 14°, donde "las agresiones continuaron".

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que por los delitos de apremios ilegales, tortura e incumplimiento de deberes, se piden para Roberto S., Santiago M., Diego O. y Leonel R. 10 años de prisión, con inhabilitación absoluta y perpetua y multa de 12 mil pesos. Además, por apremios, falsificación ideológica de documento público, hurto agravado e incumplimiento de los deberes, se piden para Érica D. y Mariano S. la pena de 6 años de prisión y el doble de inhabilitación, con multa. Para Gastón F., Ángela G. y Ariel G., se piden 5 años de prisión más inhabilitación de 8 años y multa. Para Walter D., 6 años de prisión más inhabilitación especial por 10 años y multa. En tanto, para María Florencia G., Alexis C., Iliana R., Adrián M., Nadia L., Cristian N., Ángel A., Agustín C., Melina L., Lucas S., y Jesús S., por los delitos de tortura, incumplimiento de los deberes, penas de 6 años de prisión más inhabilitación especial y perpetua y multa.

Desde APDH, en tanto, los pedidos de pena alcanzan hasta los 12 años de prisión, según cada caso. En tanto, recordaron que la causa configura "un caso emblemático de la ciudad, donde 7 jóvenes sufrieron torturas a manos de la policía provincial", por lo que pidieron una "rápida reparación de estos graves delitos". "Lamentablemente el tiempo genera impunidad y revictimización", aseguraron.