Un año después del allanamiento, mi defensa sigue haciendo presentaciones para acceder a la supuesta evidencia que el denunciante habría presentado para que la fiscal Nadia Schagdrosky promoviera acción penal en mi contra sin que yo hubiera violado la orden que censuró previamente mi investigación documental del caso: un corto de ficción sobre la problemática del abuso sexual en las infancias. Antes que siquiera lo terminara, cumplí con la arbitraria exigencia de bajar todo el contenido de mis redes sociales que hiciera mención directa o indirecta al caso en cuestión. Incluso, solicité a las chicas del equipo de justicia por Arcoíris que eliminaran el material que les había facilitado hace dos años y ellas lo hicieron de inmediato.
Un año despúes del allanamiento repudiado masivamente por las instituciones que tutelan el derecho a la información, sabemos que lo que buscaban era probar que yo había hablado en privado con colegas periodistas y activistas feministas sobre la censura previa que padecía, pero además tenía el interés de averiguar quién administra páginas que publican desde el anonimato como Ni Una Menos La Rioja.
Un año después quien me denunció con el supuesto de resguardar a su hija, está imputado por abusar sexualmente de ella, denunciado por el Consejo de Niños Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque ante esta institución la niña relató todos los delitos a los que fue sometida viviendo en La Rioja.
Un año después del allanamiento el abogado que entró al caso Arcoiris para censurarme, criminalizar mi labor profesional y mentir sobre mi persona pública y sistemáticamente, fue repudiado por la Legislatura de la Provincia de La Rioja por manifestaciones públicas “de contenido misógino, cargadas de odio y violencia simbólica manifiesta”. En dicho documento de repudio se cuestiona la ética del letrado porque “utiliza causas donde se involucran niños para hacer politiquería de un estudio jurídico”. El escrito de la legislatura acusa al abogado de buscar “mediatizarse a cualquier precio”.
Aunque el 7 de febrero de 2022 la jueza María Paiaro decidió imponer una medida cautelar por pedido del progenitor de una niña para que no fuese expuesta por mei con un dibujo animado de ficción que ni estaba terminado. Existe evidencia contundente para demostrar que fue el progenitor, su familia y su defensa quienes sistemáticamente han vulnerados los derechos de la niña con la divulgación del caso. Son ellos los que han expuesto media hora de la intimidad de la niña por televisión, quienes han divulgado su rostro y su identidad real sin límite alguno. La Justicia de La Rioja no ha promovido acción a los pedidos de protección presentados por la familia materna de la niña.
Tras el allanamiento la Defensora del Público de la Nación, Miriam Lewin, viajó a La Rioja para advertir la gravedad institucional que reviste el caso. “El allanamiento a la casa de la periodista Manuela Calvo es de una gravedad inusitada”, expresó ante los medios de comunicación explicando que no existe un antecedente similar desde la vuelta a la democracia.
Además “La Rioja estuvo en el centro de las preocupaciones de la Defensoría del Público, por el tratamiento de algunos medios sobre el caso Arcoíris”. También informó que “saltó a la atención nacional, sobre todo, por la publicación en redes y en algunos medios de la imagen de la niña, que debería ser protegida, pero también por algunos dichos difundidos en medios de comunicación de un profesional legal que estigmatizaba y criminalizaba a determinados movimientos pro-derecho como los movimientos feministas”.
Meses después del allanamiento supimos que al otro día de que me allanaran, el asesor de menores del caso Arcoíris, Pablo Cubillo, me denunció por coacción. Resulta que en esa prueba a la que aún no he tenido acceso, la familia de los presuntos abusadores habían filmado a la niña para sostener que todas las veces que ella expresó no querer ir con su progenitor eran porque yo la habría amenazado que de ir con él, su madre iría presa. Lo curioso es que Cubillo ha presenciado los intentos fallidos de revinculación en los que la niña le rogaba y le explicaba a él por qué no quería ir con su progenitor mucho antes de que yo conociera el caso. Lo extraño es que Cubillo ya había sido escrachado en la cuenta Ni Una Menos La Rioja por haber coaccionado a la niña en un video donde se escucha su voz diciéndole a la niña que si no iba con su padre corría el riesgo de no volver a verlo nunca más.
Lo escandaloso es que Cubillo conoce todas las evidencias de la voluntad expresa de la niña que consistentemente por 5 años manifestó que no deseaba ir con su progenitor y que además jamás dio entidad a la evidencia presentada donde escribanos públicos desgravaron los relatos de la niña registrados por su madre con hechos gravísimos sobre los delitos denunciados.
La única vez que Cubillo escuchó a la niña que debe proteger, fue cuando el entorno de los denunciados de abusos sexuales la filmaron hablando de una periodista que ya previamente habían logrado censurar. Por supuesto que jamás le dije nada a la niña, nada respecto a su vínculo con su progenitor, y menos respecto a la posibilidad, hoy consumada, de que su madre pudiera ir presa. Lo preocupante es que un asesor de menores no contemple el contexto en el que una niña es filmada y expuesta en redes sociales por los denunciados por abusos sexuales de causas en curso.
A un año de aquel domingo me sorprendió la policía para efectuar un allanamiento como el que jamás se llevó a cabo en los domicilios de los presuntos abusadores de Arcoíris, estoy imputada penalmente por desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto, los mismos delitos por los que hoy Delfina Silva Zarranz, la mamá de la niña, está presa hace 100 días.
Además ya son 3 los casos de abuso sexuales de niñas en los que Emilio Pagotto me metió en los expedientes, tengo una perimetral para no acercarme a una niña que jamás conocí pero cuyo caso cubrí para este medio (caso cosquillitas), y quisieron imponernos otra medida cautelar a mi yerno y a mí por un caso que conocí por una carta documento de Pagotto y del cual jamás hablamos públicamente.
Las amenazas de muerte fueron demasiadas a lo largo del año, tengo algunas desgrabadas por escribano público pero la mayoría terminé denunciando y bloqueando a la red social, porque por más evidencias que presenté en las denuncias que realicé jamás la Justicia de La Rioja me brindó ni una medida de protección para el cese del hostigamiento sistemático que padezco.
Además tengo una medida cautelar en estudio ante la CIDH y un pedido de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia, aún conservo algo de esperanza que la justicia riojana resuelva la violación de todos mis derechos.
