Con una marcha multitudinaria, la docencia jujeña reclamó ayer "la reapertura de paritarias para obtener reales mejoras salariales y rechazar la reforma constitucional que quita derechos". La docencia anunció además que seguirá con un paro por tiempo indeterminado y volverá a movilizar, a pesar de la contravención que recibieron.
Después de varios años, las y los docentes jujeños volvieron a las calles con una marcha en la capital provincial y en localidades del interior donde también realizaron medidas de fuerza. La Asociación de Educadores Provinciales aseguró que el acatamiento al paro fue del 90%.
La medida fue decidida en asamblea por afiliados de los dos gremios más grandes de la provincia, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y la ADEP, y también se sumó al paro personal de maestranza y administrativo, nucleados en ATE.
Asimismo, durante la tarde de la víspera estos gremios resolvieron seguir con un paro por tiempo indeterminado. En reunión de comisión directiva de la ADEP, determinaron la medida de fuerza, que será sin asistencia a los lugares de trabajo, y seguirá con esta modalidad al menos hasta el viernes próximo. En tanto que el CEDEMS, en asamblea extraordinaria también, decidió seguir con el paro. Y hoy volverán a las calles.
Cuando las y los afiliados de la ADEP realizaban una asamblea recibieron dos actas contravencionales por otras tantas multas. "Será sancionado con hasta treinta y cinco días (35) de trabajo comunitario, multa de hasta doscientas unidades multas (200 um) o arresto de hasta quince (15) días, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos", dicen las actas. Referentes de la protesta calcularon que el monto de cada multa sería de unos 800 mil pesos.
Las calles, el escenario de la protesta
El malestar de las y los educadores es generalizado tanto en la educación pública como en la privada, por entender que los aumentos que recibieron son insuficientes para cubrir las necesidades de sustento. El sueldo básico de un docente inicial es de 33 mil pesos, y el cargo de 15 horas de un preceptor es de 34 mil pesos.
Las y los trabajadores de la educación rechazan el 10% de aumento otorgado por el gobierno de Jujuy como incremento sobre el básico para mayo. En cambio, solicitan una mejora salarial acorde a la inflación y apertura de paritarias, que se incorpore el item por presentismo al básico docente, y un bono por tarea insalubre, entre otros reclamos.
Además, rechazan la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Gerardo Morales por considerarla lesiva de los derechos de los trabajadores.
En la jornada de protesta, la docencia jujeña también expresó su solidaridad con las y los docentes salteños detenidos e imputados.
La columna de docentes de nivel inicial, primario, secundario y terciario recorrió las calles céntricas recibiendo el aplauso de transeúntes. También participaron de la protesta la Unión de docentes Argetninso (UDA); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), ATE, el Sindicato de Empleados Obreros Municipales (SEOM), la Asociacion de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Judiciales y la CTA.
Docentes de diferentes localidades de la provincia, como El Carmen, Perico, Palpalá, Humahuaca, San Pedro, Libertador General San Martín, Fraile Pintado, portaban carteles exhibiendo las consignas de la marcha: “Basta de sueldos inmorales", “No nos van a callar a los docentes, queremos un sueldo igual a la canasta básica familiar”, “los docentes decimos no a la reforma”.
“No hacía paro por miedo al descuento del día, pero estoy cansada que nos humillen con unos salarios que son bajísimos. Este gobierno ha deteriorado la educación, los salarios. Basta, no tengo miedo. Si tengo que salir todos los días a luchar, saldré. En los comedores no hay alimentos para dar de comer a los chicos, saco de mi bolsillo monedas para ellos. Este gobierno no ha saldado ninguna deuda con los niños, las ha profundizado”, sostuvo Fátima López, docente de una escuela rural.
La columna de manifestantes pasó por el Instituto de Seguros de Jujuy, la mayor obra social del estado, donde dejaron un petitorio de información sobre el destino de los aportes de las y los afiliados, porque, según dijeron, están pagando el 100% de atención médica, órdenes, estudios, cirugías y demás prestaciones.
Una vez que llegaron a Casa de Gobierno realizaron un acto en el que hablaron dirigentes gremiales. Mercedes Sosa, secretaria General del CEDEMS, expresó: “estamos dando una lección de lucha los docentes cuando pretenden imponer una reforma constitucional que prohíbe la protesta. Acá estamos dando cátedra en la calle cuando no se respetan nuestros derechos. Hartos y hartas de la explotación a que nos viene sometiendo todos estos años, condenándonos a un salario de miseria y empobrecimiento. Decimos basta del maltrato sistemático del gobierno con paritarias impuestas con aumentos miserables, 200 pesos representó el 10% que dieron”.
Por otra parte María Romero, secretaria de UDA, destacó que necesitaban esta expresión. "Esto habla por sí solo", sostuvo refiriéndose a la convocatoria que reunieron, y agradeció a las y los "docentes jubilados que apoyan la protesta. Vamos a seguir luchando para dignificar la tarea docente”, aseguró.
Movimiento de ministros
Mientras la marcha de docentes circulaba por las calles céntricas, el gobernador Gerardo Morales tomaba juramento a dos ministros que regresan al gabinete provincial, se trata de Guillermo Corro, que juró como ministro de Seguridad, y que hasta ahora se encontraba al frente del Ente de Planificación Estratégica de Seguridad. Corro regresa a este Ministerio a reemplazar a Luis Martin, quien había asumido el cargo en octubre de 2021, y volverá al Ministerio Público de la Acusación.
En tanto que el 16 de mayo, pasadas las elecciones provinciales, el gobernador le solicitó la renuncia a Antonio Buljubasich en el Ministerio de Salud. Después de varias semanas en las que se barajaron nombres de posibles sucesores, se confirmó que el actual diputado nacional Gustavo Bouhid retorna a esta cartera que dejó al ser electo en 2021.
No se conocen los motivos de las renuncias, aunque el cambio en Seguridad se da en momentos en que han aumentado los casos de inseguridad. Mientras que la cartera de Salud afronta conflictos con trabajadores de la salud por reclamos salariales.
La banca que deja Bouhid en el Congreso de la Nación será ocupada por la actual ministra de Derechos humanos y Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura, ya que en la lista de diputados nacionales de 2021 ella sigue en la lista, aunque debería ir un hombre cumpliendo con la ley de paridad de género. Para asumir en el Congreso de la Nación Sarapura dejaría acéfalo su Ministerio, así que es de suponer que en breve habrá otro integrante en el gabinete provincial.
Catarsis en la Constituyente
Por otro lado, la Convención Constituyente inició su tercera semana de labor de reforma parcial de la Constitución de Jujuy. Las semanas anteriores las y los convencionales trabajaron sobre un borrador en comisiones, mientras que el proyecto del oficialismo ingresó el viernes pasado a la Legislatura provincial.
El proyecto, de 56 páginas, propone, entre otras reformas, eliminar las elecciones de medio término y que las elecciones provinciales se hagan cada cuatro años.
Ayer por la tarde, la Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías, presidida por Gastón Morales, invitó a dirigentes sociales, de derechos humanos y gremiales para avanzar en una reglamentación del derecho a la manifestación y la protesta, e incorporar la prohibición de realizar cortes de rutas y calles. En el proyecto este apartado lleva el título "Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica".
Gastón Morales sostuvo que “el orden restablecido en la provincia es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy en los últimos ocho años”, y apuntó que ello se basa en una premisa fundamental: “que el ejercicio de derechos no atropelle los derechos de los demás”.
En la comisión las personas invitadas expusieron la situación social, gremial y las demandas salariales y laborales de la provincia y pidieron respuestas a las y los convencionales.
Entre estos invitados estuvo Nora Ferreyra, de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. “La paz social se construye con el diálogo, la paz social no se construye con la represión, la represión es violencia", afirmó la reunión. Recordó que "Las constituciones en todo el mundo garantizan derechos no los cercenan". Señaló en este sentido que en la dictadura se perdieron derechos que "los hemos ido conquistando. Ha sido una muestra del avance de la sociedad la conquista de muchos derechos, de la mujer, pueblos originarios, que también tuvieron sus derechos".
Ferreyra cuestionó que el oficialismo está convirtiendo a la Constitución en "reglamentarista", cuando "ninguna constitución debe reglamentar, tiene que ser normativa" y reglamentar en leyes y códigos, por lo que adelantó que los organismos de derechos humanos se verán ante el deber de presentar una acción de amparo pidiendo que se dicte la inconstitucionalidad de esta reforma.
En tanto que la convencional Natalia Morales (FIT-U) destacó que las manifestaciones lograron que el oficialismo haya tenido que tratar en comisión la restricción del derecho a la protesta. En la Comisión también estuvieron el convencional Sebastián Coppelo y las convencionales Keyla Sequeiros y Gloria Zambrano, para garantizar que las personas invitadas pudieran expresarse.
Mientras se presentaban dirigentes sociales y gremiales, en las afueras de la Legislatura, la calle estaba cortada por la policía desde la mañana.
